Se trata de las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 que abrieron la explotación de hidrocarburos al capital privado. Un regalo de Peña Nieto a las trasnacionales.

El 20 de diciembre de 2013 se publicó el decreto por el cual se modificaron esto artículos, que permitieron la entrega al capital privado de las actividades del sector energético.

Según se consigna en el Diario Oficial de la Federación, en el artículo 25 se establece: “La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.”

A su vez, en el artículo 27 se establece que “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares.”

Y el artículo 28 determina “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.”

Reforma energética: entrega y gasolinazo

La reforma energética fue creada por el equipo de Hillary Clinton cuando la demócrata era secretaria de Estado de Barack Obama. Peña Nieto, con el aval de los partidos del Pacto por México -Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN)- impuso la reforma, votada por el Congreso de la Unión en 2013.

Estas modificaciones a la Constitución de 1917 se realizaron para legalizar la entrega de Pemex y la explotación de hidrocarburos por parte de empresas privadas que ya se venía realizando. Como sucedió con Mexichem, trasnacional que obtuvo la explotación de parte del complejo Pajaritos en Veracruz en 2012, incluso antes de la votación de la reforma energética. Producto de sucesivos recortes al presupuesto para mantenimiento y seguridad de la planta, así como de recortes de la planta de trabajadores, tuvo lugar la explosión en la planta Clorados III en abril de 2016, un verdadero crimen industrial.

Así es que el gobierno de Peña Nieto pudo avanzar en el vaciamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) -incluyendo decenas de miles de despidos-, y el remate de los campos petroleros a distintas trasnacionales. Esto junto con la aplicación de los esquemas de exploración y explotación compartida, como el farm-out, mediante los cuales las trasnacionales se llevan la parte del león.

A través de este proceso, México, un país petrolero, se transformó en un país importador de combustibles. Y es la importación de combustibles, atada al precio del dólar, el torpe argumento que utiliza el gobierno para justificar el gasolinazo, frenado hasta el 18 de febrero.

El paso siguiente es avanzar hacia la liberación del precio de las gasolinas, cuyo inicio son estos gasolinazos que impulsaron a decenas de miles en todo el país a tomar las calles.

Peña Nieto, en su Mexican Moment, cuando fue la aprobación de las reformas estructurales, se congratulaba de que con la reforma energética bajarían las tarifas de suministro de energía eléctrica. Y con el gasolinazo, sucedió todo lo contrario: el aumento de combustibles llevó al aumento de las tarifas de luz, y también de los precios de la canasta básica.

Los grandes beneficiarios de la modificación de la Constitución y de la aplicación de la reforma energética son las trasnacionales y el gobierno. Por eso, es necesario fortalecer y extender las protestas contra el gasolinazo y los planes de Peña Nieto y el imperialismo estadounidense.