La explosión tuvo lugar este martes 20 de diciembre a las 14.45 horas. En el momento de producirse el siniestro había unos 300 vendedores y alrededor de 2,000 en el tianguis, que ocupa una extensión de 4.5 hectáreas. De acuerdo con cifras oficiales, habría 12 desaparecidos.
Apenas una semana antes de estas explosiones en cadena, Juan Ignacio Rodarte Cordero, director del Instituto Mexiquense de Pirotecnia, había afirmado en un documento oficial que era el mercado de pirotecnia más seguro, porque San Pablito contaba con “puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.
A su vez, Germán Galicia Cortes, presidente del mercado, en el mismo documento aseguró que el tianguis poseía extintores, agua, arena, pico, pala y personal cualificado que sabía cómo responder ante algún incidente.
La realidad demostró otra cosa. Se dieron explosiones en cadena que sesgaron numerosas vidas. Decenas de personas resultaron con graves lesiones, entre ellas diez niños. Quienes aseveraron la seguridad del mercado son responsables de la tragedia. La corrupción sobrevuela la escena.
Crónica del desastre
Son sobrecogedoras las imágenes y testimonios que inundan medios y redes sociales. La gente corrió para salvarse; hubo lesionados por aplastamiento luego de caer, volaban por doquier objetos metálicos y ladrillos como consecuencia de los estallidos. Los puestos fueron consumidos por las llamas en pocos minutos. Una escena dantesca.
Se dio a conocer que algunas personas quedaron atrapadas entre escombros incandescentes y las que pudieron pararse sufrieron quemaduras y otras heridas. Entre el humo y el olor a pólvora buscaron a sus familiares y amigos.
Ante la tragedia, como siempre, el gobierno despliega las fuerzas represivas. Temen la ira de los damnificados y de los familiares de las víctimas. Fue así que elementos de la base de operaciones mixtas, personal del Ejército mexicano y de la Comisión Estatal de Seguridad acordonaron el perímetro del mercado. Hubo denuncias de demora en la llegada de ambulancias y atención a los lesionados.
Se apersonó en el lugar el gobernador priista Eruviel Ávila Villegas a las 18:30 horas acompañado por el coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación federal, Luis Felipe Puente; el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, y el fiscal estatal, Alejandro Gómez, entre otros funcionarios. Prometió que el gobierno correría con los gastos funerarios.
Pero gran número de los heridos no tienen seguro social y son familias de escasos recursos. Lo cierto es que sus familias no sólo temen por la salud de sus seres queridos, sino también por cómo afrontarán los gastos médicos que se avecinan.
En un contexto en el que se viene preparando la privatización de la salud a partir de la subrogación de algunos servicios, como los laboratorios, esta tragedia pone en primer plano la crisis de la salud pública en México, que deja en el desamparo a millones de familias trabajadoras y de los sectores populares.
Con información de La Jornada, El Universal y Animal Político. | 
