El pasado 20 de diciembre se aprobó la Ley de Agua en el congreso de Baja California, con mayoría panista y los votos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Desde el momento de su aprobación el descontento se hizo notar, la aprobación se dio en el marco de protestas fuera de un congreso rodeado por policías.
La ley permitía el aumento de las tarifas y el corte del suministro tras 90 días de impago así como la privatización de servicio de agua potable.
Sin embargo, con el anuncio del aumento al precio de la gasolina y en un marco nacional de descontento y protestas, en Baja California se activan movilizaciones de decenas de miles de personas desde el 2 de enero.
Una larga lista de movilizaciones, la toma de la planta de Pemex en Rosarito por varios días, el levantamiento de plumas del puente internacional El Chaparral y el confluir de sectores magisteriales que enfrentan la reforma educativa con la población descontenta con la Ley de Agua, empujada a las calles por el gasolinazo, le impuso un panorama complicado al gobierno de Francisco “Kiko” Vega.
El pasado 12 de enero en Mexicali se realizó una movilización que congrego a más de 10,000 personas contra el alza en las tarifas del agua de más del 27%. Este domingo 15 de enero en la misma ciudad se realizó una segunda protesta que reunió a cerca de 45,000 personas.
Para el lunes 16 un grupo de manifestantes entregaron un pliego petitorio al subsecretario de Gobierno exigiendo la renuncia inmediata del gobernado Vega, y del conjunto de los diputados que votaron la Ley de Agua, así como el pago de sueldos y prestaciones retenidas a empleados estatales y la reducción del 25% del sueldo del gobernador y su gabinete.
El 17 de enero Francisco Vega anuncia la abrogación de la Ley de Aguas, afirmando que “el pueblo manda”, sin embargo, como buen protector de los intereses de los empresarios, advierte de las problemáticas que podría desencadenar echar atrás la ley.
Cae la Ley de agua, ¿pueden caer las reformas estructurales?
No podemos entender las masivas movilizaciones en Baja California, que hoy obligan al gobierno de Vega a recular en la privatización del servicio de agua, disociado de un enorme malestar que atraviesa a la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos.
En el marco de distintas movilizaciones y protestas contra el gasolinazo que han tenido lugar en casi todos los estados, echar atrás la ley de aguas es un conquista de la movilización que el régimen de Vega quiere utilizar para descomprimir las masivas protestas en un estado clave no sólo por ser frontera sino por su gran concentración manufacturera, migrante y jornalera.
Miles de personas hemos salido a las calles para reclamar la caída de las reformas estructurales a raíz del gasolinazo. Hemos visto como distintos sectores de trabajadores arropan esta demanda. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, la sección 271 del Sindicato Minero encabezó la movilización.
De manera más formal y por la enorme presión que atraviesa el conjunto de los sindicatos, la dirección de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llaman a movilización unitaria contra el gasolinazo hacia el 31 de enero.
Sin embargo, el potencial que hoy nos enseñan las movilizaciones en Baja California que obligaron a la abrogación de la Ley de Agua, abre la perspectiva del enorme potencial de las movilizaciones si éstas fueran nutridas por sectores de trabajadores que se planteen la necesidad de un paro nacional para echar abajo las reformas estrcuturales.
Sólo en el estado de Baja California pensar en la potente mezcla de jornaleros como los de San Quintín, los miles de obreros maquileros, los migrantes y trabajadores precarizados concentrados en centros de trabajo como los Call Centers, el magisterio que enfrenta la reforma educativa, los telefonistas que este 17 de enero hicieron una movilización en Tijuana repudiando la próxima asunción de Donald Trump y la población que ha salido masivamente nos da una mezcla potente que tiene el poder a nivel nacional de tirar las reformas estructurales y al régimen de Enrique Peña Nieto. | 
