El caso César Robles es un ejemplo de que en casos de delitos de lesa humanidad la Justicia es donde está más decidida a ser juez y parte. En este momento, no hay un solo preso de la banda criminal creada durante el gobierno de Perón que perpetró entre 1.500 y 2.000 crímenes en dos años. Un gran pacto de impunidad se extiende desde 1975 hasta nuestros días. Y desde el 16 de diciembre, gracias a un fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, una nueva maniobra busca mayor impunidad aún.
La resolución de Martínez de Giorgi consta de dos puntos. Por un lado, si bien el caso no se cierra, con esta resolución la Justicia pretende “planchar” la causa, porque en rigor se deja de buscar a los culpables, ya que el fallo plantea “sobreseer parcial y provisional (…), en el que no se procesó a persona alguna, respecto de los que resultaron ser autores inmediatos de los hechos aquí ventilados y a quienes no ha resultado posible identificar”.
La cédula digital, de 52 páginas, consta en su gran mayoría de las declaraciones testimoniales y elementos probatorios que aportaron querellantes, centros y personalidades de organismos de derechos humanos, familiares y amigos, que pone en evidencia que la Justicia nunca arbitró los medios a su alcance para encontrar a los culpables.
Desde la parte querellante se interpuso la apelación. Bajo el patrocinio del abogado Paolo Zaniratto del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), se sostiene que “no podemos dejar de soslayar (…) el amparo del Estado para el funcionamiento de una organización parapolicial dedicada a la persecución política e ideológica de un colectivo social. (…) Este accionar por parte de las Fuerzas de Seguridad del aparato estatal obliga a evaluar el plexo probatorio con suma responsabilidad a efectos de no producir sentencias que traigan aparejadas soluciones que dejen impunes los delitos de lesa humanidad”.
El otro punto de la resolución declara “en el presente incidente que José López Rega, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en su calidad de jefe de la asociación ilícita denominada ’Triple A’, resultó ser el autor intelectual de la privación ilegítima de la libertad y asesinato de César Arturo Robles Urquiza, hechos cometidos el día 3 de noviembre de 1974”.
Pero no obstante la culpabilidad de López Rega, de la que nadie duda, la Justicia deja de lado la investigación sobre su jefe (para quien trabajaba), el entonces presidente Juan Domingo Perón.
Como contamos en otra nota, el reconocido intelectual Rodolfo Ortega Peña fue el primero en denunciar la responsabilidad de Juan Domingo Perón en los asesinatos que comenzaron bajo su último gobierno. Meses después, Ortega Peña fue asesinado por la misma Triple A. Y durante su sepelio fueron detenidos cientos de militantes, cuyos nombres pasaron a conformar nuevas “listas negras” de la banda parapolicial.
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“Policía Federal, documentos”
Así se presentaron los asesinos cuando interceptaron a César Robles y Laura Marrone (hoy diputada de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda). César tenía 36 años y era dirigente del Comité Ejecutivo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El 3 de noviembre de 1974, en el barrio de Flores, él y su compañera Laura se dirigían a descansar luego de un congreso partidario. Siguiendo el habitual modus operandi, una patota de la Triple A los interceptó en un Ford Falcon verde, sin patente. La policía había dejado “liberada” la zona.
El hecho ocurrió dos días después del asesinato del comisario Alberto Villar (jefe de la Policía Federal), y ya habían sido asesinados Rubén Darío Boussas y Juan Carlos Nievas, también del PST, que estaban en la lista de los detenidos del sepelio de Ortega Peña.
Varios testimonios denunciaron una cacería de brujas. “Justamente el accionar de persecución a los detenidos en el sepelio de Ortega Peña era por la consigna que tenía la Triple A de ‘cinco por uno’, es decir por cada uno que muriera de las fuerzas de seguridad en manos de las organizaciones armadas de izquierda ellos matarían cinco”, afirmó Laura Marrone en su testimonio judicial.
