El "gasolinazo”, que obedece al avance en la entrega de los recursos energéticos del país al imperialismo, provocó que sectores de trabajadores y del pueblo salieran en los primeros días de este 2017 a movilizarse, rebasando los cálculos que el gobierno había hecho en relación a las consecuencias de esta durísima medida, que afectará directamente la economía de la mayoría.
Con dos discursos en cadena nacional en sólo dos días, Peña Nieto ha dejado en evidencia su cinismo y su debilidad ante el descontento social. Justificó la medida como un freno para la deuda externa y una forma de evitar el recorte a los planes sociales echando así más leña al fuego, y mostrando el tono de su política autoritaria en los dos años que le restan de gobierno.
Ante la caída de los ingresos petroleros y la entrega a las trasnacionales de los recursos energéticos nacionales que desplazan a la paraestatal Pemex del monopolio de la comercialización de la gasolina, el gobierno federal se vio “obligado” a imponer esta medida antipopular para pagar la deuda externa y mantener la cada vez más precaria “estabilidad macro-económica” en beneficio de los banqueros, grandes empresarios y el imperialismo.
El movimiento que se desarrolla de manera dinámica es un fenómeno a nivel nacional de alcances impredecibles. Los bloqueos de carreteras, las tomas de palacios municipales y los bloqueos de las gasolineras, han mostrado la explosividad de un descontento que comenzó a gestarse desde el 2012, con su expresión más aguda en la crisis abierta con la masacre de Iguala y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a finales del 2014.
A pesar de la crisis de legitimidad con la que viene lidiando el gobierno, Peña Nieto pudo imponer el “gasolinazo” producto de la unidad de los de “arriba” y el apuntalamiento que le dieron los partidos políticos con el antipopular Pacto por México que aprobó las reformas estructurales. Las declaraciones de descontento de los principales organismos empresariales con el gasolinazo, añaden más elementos a esta crisis de legitimidad, y golpean fuertemente la credibilidad de un gobierno que prometió estabilidad a la clase dominante.
Por lo que es un cinismo oportunista del PAN y del PRD pretender aparecer como críticos de esta medida. Ellos son los que, junto al PRI, vienen imponiendo planes de miseria y antidemocracia a las masas trabajadoras. Son los garantes de la estabilidad del régimen de los ricos, lo cual demostraron cerrando filas ante el combativo movimiento magisterial que salió a luchar por tirar abajo una de las reformas claves como es la educativa; buscaban frenarlo a toda costa porque si los maestros lograban la abrogación, el resto del paquete de reformas estructurales -incluida la energética- quedarían tambaleando. Al mismo tiempo que ese triunfo fortalecería a los demás trabajadores que resisten los planes neoliberales y alentaría su salida a luchar. Esto explica la masacre del 19 de junio del año pasado en Nochixtlán como medida autoritaria para dar garantía a la clase empresarial en su demanda de avanzar en la privatización de la educación pública y en limitar los derechos laborales del magisterio.
Una situación que amenaza la estabilidad del régimen
Ante la cerrazón mostrada en el anuncio de Peña Nieto y el creciente descontento en todo el país, en donde no solamente se cuestiona ya el “gasolinazo”, sino la política antipopular del gobierno que ha provocado miseria y ha reprimido las luchas del campo y la ciudad. Por lo que es necesario fortalecer las movilizaciones con una política amplia y unitaria y un programa anticapitalista que apunte contra las bases de este régimen pro imperialista y autoritario.
Hasta hoy el gobierno de Peña Nieto ha logrado sortear las movilizaciones que se han dado en el país en los últimos años, pero no ha podido aminorar el gran descontento nacional. Sin embargo, el “gasolinazo” afecta a las clases medias, pequeños y medianos productores, y a los que menos tienen para enfrentar la escalada de precios que desata el alza a los combustibles. Es un movimiento amplio que puede empalmar con el repudio a una política de mayor subordinación y pactos con el imperialismo, como lo mostró el rechazo a la invitación de Peña Nieto al presidente electo estadounidense Donald Trump.
El rechazo al “gasolinazo”, en los hechos, pone en cuestión la subordinación a los planes de los Estados Unidos. Por lo tanto, levantar como política la “resistencia civil y pacífica” -es decir, esperar a las elecciones del 2018 para “sacar al PRI de Los Pinos” mediante el voto, evitando que el movimiento se extienda y radicalice-, como ya plantean algunos dirigentes o personalidades, es impotente ante una lucha que implica romper las cadenas económicas, políticas, militares y diplomáticas que nos impone el gobierno estadounidense.
