Lucas Nahuel Cabello es oriundo del barrio porteño de La Boca. Tenía 20 años cuando, en noviembre de 2015, un agente de la Policía Metropolitana efectuó tres disparos que lo dejaron sin caminar de por vida. El caso tomó inmediato revuelo. Desde la fuerza hablaron de “legítima defensa”, los medios repitieron despectivamente que era un “trapito” y hasta María Eugenia Vidal se pronunció, justificando el accionar policial y tergiversando los hechos.
Como relata la víctima, ese día había discutido con el uniformado quien se dirigió a él con prepotencia, sin ningún motivo, mientras iba a la panadería a buscar comida para su beba. Entonces, escuchó una frase que no olvidaría nunca: “Yo puedo hacer lo que quiera, porque soy policía”. Aunque el joven pensó que el intercambio había terminado ahí, cuando entró al pasillo de su casa escuchó pisadas firmes: al darse vuelta vio que era el oficial, apuntándolo con el arma reglamentaria, presto a fusilarlo.
Ricardo Ayala, el atacante, disparó tres veces sin emitir palabra e inmediatamente volvió a su lugar de patrulla. Fue gracias a un vecino quien lo subió a su auto, que Lucas pudo llegar al Hospital Argerich donde fue atendido de urgencia. Actualmente tiene una de las balas alojada en la médula y continúa el proceso de rehabilitación.
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Foto: La Garganta Poderosa
Lucas Cabello representa al 50% de la población que gana menos de 8 mil pesos por mes y al 18% que está subocupada en actividades de baja remuneración o alta inestabilidad. Además es parte de la juventud que los sucesivos gobiernos se han encargado criminalizar.
Sólo por casualidad, no se convirtió en otra víctima fatal del gatillo fácil que se lleva la vida de una persona cada 25 horas. Pero su caso, como tantos, evidencia las consecuencias de la militarización de los barrios humildes tanto como la verdadera naturaleza de las fuerzas represivas.
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Si Ricardo Ayala había sido encarcelado, se debió a lucha de Lucas así como a la movilización de sus familiares, amigos y vecinos, que hicieron cortes, marchas y colectas para solidarizarse y que el caso no quedara impune. Sin embargo, mientras el gobierno, la oposición y los medios impulsan la baja a la edad de imputabilidad y piden más “seguridad”, el policía fue liberado.
El fallo de la excarcelación indica que, debido a la demora de la Justicia, el legajo no puede avanzar hacia la siguiente instancia (el juicio oral) por lo cual el mantenimiento de la prisión preventiva equivaldría a un “adelanto de la pena”. De manera cínica, la resolución subraya “el daño irreparable” que el encierro puede producir al acusado.
Esta decisión, tomada por los integrantes de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal, pone en evidencia el carácter de clase del Poder Judicial, que es un engranaje necesario para avivar las políticas de “mano dura”.
Lucas, sus allegados y vecinos, no van a bajar los brazos. Como dijo anteriormente: “por todas las personas que todavía me esperan, voy a volver al barrio”. Contra la política represiva de los partidos del régimen, la maldita policía, la impunidad y los ardides televisivos, la lucha contra el gatillo sigue firme. Porque no queremos ni un pibe menos. |