El armado de parte de uno de los brazos de la Triple A (ver esquema presentado en la cédula judicial) al mando de Villar, estaba a cargo de la Policía Federal. Es un hecho sobradamente probado que desde las comisarías liberaban zonas, armaban listas de militantes detenidos e integraban los escuadrones de la Triple A. Pero la Justicia no sabe ni investiga a fondo.
Así se deja en evidencia que ésta es una de las causas criminales más frondosas y con menos “uso” para dar con los autores intelectuales y materiales de delitos -como asume la Justicia- “cometidos al amparo del Estado y con garantía de impunidad, constituyendo la antesala e inicio del plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrollara en el período comprendido entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983”.
Razones del pacto de impunidad de todos los gobiernos
En 1975 se inició la causa Triple A. En 1981 (durante la dictadura) se dispuso el cierre de la investigación y se reabrió en 1983 para volver a cerrarla por un pacto de impunidad, firmado entre el entonces presidente Raúl Alfonsín y la expresidenta (y viuda de Perón) María Estela Martínez, “Isabel”.
En 2008, durante el gobierno kirchnerista, se volvió a reabrir. Desde ese momento la Justicia ha hecho recaer el peso de la prueba en los familiares de las víctimas, maniobra que configura otra de las vías para garantizar la impunidad de los culpables. De allí que la negativa a la apertura de todos los archivos que posee el Estado sobre aquellos años es un verdadero cerrojo que impide llegar a la verdad.
Las razones de semejante pacto durante décadas son varias. Entre ellas, nada menos que la preservación de la figura de Perón, símbolo (y pilar) de uno de los partidos políticos que garantizaron el dominio de la burguesía por más de medio siglo, cumpliendo el rol clásico de partido “del orden y la contención”. De allí el “peronismo” casi esencial de las burocracias sindicales, de los barones del conurbano bonaerense (como cuenta Jorge Zicodillo en La era de los culatas, Eduardo Duhalde asumió como intendente de Lomas de Zamora de la mano de Victorio Calabró) y de la Policía.
Sacar a la luz la verdad develaría con nombres y apellidos quiénes fueron los responsables de que bajo un gobierno constitucional se constituyera la antesala de la dictadura militar. Y que la verdad no salga a la luz (salvo por el valiente testimonio de sobrevivientes) muestra que no hay oposición absoluta entre la dictadura militar y la democracia burguesa, sino distintas variantes, con sus diferencias, de un mismo dominio de clase.
Preservar a la Policía, a los burócratas sindicales y a los civiles que conformaron la Triple A tiene el fin de volver a utilizar estos grupos de choque cuando las clases dominantes lo crean necesario. Así ha ocurrido a lo largo del siglo XX en nuestro país toda vez que la burguesía los necesitó.
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La Justicia se aprovecha de la falta de recursos de las querellas para “planchar” causas como ésta. El juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, luego del retiro del juez Norberto Oyarbide, fue quien hace poco ordenó la detención de Hebe de Bonafini. Apenas asumió como magistrado subrogante en la Causa Triple A, en abril de este año, liberó en 48 horas a Miguel Ángel Bonifacio, personaje del entorno de Villar.
Además de la resolución del caso Robles, Martínez de Giorgi también pretende excluir de la causa Triple A los casos de Jorge Fischer y Miguel Angel Bufano. En pocos meses el juez reveló un claro signo de ataque a los derechos humanos.
Luego de que la causa se reabrió en 2008 unos 700 casos se presentaron ante la Justicia. Por eso es imperioso impedir que se consagre la impunidad en la causa Triple A.
Familiares, amigos, organismos de derechos humanos, organizaciones de izquierda y todos aquellos que se consideren democráticos pueden llevar a cabo distintas acciones. Sacar a la luz la investigación, las pruebas aportadas, exigir a la Justicia que actúe en consecuencia según surge de la causa, dar conocimiento público de la investigación en medios.
Fortalecer la lucha en las calles e imponer la apertura de los archivos contra la impunidad de ayer y de hoy es parte de la misma lucha por el castigo a los genocidas civiles, curas y militares de la dictadura militar. El CeProDH está abocado a esta tarea.
*La autora es hija de César Robles, querellante en la causa y referente del CeProDH | 
