Luego de una denuncia penal presentada por los trabajadores de clarin, el diputado nacional Néstor Pitrola y el secretario adjunto de la Comisión Interna del Sindicato de Trabajadores Gráficos, Marcelo Quinteros, el fiscal federal Juan Pedro Zoni fue quien dictaminó a favor de impulsar la denuncia y pidió establecer “si funcionarios pertenecientes a alguna fuerza de seguridad realizaron filmaciones o investigaciones ilegales vinculadas al conflicto laboral” a raíz de los 300 despidos en la planta gráfica.
Según la denuncia, desde el primer día del “lockout patronal” en la empresa, los trabajadores en ejercicio de su derecho de huelga y las organizaciones gremiales y sociales que los acompañaron fueron víctimas de acciones de espionaje.
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Estas acciones habrían sido cometidas por miembros de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana pese a no existir ningún tipo de denuncia contra los trabajadores, según la denuncia presentada.“Los trabajadores de AGR-Clarín y todas las organizaciones solidarias estamos sufriendo un asedio de los servicios de inteligencia”, denunció Pablo Viñas, uno de los delegados de los trabajadores.
Zoni pidió investigar si tal como afirmaron los denunciantes hubo observaciones de manera permanente y un operativo policial que incluyó dos camionetas desde donde se filmaba sin orden judicial alguna. | 
