Esta es la dura reacción de parte del Gobierno del PP después de la masiva consulta por la independencia de Cataluña en la que el 80 % de los votantes por el Sí. Además de amenazar con querellar contra el presidente y la vicepresidenta de Catalunya, se está estudiando la posibilidad de incluir en la querella a Irene Rigau, consejera de Enseñanza, debido a la cesión de colegios públicos para celebrar las votaciones.
Sin embargo, el presidente español Mariano Rajoy, aún no ha pronunciado ni una palabra sobre el 9N y recién el miércoles al mediodía comparecerá sobre sus resultados. Esto fue visto por parte del PPC (Partido Popular de Cataluña) como una conducta de inacción del presidente que los ha colocado en una posición incómoda desde el momento en que prometieron no consentir la consulta. Al respecto, Dolors Montserrat, vicesecretaria de Organización del PPC y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, anunció que ha echado de menos una comparecencia de Rajoy estos días.
Justamente la querella es anunciada como inminente después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, haya rechazado la acusación a la Fiscalía de esta "inacción". En la misma se acusa a Mas y Ortega, principalmente de dos delitos: desobediencia, por no acatar la resolución del Tribunal Constitucional que había suspendido la consulta; prevaricación, por dictar una resolución que había sido declarada ilegal por la justicia.
La querella fue anunciada por Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PPC quien afirmó que el presidente Artur Mas "pensó el domingo que se podía burlar la ley, la Constitución y la democracia, y la democracia tiene sus mecanismos y sus tiempos, pero es claramente implacable"
Por su parte, Artur Mas ha respondido con cierta indiferencia afirmando que "Lo atribuyo al desconcierto que hay en Madrid y también al enfado de algunos, pero no tenemos miedo porque tenemos un mandato democrático para hacer lo que hacemos"; mientras afirma su propuesta de continuar negociando con el ejecutivo central o en su defecto, ir a una elecciones plebiscitarias.
Aunque la querella no dice actuar legalmente contra los organizadores y voluntarios del 9N, apunta claramente contra un proceso que se desarrolló a contra corriente y lleno de trabas por parte del Gobierno central. Este gran movimiento por el derecho a decidir de Cataluña, que vivió el pasado domingo una jornada histórica, no sólo se viene enfrentando a todos los obstáculos impuestos desde el Estado español. También se impuso contra el Govern de la Generalitat de Cataluña que ha ido rebajando cada vez más las demandas y el carácter de la consulta.
Aún así, alrededor de 2 millones 250 mil catalanes y catalanas han participado de la consulta del 9N expresando un fenómeno democrático que se va profundizando cada vez más desde la última Díada del 11S. Y que se ha convertido en un verdadero escollo para el Régimen político español. | 
