Acusado de peculado y delitos contra el patrimonio estatal de Nuevo León, Rodrigo Medina pasó a formar parte de los ex gobernadores que, al amparo de las instituciones, realizó desfalcos millonarios durante su administración, algunos, a favor de la armadora KIA Motors.
Luego de ser acusado por peculado y delitos contra el patrimonio del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, ex gobernador de la entidad por el PRI, fue ingresado al penal de Topo Chico. Esto, lejos de ser una muestra del "buen funcionamiento" de las instituciones, es una prueba más de cómo los gobernadores hacen uso del erario y cómo, bajo el cobijo de esas mismas instituciones, orquestan desfalcos millonarios a favor de intereses de empresas privadas o propios, con total impunidad.
Acusado de "un probable daño" por más de 3 mil 128 millones de pesos en detrimento del erario de Nuevo León, en el periodo que fue de 2009 a 2015, Medina enfrenta "prisión preventiva". Esto, luego de haber sido acusado en 2016 de haber otorgado incentivos irregulares a la armadora KIA Motors, así como por exenciones de impuestos. Es señalado por haber otorgado, sin concurso, la encomienda de preparación del suelo para la construcción de una planta de KIA Motors a Grupo Allende, sociedad de la que es partícipe el padre del ex gobernador, Humberto Medina.
Pese a esta acusación, el Juez de Control consideró que no se podía acreditar la participación directa de Medina, aunque también aceptó que los delitos existían. La mañana de este jueves se dictaminó que el ex gobernador debía ser juzgado por "autoría intelectual". Así, Medina deberá permanecer en prisión preventiva hasta el 24 de febrero. La defensa de Medina se ha manifestado como "sorprendida" por la medida ya segura que hay "favoritismo" para la aplicación de la misma.
Una raya más al tigre
Los casos de ex gobernadores que han sido acusados de algún tipo de manejo fraudulento o irregular han sido el pan de cada día en nuestro país. A pesar de las pruebas y testimonios en su contra, el manejo que le han dado los partidos y las instituciones a este tipo de casos ha sido el que, por regla, deriva en una situación de impunidad, de privilegios y de franca burla en contra de los millones de trabajadores que son afectados por los desfalcos de estos políticos. Todo en defensa de los integrantes de los partidos al servicio de los empresarios, responsables de la entrega del país, la opresión y la miseria, como el PRI, el PAN y el PRD.
Quizás el caso más emblemático de los últimos años, es el de Javier Duarte, también priista y aún prófugo de la "justicia". Duarte es el ejemplo del gobernador que durante toda su administración enfrentó denuncias y continuó adelante, con el aval de su partido y de todas las instituciones que, una vez destapada la cloaca, buscaron salir a lavarse la cara con una simulación de "proceso" en su contra.
En la cumbre del cinismo, Medina ha salido a declarar que se trata de un caso de "persecución política en su contra", mientras que su padre, Humberto Medina Ainslie, ex procurador de Coahuila, quien enfrenta una orden de aprehensión por sacar sin autorización equipo médico de un patio aduanal de tipo federal, ha buscado explicar sus millonarias propiedades argumentando que son producto de "actividad empresarial".
