Poco antes de la medianoche del 21 de diciembre en la Cámara de Diputados de la provincia, se aprobó la Ley de Bosques de Buenos Aires. Esta ley originalmente tenía por objetivo proteger los bosques nativos, pero en su lugar los entrega a empresas privadas. Las consecuencias de esta medida política son sociales y ambientales: una provincia preparada para un nuevo crimen social, junto a la pérdida irreparable de ecosistemas, biodiversidad y paisaje nativo.
El 3 % de bosques que queda en provincia de Buenos Aires ahora pasó a estar en manos del Ministerio de Agroindustria bonaerense, cuyo actual titular, Leonardo Sarquís, fue gerente de Monsanto. El mismo señaló que "este proyecto, permitirá a la provincia contar con un escenario favorable para aprovechar sus ventajas comparativas que la harán muy atractivas para inversores".
¿Cómo es posible que una Ley de Bosques sea atractiva para los inversores?
Durante las tres fechas en que se convocó sesión, hubo fuertes manifestaciones de escrache y repudio, convocadas por sectores como Inundados La Plata, asambleas vecinales de toda la región, la CTA Autónoma, entre otros. Esta última vez, los asambleístas denunciaron que no pudieron ingresar al recinto legislativo a presenciar la sesión y fueron marcados en la entrada y echados a la fuerza, a pesar de haber cumplido el protocolo correspondiente.
Las distintas organizaciones socioambientales repudian esta ley por ser regresiva, permisiva y contraria al espíritu de protección que se espera de una verdadera ley de “protección” de áreas verdes. La Ley de Bosques, que en sus inicios había sido impulsada por ONGs y sectores activistas, tenía por objetivo protegerlos de la expansión agrícola e inmobiliaria. No obstante, el mapa de ordenamiento territorial (OTBN) aprobado, le da a las empresas poder sobre extensos territorios, miles de hectáreas de bosque nativo de alto valor ecológico, pero también económico.
Leonardo Sarquís, ministro bonaerense de Agroindustria y ex gerente de Monsanto.
Entre los beneficiarios están Techint, Caputto, Constantini y sectores políticos de Cambiemos, el Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista, el FPV, Peronismo-FPV y PJ. Así, la ley de Bosques se transformó en un nuevo negociado con los recursos naturales, en vez de proteger los bosques que aun existen en toda la provincia.
Historia del conflicto
Desde el 2011, distintos sectores populares están atentos a la Ley de Bosques. Uno de los asambleístas de “No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda” explica: “Venimos siguiendo esta ley desde su primer Audiencia Pública, en 2011, cuando se la presentó. Participamos de todas las instancias, talleres y debates, porque la ley se presentaba como “participativa”. Es más, presentamos dos estudios científicos hechos por biólogos de UNLP y UBA, un relevamiento y un censo de árboles para que la costa de Bernal-Avellaneda entre en el OTBN con las categorías de protección que le corresponden, una costa que fue declarada Reserva Municipal en cuatro oportunidades, tres por el lado de Quilmes en 1998, 2002 y 2003. Impugnamos la Audiencia de hace dos años, cuando se presentó este proyecto con muchas irregularidades: omitían información y usaban solo los estudios presentados por las consultoras de empresas como Techint. Informamos durante todo el año a cada diputado de las consecuencias de aprobar esto. Esperaron el momento ideal para aprobarlo, a las 12 de la noche de la última sesión del año, después de posponerlo dos veces y con manifestación frente a la legislatura”.
Por último, señala que “violencia es tener todos los argumentos de nuestro lado, técnicos, científicos, legales, sociales, y aun así, no tener el poder de conservar las 280 hectáreas que son nuestras, porque las caminamos desde chicos y son parte de nuestra vida, de nuestra identidad como quilmeños”.
Un funcionario del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) admite que “Techint ya arreglo con toda la provincia”. Justamente, hace un mes en la Cámara de Diputados de la provincia se hizo una Audiencia Pública, donde los sectores sociales plantearon su rechazo al proyecto y sus consecuencias a nivel social y ambiental. Los bosques generan servicios ambientales “invisibles”: previenen inundaciones, refrigeran el aire, depuran el agua, son reservorio de fauna y flora nativa; son espacios recreativos gratuitos y de investigación. Inundados La Plata remarco el peligro de seguir urbanizando áreas verdes bajo la lógica inmobiliaria. Mientras transcurría la Audiencia, en el pasillo uno de los asambleístas escucho de parte del Lic. Juan Pablo Manchiola (biólogo y Jefe de Departamento de Uso y Administración de Recursos Naturales de OPDS): “Techint ya arregló con toda la provincia”. Manchiola, en múltiples ocasiones negó información pública ambiental a los activistas. Firmó un informe afirmando que no existía bosque nativo en un área de la ribera de Bernal donde sí lo había y estaba en peligro de desaparecer por el relleno con escombros que el mismo Municipio de Quilmes impulsaba, a fin de proyectar un barrio privado. Inclusive, en una oportunidad, en su propia oficina los llamó “ecoterroristas”, exigiendo que aceptaran la agenda ambiental que “le tocaba” a América Latina, luego de esperar por segunda vez consecutiva más de dos horas la vista de un expediente.
Bajo este escenario de corrupción política e institucional, las propuestas de organizaciones sociales y biólogos nunca fueron incluídas, a pesar de los estudios científicos realizados a campo que mostraban la importancia de la conservación de diversas áreas; hoy en jaque por megaemprendimientos como Nueva Costa del Plata de Techint, el Puerto de Contenedores TecPlata que está desplazando pequeños productores, el murallón de Berazategui, countries a la vera de arroyos y ríos y en todo el Delta, entre otros. El mapa que establece qué zonas proteger y cuáles “cambiar el uso de suelo” fue exclusivamente pautado entre funcionarios y empresas, dejando de lado a expertos de universidades nacionales, vecinos y organizaciones sociales. Solo se conservan como intocables menos de la mitad del área de bosques, pero aun así se reservan el derecho (art. 14) a intervenirlos con obras de infraestructura si lo disponen los Municipios o los Planes de Manejo, que van a ser presentados por empresas como Techint. Resumidamente: la protección es ilusoria y se legitima el avance.
No podemos permitir que siga siendo el negocio inmobiliario y los intereses de los funcionarios los encargados de moldear nuestros territorios, a sabiendas de que los perjuicios son cada vez más evidentes a través de las inundaciones, olas de calor, vientos huracanados, la concentración de la tierra, la pérdida de biodiversidad nativa y el creciente hacinamiento en las ciudades.
Esta ley traerá consecuencias irreversibles a corto y largo plazo para todos los habitantes. Así, la Gobernadora Vidal prepara la provincia para un nuevo crimen social, consecuencia de poner, nuevamente, los negociados por sobre nuestras vidas. |
