Juan Carlos Marino, presidente de la comisión de fiscalización de organismos de inteligencia
El funcionario designado desde 2016 como Presidente de la Comisión de Fiscalización de organismos de inteligencia es el radical Juan Carlos Marino. Dentro de su órbita cabe no sólo aprobar presupuestos para operaciones si no también auditar el accionar de todas las ramas de inteligencia: AFI, Ejército, Prefectura Naval, PSA.
En una charla radial con el cuestionado periodista Jorge Lanata, el radical comentó que servicios como la CIA o la Mossad invierten en espionaje contra terrorismo y narcotráfico, y luego se destina presupuesto para espiar periodistas, políticos y activistas; en tanto en Argentina ocurre lo inverso.
Como desliza Marino, en la Argentina la prioridad son los carpetazos y los “Proyecto X”. Cabe recordar que casos como “Proyecto X” violan la Ley 23.592, que refuerza las garantías constitucionales, y recuerda que se considera damnificación cualquier persecución por “ideología, opinión política o gremial”.
Entre las atribuciones de la Comisión de Fiscalización de Organismos de Inteligencia también se encuentra el Informe Anual de las Actividades de Inteligencia que es de carácter secreto, igual que el presupuesto “dudoso” que destina a sus respectivas tareas. Posteriormente el análisis de las actividades anuales de inteligencia se remiten a Presidencia de la Nación y al Congreso Nacional.
Otra función de la Comisión de Fiscalización es monitorear los planes de estudio de la Escuela Nacional de Inteligencia, donde se forman los futuros “James Bond” que luego oficiarán de topos, analistas informáticos y realizarán infiltraciones en marchas, organizaciones, universidades y partidos. Un dato que no es menor, como señaló Marino en la entrevista, es que Inteligencia está a la caza de los mejores promedios de la UBA en el área de comunicación, economía y otras carreras, para convertirlos en los “mejores espías”.
La entrevista de Marino acaba con la farsa de la desmantelación de la SIDE, es decir, la AFI puede realizar tareas de espionaje sobre organizaciones políticas, bancos, compañías, protestas –cabe recordar la “criminalización de la protesta” que parte del Poder Ejecutivo y los medios que le ofrecen blindaje mediático- y acciones que atenten contra la ciberseguridad. |