No es posible enfrentar con la “resistencia civil y pacífica” -cuyo contenido es no chocar con el régimen político- a los responsables de la masacre de Iguala; a los responsables de la militarización del país con la secuela de los cientos de miles de desaparecidos y fosas clandestinas por doquier; a los responsables de la liquidación de Luz y Fuerza y sus 44 mil despidos; a la represión sistemática y el encarcelamiento de los maestros en lucha por sus justos derechos y a los que perpetraron la masacre en Nochixtlán.
Es una política tendiente a evitar la extensión y radicalización del descontento, evitaría que se desarrolle todo el potencial que prometen hoy en las calles del país los miles que se movilizan; daría oxígeno a un gobierno muy debilitado y desgastado, al mismo tiempo que evitaría que se expresaran posibles roces o fracturas en este régimen represor y hambreador, cuyos componentes buscan reposicionarse para las elecciones de este año en el Edomex y las presidenciales en el 2018.
Por lo que plantear -que se muestra claramente que, quien provoca inestabilidad es el gobierno- llamar a una política así, o decir que no se debe desestabilizar al gobierno de Peña Nieto como afirma Andrés Manuel López Obrador (MORENA) reduciendo el descontento de la población al castigo en las urnas en el 2018, tiende a mediatizar la lucha de la población y al rechazo a Peña Nieto que se está expresando en las calles.
Esta indignación contra el gobierno de PRI ha mostrado el potencial que puede tener la movilización si se propone echar abajo los planes que afectan a distintos sectores de la población, así como las reformas estructurales.
Es necesario que la clase trabajadora -y sus familias- que es la clase mayoritaria y puede poner en jaque al gobierno paralizando con sus métodos de lucha la industria y los servicios, retome las legítimas demandas del resto de los sectores de la sociedad y encabece la movilización con un programa obrero ante a la crisis, donde echar abajo la reforma energética y la renacionalización de las áreas privatizadas de Pemex, sean parte de una política de ruptura de la dependencia del país ante el gobierno de Trump y en defensa de la soberanía nacional.
Para ello, sería fundamental que las y los trabajadores de Pemex, que vienen sufriendo los avances de esta privatización (despidos y liquidación del contrato colectivo de trabajo con la complicidad de sus dirigentes) puedan romper la sujeción a su dirección traidora para sumarse, organizados, al resto de la población que comienza a dar esta pelea en las calles.
Pero ante la situación que atraviesan los trabajadores petroleros, es elemental que el conjunto de las organizaciones de los trabajadores que se reclaman democráticas y combativas se solidaricen con este sector. Para luchar en común por:
¡Abajo el gasolinazo! ¡Basta de impuestos y tarifazos contra los sectores populares! ¡No más recortes al gasto social! ¡Por mayor presupuesto para la educación, salud, vivienda y alimentación de los sectores populares!
Los recursos para ello pueden provenir de no pagar la deuda externa y de que todos los funcionarios, jueces y legisladores ganen lo mismo que una maestra. Contra la carestía, es necesario luchar por un aumento salarial de emergencia y salarios que se actualicen automáticamente de acuerdo con la inflación real; impulsando comités de usuarios y trabajadores para imponer el control de precios en todas las cadenas comerciales.
Hasta ahora, las acciones de protesta las realizan transportistas, productores del campo y sectores populares. Es necesario que la clase trabajadora se sume a las movilizaciones con todo su potencial, como ya empieza a hacerlo la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, que están convocando a la movilización. Pero es esencial que salga a movilizarse la clase trabajadora.
Por lo que es urgente que los sectores de trabajadores como la Nueva Central de Trabajadores, la CNTE, la UNT, el EZLN, el Consejo Nacional Indígena, entre otras, convoquen ya a un Encuentro Nacional de organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y sociales, para discutir un plan de lucha nacional y un programa que encabece las demandas de todos los sectores explotados y oprimidos por este régimen de la alternancia, y organice las protestas que ocurren en todo el país.
Que llame a rechazar la represión y exija la liberación de los detenidos, denunciando las acciones evidentemente provocadas por el gobierno para deslegitimar la protesta, así como el rechazo a la militarización, a la aprobación de la Ley de Seguridad que legitimaría las acciones de los militares contra la población.
Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas opinamos que, para dar una salida de fondo a la situación actual de nuestro país que eche por tierra las 11 reformas estructurales ordenadas por el imperialismo, es necesario encaminar las acciones y la organización independiente hacia un gran paro nacional que unifique a la clase trabajadora y sus aliados de la ciudad y el campo. | 
