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5 de abril de 2025 Twitter Faceboock

Salud Pública
277 médicos dejarán el sector público por no aprobar examen Eunacom
Kevin Bustamante | Médico de Familia, trabajador de Atención Primaria de Salud, militante del PTR.

Con esta medida dejarían de desempeñarse en el servicio de Atención Primaria (APS) cerca de 2.300 médicos, según la CONFUSAM.

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La repercusión mayor será para los sectores más precarizados. Cuestión que rige sólo para el sector público, pero no afecta para trabajar en la salud privada.

La “calidad” para el sector público y los millones para el privado

En diciembre pasado se realizó la última versión del Examen Único de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), prueba que para los médicos nacionales significa el último paso para su titulación y para los graduados en universidades extranjeras, la revalidación del título que les permitirá habilitarse para ejercer en el sector público de salud, específicamente, en la Atención Primaria de Salud (APS).

La regularización para los especialistas que se desempeñan en el nivel secundario dejará de depender de este examen y sólo deberán someterse a la evaluación de la CONACEM, entidad de carácter privado que tiene bajo sus funciones acreditar a los especialistas.

Este EUNACOM lo rindieron 2.642 médicos que estudiaron en el extranjero, entre ellos, médicos chilenos fomados en Cuba en la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM.

Lo que distingue esta versión a la de años anteriores (que se aplica desde el 2009) es que el 14 de febrero termina un período de dos años de prórroga para la regularización de títulos que el Ministerio de Salud (MINSAL) aprobó bajo la llamada Ley Miscelánea, que salió a paliar de manera transitoria aspectos de la crisis en la Salud Pública, como medida parche ante el déficit del “recurso médico” que se vuelve una enfermedad crónica sin cura ni estabilización.

Ejemplo de esto es la comuna de Longaví donde siete de siete doctores que tenía el centro asistencial son extranjeros y reprobaron el examen, es decir, desde febrero no tendrán médico en esa localidad.

El Ministerio de Salud a través del Subsecretario (s) de Redes Asistenciales (Vladimir Pizarro) comunicó que los médicos que abandonarían la red pública sería del orden de 277, basándose en los 881 médicos que se contabilizaron bajo el amparo de la mencionada Ley Miscelánea, sin embargo, el dirigente de la CONFUSAM, Esteban Maturana, habla de una potencial desvinculación de un aproximado de 2.300 profesionales médicos.

¿Qué hay detrás de tan preocupantes y contradictorias cifras?

Desde el año 2009 el MINSAL mediante la Ley 20.261 establece que el “…examen único nacional de conocimientos de medicina será una prueba diseñada y administrada por la asociación que reúna al mayor número de escuelas de medicina del país…”, así este medio de revalidación de títulos quedó licitado a una entidad de derecho privado, la ASOFAMECH (Asociación de Facultades de Medicina de Chile) que se encarga de confeccionar un examen que se pretende el piso mínimo de conocimientos para los médicos que ingresarían al sector público y como un supuesto parámetro de calidad, cuestión que hasta ahora no ha sido demostrada.

De esta forma el MINSAL, irresponsablemente, delegó la administración del proceso que controla el ingreso de médicos al sector público, ¡y sin regular el flujo hacia el sector privado!, a una asociación privada que aplica un examen que metodológicamente está lejano a responder a las necesidades del sector al que la mayor parte de estos médicos se dirige: la Atención Primaria de Salud.

No por nada la Contraloría General de la República dictaminó a fines del año pasado que “el EUNACOM no rija como requisito de ingreso a los empleos de los servicios de salud….estas materias exigen la dictación de una ley” y que en sus memorias “ha advertido que existen deficiencias en el diseño legal de la administración y fiscalización de este examen” ; dictamen que no va más allá de la advertencia de que algo anda mal, pero que no aplica determinaciones serias con respecto a lo que acusa.

