Fotografía: Alfredo Jaramillo
La Ciudad de Buenos Aires produce 6.000 toneladas de basura al día. Según cifras oficiales, un 45 por ciento de esa cifra (unas 2.800 toneladas) es reciclado gracias al trabajo de 4.500 recuperadores urbanos, el nombre con el que los cartoneros lograron afirmarse en la economía formal tras quince años de lucha.
Gustavo Ibáñez tiene más de 50 años y vive en Moreno. Conoce bien el trayecto entre Caballito y su casa en el oeste del Gran Buenos Aires: tras la crisis del 2001 se sumó a los miles de cartoneros que comenzaron a ir y venir en el tren Sarmiento a un lado y otro de la General Paz.
“Éramos independientes”, recuerda ahora sentado en un trailer de la calle Yerbal, en Caballito, donde funciona la cooperativa Recicladores Urbanos del Oeste (RUO), que fundó junto a otros seis compañeros que viajaban en el Sarmiento más de 15 años atrás. De los miembros originales sólo quedan dos, sobre un total de 700 cartoneros que por entonces hacían el trayecto.
En los andenes del tren tuvieron que empezar a organizarse por la fuerza, recuerda. Había que encontrar un modo de que todos los cartoneros pudieran entrar al vagón con sus carros, sin que se nadie se quedara afuera.
La inspiración para organizarse y armar una cooperativa, relata, fue un ejemplar del diario Clarín: ahí vieron por primera vez una noticia que anunciaba que el Gobierno de la Ciudad estaba pagando un subsidio a cada cartonero que trabajaba en el reciclado.
Consiguieron que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) los inscriba tras sortear una dificultad obvia: “No había un rubro donde ponernos: no éramos metalúrgicos, pero tampoco había una categoría para cirujas”.
Al principio cobraban 200 pesos por llevar el material reciclable desde la capital a la provincia de Buenos Aires, en el marco del programa PRU que el Gobierno de Aníbal Ibarra creó en 2003 con el objetivo de “incorporar a los recuperadores de residuos reciclables”, según indicaba el texto de la ley. El programa también contemplaba la entrega de pecheras y vacunas, y de a poco comenzaron a darles camiones en comodato.
A cambio llevaban los residuos a provincia, donde había galpones de acopio que les pagaban por los bultos de papel, cartón, vidrio y plástico. “Unos privados que les venden el material a otros privados que después se lo venden a la fábrica”; así resume Ibáñez el funcionamiento del sistema de reciclado, que se mantiene sin cambios hasta hoy. Para llegar hasta ahí a veces tenían que caminar hasta 60 cuadras con los carros a cuesta.
Ibáñez es ahora el presidente de su cooperativa y dice que está satisfecho con la relación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pese a varios incumplimientos. Sin embargo, el año pasado los 4.500 recuperadores urbanos que trabajan en el ámbito de la ciudad se pusieron en alerta tras enterarse de que había un proyecto presentado ante el Ministerio de Ambiente y Espacio Público para privatizar la recolección y permitir que las empresas absorbieran a las cooperativas.
Ibáñez y el resto de sus compañeros sabían lo que eso significaba: “De 600 íbamos a quedar 50”. Por eso en julio pasado convocaron a una movilización que terminó frenando el proyecto, pese a que las autoridades nunca reconocieron su existencia.
En encuentros con el Gobierno lograron conseguir un magro aumento para los cartoneros afiliados a la cooperativa: a partir de octubre pasan a cobrar 3700 pesos en lugar de los 3300 que cobraban mensualmente por hacer su trabajo. Un aumento de sólo el 10 por ciento, en un contexto donde la inflación anual medida por el Congreso en enero trepa hasta el 40 por ciento.
Una gran parte de los trabajadores dedicada al recuperado de los residuos de las denominadas “campanas verdes” puede llegar a cobrar 6.400 pesos . Un 70 por ciento de los afiliados de RUO trabaja bajo esa modalidad. También administran entre todos el centro verde de Varela y Janer, en Flores, donde seleccionan los materiales reciclables que recogen los cartoneros de la cooperativa.
“El problema ahora es el pliego”, explica Ibáñez en referencia al denominado contrato de pliego de materiales reciclables que venció el año pasado tras cuatro de vigencia y uno de prórroga. “Tenemos dudas”. En el texto del contrato ya no se habla de “cooperativas” que realizan el trabajo: se habla de “contratistas”. La última noticia que recibió es que el Gobierno de la Ciudad decidió dar marcha atrás con ese proyecto.
Además, indica, el servicio presenta falencias: sólo se ha cumplido el 35 por ciento de los objetivos contemplados en el contrato anterior. Tampoco se realizaron las refacciones pactadas de los Centros Verdes y las empresas a cargo de los trabajos -que algunas fuentes vinculan al presidente de Boca y amigo de Mauricio Macri, Daniel Angelici- ejecutan las obras con demora y están deterioriadas, apenas pocos meses después de finalizadas.
El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta respondió con evasivas a las consultas de este cronista sobre la participación de empresas privadas en las tareas de reciclado urbano. Analía Fabre, vocera del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se limitó a señalar que “no hay empresas privadas que participen de la cadena de reciclado”.
Diego Huberman, vocero del titular de la cartera, Eduardo Macchiavelli, se quejó de que los cartoneros “deberían cubrir toda la ciudad pero no lo hacen” y que “tiran material que no les sirve”. No respondió consultas sobre futuras mejoras salariales de los recicladores urbanos ni sobre las demoras en la entrega de uniformes, que los recuperadores denunciaron en varias oportunidades.
El 25 de enero, Rodríguez Larreta encabezó la inauguración de una planta de reciclado de residuos secos, a la que calificó como “la planta más moderna que hay en toda la Argentina”. Allí trabajan 33 recicladores urbanos de una cooperativa. Sin embargo, ninguno de sus funcionarios dio una respuesta sobre el futuro que les espera a los 4.500 trabajadores que se desempañan en el sector, ante la posible aparición de una nueva contratista. | 
