Según el sitio Congreso en Foco, en base a los datos provistos por el Instituto Sou da Paz, más del 70% de los candidatos que recibieron donaciones de campaña de la industria armamentística y de municiones lograron ser electos en las pasadas elecciones municipales de octubre de 2016. De los 30 nombres que recibieron dinero del sector, 21 lograron imponerse. En total, las industrias de armas y municiones enviaron R$ 1,73 millones a políticos de 12 partidos en 15 estados.
El diputado estadual que más donaciones recibió fue el diputado de Paraná Pedro Deboni Lupion Mello (DEM), que obtuvo R$ 149,8 mil de dos empresas. El segundo fue el diputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB), que se quedó con R$ 130 mil, solo de la Compañía Brasilera de Cartuchos (CBC).
Según el diario Folha de São Paulo, Arnaldo Faria da Sá está siendo investigado por la Operación Lava Jato junto a un grupo de 9 ex-deputados federales aliados a Cunha por extorsionar al grupo empresarial Schahin.
El site Congreso en Foco afirma que estas campañas fueron financiadas por las dos mayores empresas de armas y municiones del país: la Compañía Brasilera de Cartuchos y Forjas Taurus S.A. Según el relevamiento de Sou da Paz, solo CBC transfirió R$ 1,04 millones, mientras Taurus desembolsó R$ 870 mil en las elecciones de 2014. En septiembre del año pasado, Folha de São Paulo publicó un artículo afirmando, en base a la investigación del Ministerio Público Federal, que la empresa Taurus vendió armamento a un conocido traficante yemení. La Compañía Brasilera de Cartuchos está siendo acusada por la Abogacía General de la Unión por el delito de “lesión al sistema financiero”.
Además de los diputados estaduales y federales estas industrias también financiaron la campaña de 36 candidatos a cargos electivos. De este número solo tres no lograron elegirse siendo ellos: el exdiputado Viera Cunha que disputó el cargo de gobernador de Rio de Grande do Sul; Paulo Skaf, presidente de la Federación Industriales del Estado de San Pablo (Fiesp) que intentó candidatearse al mismo cargo por San Pablo y Moreira Mendes que disputó un cargo por el Senado.
En esta lista de beneficiarios aparecen nombres conocidos como Onyx Lorenzoni, con R$ 100 mil por donaciones; Alberto Fraga, con R$ 80 mil de la empresa Taurus y Pompeo de Mattos, que recibió R$ 70 mil de la CBC y de Taurus. Según el diario Estadão, Alberto Fraga fue acusado por el Ministerio Público del Distrito Federal en 2008, por haber exigido y recibido el valor de R$ 350 mil cuando era secretario de Transporte del Distrito Federal para firmar un contrato con una cooperativa de transporte. Además, según el sitio G1 el diputado fue penado por el Supremo Tribunal Federal, al mando de Rodrigo Janot, por porte ilegal de armas. Fue condenado a cuatro años de prisión, pero tuvo su pena conmutada por la prestación de servicios a la comunidad.
Además de Alberto Fraga otros diputados de la bancada “de la bala” también están involucrados en los crímenes. Uno de ellos es el diputado federal Éder Mauro (PSD-PA), que según el mismo diario Estadão está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal por los crímenes de extorsión y tortura. El diputado y los otros cinco policías fueron denunciados por tortura y también por extorsión.
Además de la existencia de la bancada “de la bala”, después de la votación que tuvo lugar en la Cámara de Diputados en 2015 sobre la reducción de la mayoría de edad, también podemos observar la existencia de la bancada “de la prisión”. Según el sitio Carta Maior ligado a Carta Capital, la expresión más clara de esta bancada es el diputado federal Silas del estado de Amazonas, que recibió 200.000 de la empresa Umanizzare Gestão Prisional y Serviços Ltda. Recordando que Umanizzare es la empresa que gestiona el presidio del estado de Amazonas donde se produjo la reciente masacre. Umanizzare también eligió a dos candidatos para las donaciones. La esposa de Silas, Antônia Lúcia Câmara recibió 400 mil, y la hija de la pareja Gabriela Ramos Câmara recibió otros 150 mil.
Câmara es uno de los 17 diputados y senadores señalados por la ONG Transparência Brasil que podía ser excluido en las elecciones de 2014 debido a la Ley de Ficha Limpia. Câmara y Antônia Lúcia Câmara fueron condenados por el Tribunal Regional Electoral de Acre por abuso de poder económico en las elecciones de 2010 y declarados no elegibles por tres años. Silas Câmara también recibió R$ 210 mil de la empresa Fiel Vigilância Ltda y R$ 190 mil de Total Vigilância Ltda. Además de Silas, las empresas de seguridad también financian a los parlamentarios Bruno Covas, el pastor evangélico João Campos y a Felipe Maia. Ambas empresas trabajan con servicios de escolta armada y vigilancia ostensiva.
De los 43 diputados ligados a las empresas que administran cárceles y de seguridad, 25 tienen problemas con la justicia y están involucrados en algún proceso criminal.
Expresiones y declaraciones como que el ’’buen bandido es el bandido muerto’’ y “habría que matar a más”, como hicieron los diputados Major Olímpio de Solidariedade (SD) y el diputado federal Fernando Francischini, del mismo partido, y también Bruno Julio exsecretario de la juventud del gobierno de Temer, están al servicio de defender estos intereses que se esconden detrás de la bancada “de la bala” y “de las armas”. Finalmente si el “buen bandido es el bandido muerto”, mejor que sean asesinados por una bala de la CBC o por una hecha por la empresa Taurus para que estos empresarios corruptos continúen lucrando con la sangre de la juventud negra de las periferias.
Mientras tanto, Major Olímpio y Francischini hacen acuerdos espurios con estos “criminales de cuello blanco” para poder mantener sus privilegios en detrimento de la miseria social que viven millones de personas. Estos acuerdos solo se dan porque tanto Olímpio como Francischini, pero también Bruno Silva a quien Temer convenientemente mantuvo desde el inicio de su gobierno golpista, son parte del juego sucio.
La clase trabajadora y los sectores populares necesitan terminar con estos sectores reaccionarios, pues mientras dicen defender “a los hombres de bien” contra los “bandidos” son los mismos que defienden los ataques del gobierno Temer contra los sectores populares como la reforma constitucional que recorta gastos sociales por 20 años (PEC 55), la reforma del sistema previsional y laboral y se oponen a cualquier lucha justa que se levante contra estas medidas. | 
