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Este miércoles Raúl García y Alfonso Lázaro, miembros de la compañía “Títeres desde abajo”, quedaban libres de todo proceso penal. El juez de instrucción, José María Escribano, archivaba la denuncia por incitación al odio que tenían pendiente. Otra causa, ya cerrada, que pesaba sobre ellos era por delito de enaltecimiento del terrorismo.
El pasado mes de febrero los dos titiriteros fueron detenidos y puestos en prisión provisional durante cinco días por protagonizar una obra teatral en la que un personaje policía pone en manos de otro personaje una pancarta con el lema “gora alkaeta”, un juego de palabras entre “al qaeda”, “eta” y “alkatea” (alcalde en euskera). Una denuncia en clave humorística de un típico montaje policial y los intentos de criminalizar todo acto de protesta vinculándolos a ETA, un recurso de criminalización largamente utilizado por las fuerzas policiales, los gobiernos y la derecha mediática española en las últimas décadas.
Ambos investigados tenían que personarse cada mes en los juzgados más próximo, los pasaportes confiscados y prohibido salir del país. Pero lo más desproporcionado es que tanto Raúl como Alfonso mantenían sus ficheros en régimen FIES por orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El juez ha decidido archivar de manera provisional el caso al objetar que no se ha acreditado debidamente la supuesta existencia de un delito de incitación al odio. Pese a ello, cabe recurso por parte de la acusación. La defensa, por su parte, recurrirá la sentencia porque quiere conseguir un sobreseimiento.
Sin duda, el penoso proceso inculpatorio por el que han pasado durante casi un año los dos titiriteros es una muestra más de la campaña represiva contra la libertad de expresión a través de la ley mordaza y lanzada por el Gobierno y las instituciones más retrógradas como la Fiscalía y el poder judicial. Sin embargo, como decimos, este caso no es el único.
El mismo día en que Raúl y Alfonso quedaban libres después de todo el proceso judicial, César Strawberry, lider y vocalista de la banda Def con Dos, veía como el Tribunal Supremo revisaba la sentencia de la Audiencia Nacional que lo absolvía el pasado mes de julio.
La sentencia de la AN dejaba sin cargos a Strawberry, acusado de delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA por la publicación de seis tuits y un retuit entre 2013 y 2014. Hechos por los que las Fiscalía le pedía 20 meses de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y dos de libertad vigilada.
La Fiscalía, por su parte, decidió recurrir la sentencia señalando que ésta debe ser anulada por "indebida inaplicación" del artículo 578.1 del Código Penal, artículo que refiere al referido delito de enaltecimiento.
Por otro lado, el rapero Pablo Hasél tendrá que declarar el próximo 23 de enero por un supuesto delito de injurias contra la Monarquía por la letra de una de sus canciones. El delito podría suponer la entrada en prisión del cantante, ya que pese a haber sido absuelto en septiembre de 2016 de este mismo delito por una serie de tweets, acumula dos años de condena desde abril de 2014 por enaltecimiento del terrorismo por otra de las letras de sus canciones que harían efectiva su encarcelación si se les suma una nueva condena.
Y en la misma dirección gira la pena de prisión contra Cassandra, una tuitera de 21 años. La Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel para @kira_95 acusada de humillación a las víctimas del terrorismo, más concretamente contra el almirante y expresidente del Gobierno durante la dictadura franquista, Luís Carrero Blanco.
“ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”, “Película ‘A tres metros sobre el cielo’. Producción ETA Films” o “Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó un viaje a ella” son algunos de los mensajes que escribió Cassandra en la red social Twitter y por los que va aser juzgada. Todos ellos en referencia al atentado que sufrió uno de los hombres de mayor confianza de Franco.
Estos casos son tan solo la punta del iceberg de la persecución generalizada hacia la libertad de expresión. Esta viene siendo la política de mano dura del Gobierno desde la emergencia del 15M, incrementada desde la puesta en vigor de la Ley Mordaza, ante cualquier manfiestación que pueda molestar a la sacronsanta imagen del Régimen español y poner en peligro el orden establecido a través de la movilización social. | 