El MINSAL se escuda en cifras más que conservadoras y pregona que la situación será mitigada con el ingreso de médicos recién egresados que están transitoriamente por tres años en la APS, como trampolín hacia la consecución de una especialidad fuera del nivel primario de salud, son los médicos en Etapa de Destinación y Formación).

Pero la misma rotación de médicos no deja de atentar contra el principio de longitudinalidad, es decir, la permanencia de profesionales que acompañen a lo largo de la vida a la comunidad que se atiende en los Centros de Salud Familiar (CESFAMs).

En resumen, estamos ante un sistema privado de administración del recurso médico que ingresaría al sistema público de la salud, mediante un método poco transparente, con falencias metodológicas y que perpetúa el lucro: 970 millones de pesos anualmente sólo por concepto de inscripción y cursos de preparación de 1 millón anual por inscrito e impartidos en muchos casos por docentes con conflictos de interés que luego aparecen en el proceso de evaluación del examen.

Se evidencia la política económica neoliberal que avanza hacia la contracción del sector público, favoreciendo liberalmente el protagonismo de entidades privadas que lucran con las necesidades de una población carente de derechos. O acaso estos miles de médicos que no puedan ejercer en la Salud Pública ¿no buscarán ejercer la profesión en el sector privado? Un escenario no poco probable si recordamos que la ley no hace mención a este sector, con la terrible consecuencia de que el gasto de bolsillo de los chilenos aumente o que simplemente el acceso a este derecho se restrinja más aún para quienes su única opción es un consultorio o un hospital público.

Luces ante el problema

Los médicos chilenos graduados en Cuba, organizados en la Agrupación de Profesionales Graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM-Chile), han venido trabajando el problema y han confeccionado un propuesta para afrontar, simultáneamente, el déficit de galenos en el sector y la aplicación de una herramienta idónea que evalúe la calidad de los prestadores médicos en la APS.

Esta consiste en que una entidad pública integrada por los ministerios de Salud y Educación administre el proceso de revalidación ejecutado mediante un período de evaluación teórico-práctica de dos años en los centros de APS del país donde se evalúen contenidos atingentes al ejercicio del médico general, tutoriada por médicos en ejercicio, considerando la carencia geográfica de médicos y que contribuya al desarrollo de los objetivos sanitarios que actualmente se pretenden en el área de la salud primaria: un Servicio Social Médico.

Esto permitiría aterrizar la metodología de revalidación en el marco del modelo de salud familiar, con transparencia y sin el detrimento en calidad, arrebatándole, por supuesto, el control a los privados en esta materia. Dicha propuesta ha sido entregada y es conocida por el MINSAL, la CONFUSAM, la Asociación Chilena de Municipalidades y el parlamento y a pesar de que no ha sido rechazada por nadie, tampoco se ha tenido la voluntad de avanzar hacia una solución real basada en una idea planificada como la que presenta la ELAM.

Enfrentarse a una crisis en curso

La posible desvinculación de miles de médicos traerá consecuencias que a simple vista se avizoran como la reducción del acceso a la atención, colapsos en los servicios de urgencia (SAPU), pauperización de la dinámica de los trabajadores de la salud ante una demanda incontenible con la insuficiente dotación de médicos que quedaría en ejercicio. La reforma de salud promulgada el 14 de febrero del 2004, impulsada por Ricardo lagos y su cuñado, avanzó a pasos agigantados a la privatización de la salud bajo el prisma de la complementariedad pública–privada y con el supuesto de fortalecer la atención primaria de salud, cuestión que hoy nuevamente se pone en duda y sin posibles soluciones a corto plazo o largo plazo.

Es por esto que usuarios y funcionarios de la salud, especialmente los de APS, debemos estar más que nunca involucrados en la resolución de un conflicto que al amparo de la institucionalidad no encontrará más que dilataciones y soluciones parche para una crisis de carácter estructural. Crisis generada por la estrategia neoliberal donde la Salud se administra como mercancía y no como un Derecho, derecho que sólo será conquistado con la organización, y la lucha que puedan dar los trabajadores mismos del sistema de salud público de este país.

 
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