Parafraseando e invirtiendo una de las máximas del militar prusiano C. Von Clausewicz, “la política es la continuación de la guerra por otros medios”. Y eso puede aplicarse para explicar el salto que ha dado la presencia en la palestra política de varios sectores de las fuerzas armadas que componen el entramado represivo del Estado en Catalunya.
Desde la ofensiva de los sindicatos policiales contra la CUP -que incluye desde denuncias a sus regidores hasta una manifestación que tuvo como epicentro la plaza Sant Jaume-, pasando por el pulso abierto por la participación del ejército en el salón de la enseñanza, son algunos de los episodios públicos protagonizados por los cuerpos armados del Estado español en Catalunya y que operan de esta manera en la arena de las tensiones políticas generadas por el proceso independentista.
Barcelona en Comú no ha querido pronunciarse, evitando roces con las fuerzas de seguridad, en especial con la Policía Municipal a la que está al frente.
La tensión entre el independentismo catalán está en saber qué papel tomarán los Mossos frente al proceso y si estos acatarán las órdenes del Estado central. Qué harán los Mossos si un juez ordena retirar las urnas en caso de un hipotético referéndum, preguntaba la CUP a Jordi Jané, consejero de Interior de la Generalitat en comisión parlamentaria: “Los Mossos estarán al lado del pueblo de Cataluña, de sus instituciones y de la legalidad vigente”, respondió Jané, con ambigüedad calculada.
A pesar de esta ambigüedad, esta pregunta ya ha sido respondida categóricamente tanto por responsables políticos como Jané, así como mandos policiales en la voz del jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero. Respetarán los dictados del Estado central.
Incluso han demostrado disposición a actuar de oficio contra militantes de la CUP, el ala izquierda del proceso, cuando la Audiencia Nacional ordenó la detención de 5 de ellos por la quema de fotografías del Rey. Y a su vez los que más enérgicamente piden que Interior deje de obedecer las órdenes del Gobierno español que afectan al proceso, o que estas queden en manos de la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Cabe mencionar que la última manifestación de policías que recorrió Barcelona fue en 2007 contra el ecosocialista Joan Saura, quien dirigía el Departamento de Interior de la Generalitat.
El ejército a la ofensiva en el Saló de l’Ensenyament
La Fira de Barcelona es nuevamente el escenario de tensión. El ejército español se prepara para su participación del próximo Saló de l’Ensenyament que se realizará en marzo sin acusar recibo del rechazo expresado por el Gobierno municipal y el Parlament de Catalunya. Es más, en esta edición se propondrán triplicar el espacio pretendiendo disponer de 100 m2.
El delegado de Defensa en Catalunya desde 2014, el coronel Luís Castuera Novella, confía que no encontrarán impedimentos y que su presencia en el salón es un hecho: “Nadie nos ha dicho oficialmente lo contrario, a pesar de lo que sale en la prensa” ha declarado.
La participación militar en este evento la decide, tramita e impulsa el ministerio de Defensa, que ahora comanda María Dolores de Cospedal (PP) con el apoyo de personal perteneciente al ejército para su ejecución. Por otro lado este encuentro convocado por la Fira, es coordinado por las Conselleries de Ensenyament y de Empresa y la presidencia institucional de Fira recae en la alcaldesa Ada Colau.
Está por verse si el Parlament y en especial Colau permiten finalmente su participación, o la Fira será una vez más el telón de fondo donde los gestos de izquierdas se desvanecen, como lo fue en su momento con el “Compromiso de las escaleras”asumido con los trabajadores de las contratas y la realización del Mobile World Congress.
Este martes pasado La CUP, ha recriminado al gobierno municipal su silencio sobre el asunto en la Comisión de Derechos Sociales. A su vez es parte junto a otras 77 entidades de la plataforma Desmilitaritzem l’Educació que bajo el lema “Las armas no educan, las armas matan”, se han manifestado contra la participación del Ejercito en este tipo de eventos.
Bajo la fachada de aparente neutralidad con respecto a la política, que pretenden mantener los mandos políticos y de los cuerpos de seguridad del Estado, se esconde una de las herramientas políticas de todo Estado fundado en la desigualdad, el “monopolio de la violencia” expresado en un aparato de control social y represión. La última línea de defensa de una clase social parasitaria y su casta política frente al descontento generado por la miseria que engendran.
Unos cuerpos represivos heredados directamente de la dictadura franquista y con una histórica y estrecha relación con grupos de extrema derecha y de conocida inclinación conservadora y católica.