"Con la Ley de Amnistía se garantiza la desmovilización y desarme de las FARC después de 52 años de conflicto", dijo en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al aprobarse el proyecto que estaba incluido en el acuerdo de paz que se firmó el 24 de noviembre.
Esta ley establece la amnistía para todos los miembros de las FARC, excepto quienes hayan llevado a cabo delitos considerados de gravedad. Lo que fue aprobado en el congreso el día miércoles también contempla un tratamiento especial para los agentes del Estado que cometieron crímenes en el marco del conflicto armado, aunque su libertad también estará condicionada de acuerdo al Derecho Internacional Humanitario. Por eso, los agentes del Estado no podrán ser beneficiados de la amnistía si cometieron delitos de lesa humanidad.
Varios miembros de las fuerzas represivas estatales han agradecido la aprobación de esta ley, como el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, que dijo en un vídeo distribuido por el senador Armando Benedetti que la cámara "haya considerado esta ley tan importante para los miembros de la Fuerza Pública". Se sumaron las palabras del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien declaró que la nueva ley es un "instrumento que le da solución a la situación jurídica de los agentes del Estado, especialmente a los miembros de la Fuerza Pública, que por cuenta del conflicto, cometieron fallas y delitos".
En lo referente al narcotráfico, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, detalló que cada caso particular tendrá que ser estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el tribunal especial para la paz, organismos que también fueron de común acuerdo durante las negociaciones.
Aún no hay una lista clara sobre cuantos miembros de las FARC se verán beneficiados por esta ley, se estima que unos 6.000 miembros de las FARC fueron procesados por delitos políticos relacionados con la rebelión, asonada y conspiración.
Diversos analistas señalaron que con esta Ley de Amnistía las FARC podrán agilizar el traslado de sus miembros a las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) como paso previo para la dejación de armas y desmovilización, sin la preocupación de que serán requeridos por órdenes judiciales. Esa seguridad jurídica fue apelada en varias ocasiones por los líderes de las FARC en las últimas semanas. Los miembros de las FARC se encuentran actualmente en zonas de pre-agrupamiento y con el cese el fuego bilateral.
Con esta ley, también se permite que cerca de mil personas que aún están procesadas por delitos políticos puedan recuperar su libertad, aunque sea de forma condicional, según indica el movimiento “Voces de Paz”.
El día 30 de enero se va a informar el número de miembros de las FARC que no se verán beneficiados con la amnistía ni el indulto. Según el Ministerio de Justicia, actualmente hay aproximadamente 4000 miembros de las FARC recluidos en prisión.
El gobierno enfatizo que, respecto a los agentes de Estado, no se le otorgará la amnistía o indulto a quienes sean procesados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. A su vez, durante los cinco años posteriores a la aplicación, los beneficiados deberán colaborar con el tribunal para la paz y en los programas para reparar a las víctimas, en caso contrario, perderán el derecho a la amnistía.
Esta ley fue cuestionada por Álvaro Uribe, quien junto a su partido del Centro Democrático, no han votado la ley en el congreso. Fue cuestionada también por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; declaró que las reglas que enmarcarán la libertad de algunos sindicados son muy flexibles y que podrían evadir la justicia. Por su parte, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, exigió a los parlamentarios la implementación de los acuerdos.
Hay que destacar que esta Ley de Amnistía, establece las mismas penas en cuanto a los "crímenes”, lo que termina igualando a los miembros de las FARC con el accionar del Ejército u otras fuerzas estatales.
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