El martes 11 obtuvo dictámen favorable el proyecto de ley presentado por el diputado kirchnerista Héctor Recalde para conformar una comisión bicameral que investigue "las complicidades económicas" de los grupos empresarios durante la última dictadura militar. El proyecto, acompañado por los radicales, prevé la creación de una comisión bicameral en la órbita del Congreso que deberá elaborar un informe sobre las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas por la última dictadura. El proyecto, además, dispone que la comisión bicameral sea integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional y que sean cuatro diputados y cuatro senadores, elegidos por sus respectivos cuerpos legislativos, los que integrarán la Comisión Bicameral.
Dictamen de minoría
El dictamen de minoría que presentó el diputado Nicolás del Caño del PTS-FIT, denuncia, entre otras cosas, que esta bicameral tendrá sólo representantes de los bloques mayoritarios del PJ y la UCR, mientras que estos partidos fueron cómplices y colaboradores con la dictadura genocida, no solo porque tuvieron cientos de intendentes, funcionarios y hasta embajadores -en el caso de la UCR- que integraron el gobierno de facto, sino que además estos partidos fueron los que garantizaron las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y sancionaron decretos que indultaron a los genocidas. El dictamen del diputado del Frente de Izquierda cuestiona, además, que la bicameral excluye a las víctimas al señalar que “del proyecto quedan excluidos de integrar la Comisión quienes tienen un verdadero interés de conocer la verdad hasta las últimas consecuencias. Nos referimos, por citar un ejemplo, a los ex detenidos desaparecidos de la Ford y de la Mercedes Benz, sobrevivientes de la masacre que se perpetró en estas empresas por parte de las Fuerzas Armadas, mandatadas por las patronales y sus gerentes, avaladas por dirigentes sindicales”. También alega que una verdadera comisión investigadora independiente debería estar integrada también por trabajadores sobrevivientes de las empresas en donde hubo torturas y desapariciones forzadas de personas y sus familiares, así como también aquellas víctimas del accionar de empresas como Editorial Atlántida (como los casos de Thelma Jara de Cabezas, Alejandrina Barry y otros), que sirvieron como órganos de propaganda ideológica para legitimar el exterminio que se estaba operando en nuestro país.
Al mismo tiempo menciona a otro actor fundamental en la lucha por la verdad y el juicio a los genocidas, por eso este proyecto incluye en la Comisión a todos los organismos de derechos humanos independientes y personalidades comprometidas con la lucha contra la represión y la impunidad.
Se trata entonces de dos proyectos: uno propone que radicales y peronistas investiguen el rol de los empresarios en la última dictadura militar, cuando son estos partidos los que colaboraron con la última dictadura militar. Los mismos partidos que desde 1983 aplicaron las políticas económicas que beneficiaron en forma excluyente a los grandes grupos económicos, incluyendo a aquellos que orquestaron el golpe militar.
El otro proyecto propone formar una Comisión investigadora independiente del Estado, integrada por familiares de los desaparecidos, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y personalidades que pelean contra la impunidad y por el juicio y castigo a todos los responsables, civiles y militares, que llevaron adelante el plan sistemático de exterminio contra la clase trabajadora que en esos años ganaba en experiencia y combatividad. Aniquilar este proceso fue el objetivo de militares y civiles. El proyecto de Del Caño le otorga protagonismo a esta clase y sus aliados. |
