La comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado reanudó el debate sobre el proyecto de ley "Argentina Digital" que envió el Gobierno para modificar la normativa que rige las telecomunicaciones. Ayer se escucharon a ocho invitados, mientras que hoy el cuerpo recibirá a otros 14. Entre los expositores de ayer estuvo presente Martín Becerra, investigador, profesor universitario y periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del CONICET. Con varios libros publicados, también es especializado en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América Latina y en los procesos de concentración de estos medios, así como en la evolución convergente de las tecnologías de la información y la comunicación.
Actualmente, Becerra es Profesor Titular de Introducción al Procesamiento de Datos, Telemática e Informática, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y de Políticas de Comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, fue uno de los impulsores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, siendo tras su aprobación, un fuerte crítico de su aplicación. La Izquierdia Diario dialogó con él, abriendo una ronda de opiniones sobre el proyecto de ley "Argentina Digital".
Vos sos crítico de este proyecto de Ley. ¿Qué puntos te parecen más cuestionables? ¿A quiénes beneficiará?
Mis críticas al proyecto son varias. En primer lugar su vaguedad en el articulado, que termina desembocando en que será en definitiva la autoridad de aplicación la que le dará contenido a la ley si ésta es aprobada como fue enviada por el Poder Ejecutivo.
Es decir, le otorga a la autoridad de aplicación (sin crear ninguna autoridad de control) una altísima discrecionalidad para interpretar, completar y gestionar la ley como se le antoje a quien esté a cargo de dicha área. La experiencia de políticas de telecomunicaciones en la Argentina, dependientes sólo del Poder Ejecutivo en su gestión y con pésimos servicios y una altísima concentración de mercado, deberían ser una alerta lo suficientemente potente como para evitar repetirla.
En segundo lugar, el proyecto del gobierno permite que las telefónicas presten servicios audiovisuales, exceptuándolas de una disposición expresa de la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No obstante, el proyecto es demasiado blando con las telefónicas. En otros países, el permiso para que las telefónicas presten servicios audiovisuales está condicionado a que existan márgenes probados de competencia efectiva en el propio mercado de telecomunicaciones.
Hay casos en los que se estableció un lapso durante el cual las empresas audiovisuales pueden prestar servicios telefónicos pero las telefónicas no son autorizadas, en ese período, a gestionar licencias audiovisuales, de modo tal de estimular la competencia en el sector más impermeable a la concurrencia de nuevos actores.
Otro problema del proyecto “Argentina Digital”, también fruto de su ambigüedad, es la noción de "posición significativa de mercado" que autoriza a una intervención más robusta del Estado, por ejemplo exigiendo la separación funcional de un operador. La noción de “posición significativa de mercado” así redactada, dependerá de las generosas facultades asignadas por el proyecto a la futura autoridad de aplicación y que, dado que la Argentina elegirá nuevo presidente en 2015, podría entonces estar supeditado a interpretaciones y políticas completamente opuestas en un corto plazo.
El proyecto sostiene que las redes de transporte de las comunicaciones serán compartidas y que será obligatoria la interconexión, sin especificar si se trata de los ductos, de los postes o de otras infraestructuras. A ello alude con la fórmula de "servicio público esencial en competencia". Pero cooperativistas y pequeñas y medianas empresas expresaron que esa disposición sería perjudicial al no diferenciar entre grandes corporaciones y agentes locales y pequeños, es decir, al tender a que se compartan las redes “de todos con todos". Estos actores reclaman que el marco normativo sea asimétrico porque el mercado es profundamente concentrado y asimétrico.
Está bien que grupos como Telefónica, Telecom, Telmex, Clarín y Vila Manzano abran sus redes a terceros, que estén obligados a alquilarlas a un precio que no sea abusivo, pero no debería pesar la misma obligación sobre cooperativas y pymes, señalan éstas. Lo propuesto en la iniciativa de ley no sería justo y producirá mayor concentración del mercado.
En otro orden, el proyecto plantea de modo impreciso la necesidad de garantizar la “neutralidad de la red” es decir, la no discriminación de ningún tipo de contenidos, sin especificar qué entiende por “neutralidad de la red”.
En función de estas críticas, el proyecto beneficia a los operadores del sector de la telefonía con posición dominante, esto es Telefónica y Telecom (donde acaba de ingresar como socio Fintech, de David Martínez) principalmente.
El Grupo Clarín plantea que esta ley lo perjudicaría particularmente. ¿Eso es así?
Si el proyecto de ley prospera con su redacción original, el Grupo Clarín verá amenazada su posición de dominio en el lucrativo mercado de la televisión por cable, donde opera la empresa Cablevisión, y también se resentirá el tercio del mercado de abonos a banda ancha a Internet que opera con la firma Fibertel. La empresa Cablevisión produce cerca del 80% de los ingresos del grupo Clarín y su capital accionario registra la participación de Fintech en un 40%, como socio minoritario. Cablevisión tiene una centralidad ineludible en la televisión de pago, que en parte se debe a una fusión que profundizó la concentración del sector y que fue autorizada por el ex presidente Néstor Kirchner en diciembre de 2007.
Desde tu óptica, ¿qué modificaciones sustanciales pensás que debería hacer el gobierno al proyecto que envió?
Si el Congreso quiere regular este sector dotándolo de una política pública inclusiva de ahora en más, debería precisar mucho su articulado. Esto significa, entre otros aspectos, enfatizar el tipo de acceso y calidad de servicios mínimo que debe tener como garantía todo ciudadano independientemente de su condición socioeconómica y su lugar de residencia a las tecnologías de la información, modificar la integración de la autoridad de aplicación integrándola no sólo con miembros del PEN y especificar cómo funcionará con la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) para que la convergencia no sea sólo declamada, establecer una autoridad de control, definir posición dominante de mercado, preservar a pequeños actores de la competencia desleal de los más grandes del mercado en el caso de las redes compartidas, precisar qué entiende por redes (ductos, postes, etc.), definir una regulación asimétrica entre telefonía y audiovisual, marcando márgenes de competencia de empresas audiovisuales en la telefonía antes de habilitar el cruce de las telefónicas al audiovisual, discutir qué sucede con la extensa red de fibra óptica “Argentina Conectada” que construyó el Estado en los últimos años y que aún no está operativa, aclarar de qué modo pretende desconcentrar el mercado convergente. |
