El juicio a Mas, Rigau y Ortega se extenderá a lo largo de la próxima semana y será el inicio de toda la saga de juicios contra dirigentes de la antigua Convergència i Unió. Estos procesos judiciales son políticos y tienen centralmente el objetivo de parar el movimiento social por la autodeterminación nacional. Por ello, es importante que el pueblo se movilice contra la realización de los mismos. No podemos permitir que el Régimen del 78 y el Gobierno de Rajoy continúen atacándonos sin defendernos.
Los juicios promovidos desde el Gobierno central contra los dirigentes convergentes entierran la “operación diálogo” si es que alguna vez estuvo viva. Rajoy y el PP pretenden castigar al pueblo catalán por la osadía de querer tener derecho a decidir su destino y reivindicarlo en las calles. Con penas de entre 9 y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la vía judicial del “diálogo” de Rajoy se pretende que el pueblo catalán se quede en casa hasta las próximas elecciones.
La vía judicial ataca a todas las formaciones soberanistas. No hay que olvidar el caso de quienes quemaron las fotografías del Rey, o el regidor de Vic denunciado por la famosa frase de romper los huevos para hacer tortilla, o el caso de los regidores de Badalona que pretendían trabajar en 12 de octubre pasado, entre muchos más. Hay que acabar con la vía judicial del centralismo español mediante la masiva movilización social.
Ahora sí, Junts pel Sí está convocando y organizando una movilización masiva para el lunes. De hecho, la cantidad de personas registradas desborda las previsiones de los organizadores. Ésta es la primera movilización importante por fuera de las díadas que organizan las entidades soberanistas, desde el 9N.
Si el PDeCAT, ERC y Junts pel Sí, pensaran de verdad en derrotar la vía judicial de Rajoy la movilización del lunes debería ser la primera de una amplia movilización popular. Sin embargo, hasta ahora estos partidos han evitado toda movilización social, restringiendo la lucha por el Referéndum a las instituciones y las declaraciones. Frenar y anular los juicios políticos contra Artur Mas y compañía, no significa en absoluto un apoyo político a su estrategia de desmovilizar al pueblo y llevar todo a la vía muerta de las instituciones.
Una defensa que minimiza el 9N
Francesc Homs está siendo juzgado por desobediencia al haber participado de la organización de la Consulta del 9N en 2014, al igual que Mas, Rigau y Ortega. En aquel momento la Generalitat había convocado a una Consulta para votar sobre la independencia. Pero el Tribunal Constitucional la suspendió ipso facto. Sin embargo, el Govern continuó cambiando la consulta por el “proceso participativo” en el cual votaron más de 2,3 millones de personas. Una enormidad. Este proceso también fue anulado por el Tribunal, a pesar de lo cual se acabó realizando.
La defensa de Homs insiste en minimizar la votación del 9N, igual que la defensa de los otros miembros del Govern. Insisten en haber respetado al Tribunal Constitucional y al igual que las declaraciones de Rajoy argumentan que no hubo tal Consulta. Por tanto no hay causa. Esto es lo que demuestra que es un juicio político. Homs plantea que lo que hubo fue una movilización social en la cual la ciudadanía manifestó su opinión.
No es ninguna casualidad que los juicios sean por la convocatoria de votación del 9N. Aunque la votación no fue vinculante, el 9N fue la movilización más amplia de todas y, por cierto, la última por fuera de las díadas. El Régimen del 78 quiere castigar con estos juicios a la movilización popular, quiere canalizarlas por el estrechísimo camino de las instituciones del 78. Camino por el cual nos llevan Convergència y Esquerra al respetar siempre los dictámenes del Tribunal Constitucional y las instituciones del Régimen del 78.
Esta visión del 9N, coincide con las declaraciones de Mariano Rajoy. El Presidente había declarado, el día anterior al 9N, “Lo de mañana no es un Referéndum, ni es una consulta”. Y, posteriormente, “Dije que el referéndum no se celebraría y no se ha celebrado”. Lo que se produjo el domingo, explicó, fue un “simulacro electoral, sin censo, sin interventores, controlados por los que defendían una postura, que fueron juez y parte”. Artur Mas justificaba el 9N como una encuesta con la cual el Govern catalán quería conocer la opinión de los catalanes.
Esta estrategia de defensa, también es compartida por Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Todos ellos junto a Homs han pedido la citación del Presidente español con el fin de corroborar dicha tesis. Esta defensa hipoteca la realización del Referéndum, puesto que es imposible realizarlo dentro del estrecho marco legal actual. El Referéndum será unilateral o no será. Se conquistará en las calles o no se conquistará.
¿Quién garantizará el Referéndum?
Dentro de la CUP comienzan a haber sectores que desconfían de la voluntad del President sobre la convocatoria del Referéndum. La organización Endavant en una declaración pública expresaba: “si el setembre no hi ha referèndum, el govern haurà d’assumir tota la responsabilitat” (Si en setiembre no hay referéndum, el Govern tendrá que asumir toda la responsabilidad). En el mismo documento, Endavant critica la decisión de apoyar los presupuestos adoptada por la CUP al ser unos presupuestos “antisocials, liberals i continuistes”. Esto es un claro indicativo de que a Puigdemont y Junqueras se les está acabando el crédito político.
Hay que pensar que un Referéndum convocado teniendo en contra el Estado español y sus instituciones sólo podrá realizarse basado en la más amplia movilización social. Si no, ¿cómo podrán abrirse colegios, colocar urnas, etc.? Pero, Junts Pel Sí ni llama a la movilización social, ni realiza preparativo alguno. Si el Referéndum es convocado, no pasará de ser una convocatoria, a menos que el pueblo se lo quite de las manos a los dirigentes del Govern catalán. ERC y el PDeCAT se preparan es para el fracaso del Referéndum y nuevas elecciones autonómicas.
La convocatoria del Referéndum solo podrá ser garantizada si los trabajadores y el pueblo catalán la toman en sus propias manos. No debe dejar la tarea de convocarlo a las instituciones autonómicas, a los dirigentes del Junts pel Sí que llevan varios años marcando el paso en el mismo lugar.
Para poder torcer el brazo al Gobierno, el Constitucional y el Régimen del 78 podrá encontrar como aliados a los trabajadores y pueblos del resto del Estado que también son castigados por el Gobierno central. Es esta alianza la que permitirá acabar con éste régimen “atado y bien atado” y abrir el camino para una colaboración fraternal de los trabajadores y los pueblos de la península. | 
