Tal como lo hizo en diciembre pasado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, pide reactivar el juicio político contra la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Hoy enviará un escrito a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que se contemple como antecedente judicial el fallo del juez Esteban Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, donde consta la suspensión de designaciones y traslados de fiscales realizados “a dedo” por Alejandra Gils Carbó.
El fallo de Furnari cuestiona el mecanismo de concursos que impuso Gils Carbó, por el cual los jurados no son designados por sorteo, sino por decisión de la procuradora. Este será un nuevo argumento para reiterar el pedido de juicio político contra la procuradora general de la Nación.
El Colegio de Abogados de la Ciudad centró en cuatro puntos sus denuncias y argumentos para el pedido de avance del juicio político: “las ilegales designaciones resultantes de la creación de la cuestionable PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)”; “el nombramiento presuntamente irregular de dos fiscales subrogantes”; “la modificación del régimen de selección de fiscales”; “la "improcedente práctica de cubrir cargos sensibles con fiscales designados para otras jurisdicciones".
En un comunicado de la Procuración General se aclaró que "esa resolución no suspende el ejercicio del cargo ni afecta la validez de los actos de ningún fiscal cuyo proceso de selección haya tenido lugar bajo el reglamento impugnado", por lo cual Gils Carbó seguiría adelante con esas designaciones y traslados.
Además Gils Carbó dijo también que el régimen de designación de fiscales "fue convalidado a lo largo de los últimos cuatro años por dos poderes ejecutivos de signo político diferente, así como por el Senado de la Nación, con sus diferentes composiciones".
El Gobierno nacional viene insistiendo hace meses en poner fin al mandato de la Procuradora, a quien se la considera una de las últimas “trincheras” del kirchnerismo en el Estado.
Primero fue el intento de acortar su mandato hasta agosto de 2017 que no lograron que sea ley votada por el Congreso, por eso empezaron los pedidos de juicio político para intentar su destitución. Con el fallo del juez Furnari suman argumentos y vuelven a reactivar los pedidos de juicio político.
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