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Barcelona en Comú se presentó a las elecciones municipales con un programa que proponía limitar los sueldos de los regidores a 2.200 euros netos mensuales. Ahora bien, parece que se olvidó de las limitaciones retributivas del resto de los cargos públicos, en especial los cargos de confianza puestos al frente de las diferentes empresas públicas de la ciudad.
En TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) abundan los sueldos de directivos que sobrepasan los cien mil euros, como vienen denunciando históricamente sus trabajadores, que incluyeron su eliminación como una de las demandas de sus últimas huelgas. Esta situación, que no es nueva, se ha mantenido con el nuevo gobierno, quien además se sigue negando a proporcionar [la información sobre que una sentencia judicial les obligas a dar a cerca de los nombres y salarios de estos directivos fuera de convenio.
Recordemos que TMB esta presidida por Mercedes Vidal, dirigente de EuiA y regidora de movilidad del gobierno de BeC. Pero además, con el gobierno de BeC se ha seguido la política de puertas giratorias del PSC e ICV en TMB engrosando la lista de directivos parásito con algunos de “los suyos”. Un ejemplo de ello fue la incorporación en 2015 de Pau Noy, dirigente de ICV, con un salario de 60.000 -más 10.000 variables- en un puesto creado para la ocasión.
A estos fichajes hay que sumarles otros más recientes. Como el del también dirigente de ICV, Salavador Milà, nombrado director de los servicios de presidencia del Área Metropolitana de Barcelona, con un sueldazo de 93.000 euros. No deja de llamar la atención que es sobre todo en las empresas del transporte donde más colocados tienen los ecosocialistas y eurocomunistas de estas formaciones. Justo en las que más abiertamente han jugado el rol de patronal, como vimos en la huelga del metro donde tuvieron la desfachatez de aparecer en rueda de prensa con nóminas de trabajadores y tacharlos de privilegiados.
Pero no solo del ámbito de ICV y EUiA vienen los fichajes. Sorprenden las nuevas incorporaciones de Vicenç Villaroto y de Joan Pinyol Ribas. El primero ha sido contratado a finales de diciembre como presidente del consejo de administración de la empresa pública “Informació i comunicació de Barcelona”. Villaroto es nada menos que exdiputado de CiU. Por otro lado, Joan Pinyol, es considerado un hombre de la confianza de Convergència, ya que Mas lo fichó como ‘general manager’ de la Agència Catalana de l Aigua y después de Incasol. Cabe destacar su participación en la polémica privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat., sin duda todo un “currículum” muy apreciado para cualquiera que se proponga hacer políticas de recuperar lo público. Ambos recibirán retribuciones que los situarán dentro del selecto club de los “cienmileuristas”.
Otra incorporación reciente y también polémica ha sido la de Pere Macias, que sera el encargado de la conexión del tranvía. Macias es exdipitado de CiU y exconsejero de Medio Ambiente y de Política Territorial y de Obras Públicas cuando la Generalitat estaba gobernada por nada menos que Jordi Pujol, el “padrino” del 3%.
Estas políticas encajan con una recientes declaraciones de Colau en una entrevista para el diario digital ctxt en las que argumentaba que “la institución va asociada a gobernar lo posible y lo realmente existente. No los sueños ni los objetivos, ni las grandes metas. Por lo tanto, la institución, que tiene que gestionar lo posible, lo real, lo imperfecto, va asociada a inercias que tienden al conservadurismo, y no a la ruptura.”
Si bien es cierto que las instituciones no son neutras, que tienen “inercias” connservadoras, no es menos cierto que Colau basó su campaña en que todo dependía de la “voluntad política” para acabar con ellas. Una “voluntad política” que ahora ha desaparecido, tratando de justificar su políticas, claramente conservadoras, con un “no hay alternativa dentro de las instituciones”.
Pero si bien los limites de las instituciones burguesas son claros -sobre todo cuando no se quieren generar las condiciones para superarlas en la movilización y organización social- Colau y su equipo se quedan lejísimos siquiera de acercarse a ellos.
Ya sabemos que han renunciado a poner los espacios institucionales conquistados por ellos al servicio de impulsar la movilización social y chocar con el orden establecido y los poderes económicos de la ciudad. Y que han optado por llevar a cabo una política conservadura, continuista y respetuosa con las lógicas del Ayuntamiento de la marca Barcelona, que no obstante tanto ICV como EUiA han ayudado a levantar con su apoyo a los gobiernos del PSC durante 30 años.
Pero, y a menos de dos años de asumir el cargo, el mantenimiento y engrasamiento de estas puertas giratorioas para los “suyos” y “los de siempre” roza la obscenidad de la adaptación a la gestión de lo posible, de aquello mínimo que millones aspiraban a que cambiase la alcaldesa del “bien común”.
En vez de esto, Barcelona en Comú ha optado por ponerse del lado del status-quo cada vez que ha aparecido un conflicto real: actúa como la patronal en las huelgas de los trabajadores de TMB, traiciona a los trabajadores en lucha de Movistar y, el caso más sangrante de todos, el de la represión a los manteros.
Este pánico a la lucha y al conflicto es el que le ha llevado a pactar con el PSC. Los que anteriormente calificó como responsables del genocidio financiero y como mafiosos.
Ante la pregunta “¿Es posible que la solución a la crisis del sistema español pase por un pos-15M negociando con un pos-PSOE?”, Colau responde “yo creo que debe ser asumible que eso es lo que hay. ¿O hay otra cosa que yo desconozco?”. Así, se justifica, con el “es lo que hay”, para no impulsar nuevas vías de ruptura a través de retomar la movilización social. En vez de denunciar y señalar todos y cada uno de los límites de las instituciones burguesas y lo poco democráticas que son, opta, como sus predecesores y ahora aliaos (PSC, ICV y EuiA), por la gestión de lo posible, la gestión del capitalismo y eso implica aceptar que para que la maquinaria funcione hay que incluir a la “casta” en dicha gestión, con sus sueldos, sus coches oficiales y todo lo que venga. Una gestión que no deja de ser la de la miseria y que no soluciona en nada los problemas de la clase trabajadora y los sectores populares.
Por último señalar que e finales de año, el represor por excelencia de CiU, Felip Puig, fue nombrado presidente de la empresa TRAM, empresa concesionaria del tranvía de Barcelona. Esta empresa esta compuesta mayoritariamente por capital privado y TMB solo dispone del 5%. TMB, es decir el Ayuntamiento, votó en contra de su nombramiento. Pero sorprende que Colau no se ha plantado y aunque sea lo haya denunciado públicamente para evitar esta ofensa hacia los cientos de manifestantes que sufrieron la represión del Felip Puig durante el 15-M. La “gestión de lo posible” no es más que la claudicación de la socialdemocracia y el viejo pujolismo de toda la vida. | 
