En un verano donde las tormentas azotaron la provincia y los barrios populares fueron muy afectados, la respuesta del Estado ante el reclamo de los vecinos fue la represión.
En estas semanas donde las comunidades originarias están siendo reprimidas en la Patagonia para que los grandes millonarios mantengan sus terrenos usurpados, cuando los trabajadores inmigrantes sufren las mismas consecuencias de la mano de la Policía de Rodríguez Larreta en Buenos Aires, la Santa Fe del gatillo fácil no podía quedarse atrás. Una gota más que se suma al debate en puerta sobre la baja de edad de imputabilidad.
Fue en el ingreso a la autopista Buenos Aires-Rosario, cuando los vecinos hicieron un piquete tras no recibir respuesta en la sede del Municipio. Ante esto, el Ministerio Público de la Acusación tuvo que “acusar recibo” y salir a decir que estaba investigando el tema.
Este órgano es el mismo que intervino en los casos de gatillo fácil en la región, que fueron denunciados por desprolijidades profundas en el caso de Franco Casco y de Jonatan Herrera. Son los mismos que recientemente actuaron por un caso de represión a jóvenes en la Comisaría Segunda y que los llamaron a declarar a la misma sede de la Policía luego de que hayan sufrido maltratos por agentes esa fuerza. Es decir, que son parte de este entramado para que la impunidad reine en la violencia institucional.
Menos derechos y más garrote a la juventud
La discusión por bajar la edad de imputabilidad completa el “combo” para la provincia con mayor índice de gatillo fácil. Sin siquiera tener datos que demuestren que en otros lugares del mundo ha sido revertido el índice de criminalidad, la derecha arremete con más punitivismo y, localmente, se notará aún más las consecuencias.
¿Qué influencia tendrá sobre la Gendarmería que el socialismo desplegó en las barriadas del Gran Rosario? Seguramente sea de mayor represión y detención.
Esta medida, que se propone dar legalidad a una práctica que sufren los jóvenes de manera cotidiana, es un salto cualitativo que viola los tratados internacionales de derechos humanos, que desde hace más de veinte años fueron aprobados por la Argentina y plantean que sobre los derechos adquiridos no se puede “ir para atrás”.
Sergio Massa salió a plantear que él lo “dijo primero”, como si se tratara de una competencia entre niños. El ministro Germán Garavano rápidamente esgrimió que era una necesidad reformar esta norma que viene de la dictadura. Pero lo que no aclara el titular del Ministerio de Justicia es que aquella norma es la que permite que un joven entre al sistema penal a los 16 años y que la voluntad de su gobierno es, justamente, ir mas allá.
Lo más escalofriante de este asunto es que la derecha se apoya en una falsa realidad de “criminalidad juvenil”, ya que los índices plantean que menos del 5 % de los delitos graves son cometidos por la franja etaria que va de 14 a 16 años. En relación a los homicidios y el “temor fundado de que el pibe de gorrita te mate en la vereda” las estadísticas dicen que esos casos no superan el 2 %.
Contradictorio con el alto número de narcotraficantes y dueños de las redes de trata que se encuentran “encerrados” en islas del Caribe o en barrios privados. Estos estudios que realiza la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, plantean que del total de los asesinatos sin distinción de edad, el 14 % suceden en ocasión de robo. Otro estudio del Consejo de la Magistratura de 2014 indicó que en Buenos Aires se produjeron quince homicidios por parte de menores de 18 años, cinco de los cuales son de menores de 16 años. La cifra de homicidios por robo de esta franja etaria, fue cero.
En este sentido, numerosos sectores salieron a dar su repudio. Norma Ríos, Presidenta de la APDH y referente en los juicios de lesa humanidad de Rosario expresó en una columna de opinión en este diario que “La sola aseveración, que repiten con total descaro el ministro Garavano (que habla de que a partir de los 15 años aumenta el delito), políticos de derecha, periodistas infames y mal nacidos varios, sobre todo entre la gente “decente”, que pide mano dura por el robo de un celular pero no les importa (ni jamás les importó) caminar, trabajar, ir a fiestas, teatros, cines y socializar con los hombres y mujeres que ejecutaron un genocidio brutal en nuestro país; debería preocuparnos y hacernos pensar en qué clase de país o sociedad estamos viviendo”.
Por su parte Luciana Escobar, hermana de Gerardo, desaparecido y asesinado en 2015, demostró su preocupación por las consecuencias que tendría esta medida en la región. “Obviamente que estoy en desacuerdo con la baja de edad de imputabilidad porque no es la solución a nada, sino todo lo contrario, no creo que baje la taza de delitos. Lo que pasa acá, es simple, para una parte de la sociedad el pibe de barrio, pobre, tiene que estar apartado, encerrado, no tiene derecho por ser de clase baja”.
En relación a ello Luciana se preguntó “si el pibe sin estudios, sin un trabajo firme, sin techo, es responsable de su suerte. No, la sociedad es la culpable y el mismo Estado por no hacerse cargo. ¿Por qué ninguno de los pibes encerrados son hijos de empresarios, de algún político, o funcionario? Porque para ellos no cae la misma ley, porque cuando comenten algún delito, son tan impunes que sus padres y ahí esta la diferencia de clase”. Y finalizó con la consigna: “ni un pibe nace chorro, los pibes no son el peligro, están en peligro”.
Diferentes órganos del Estado conformarán una Comisión para discutir el tema. Vale preguntarse si los “expertos” tendrán algo que ver con las autoridades del Agote, donde la tortura a los jóvenes es algo normal, como lo demostró la muerte de uno de ellos en 2014, o del Irar de Rosario donde durante años han sufrido violaciones a los derechos humanos. O quizás aquellos que reprimieron a los murgueros del barrio Las Flores en Capital.
En Santa Fe se PROfesionaliza en la represión
Un punto de gran coincidencia entre Cambiemos, el masismo, el socialismo y el Partido Justicialista es la necesidad de generar una avanzada represiva, con reformas de las leyes penales para darle más vía libre a los jueces y a la Policía para hacer y deshacer con los trabajadores y los sectores populares. En La Izquierda Diario ya se habló de las propuestas que el Gobierno de Lifschiz tiene para el próximo período, las que serían complementadas con las normas de fondo que se barajan desde el Congreso nacional.
Este paquete tenebroso viene a aumentar los poderes que ya de por sí tiene el Estado para amedrentar a los sectores pobres que atestan las cárceles del país. Pero más aún, dan más fuerza a la represión de todos aquellos que salgan a la calle a exigir sus derechos. Vienen a dar más fuerza a la Ley Antiterrorista implementada durante el kirchnerismo y a dar más fuerza, por ejemplo, a la estigmatización con normas brutales como el registro público de libertades que el Partido Socialista implementaría en Santa Fe. | 
