Este martes por la tarde se conoció la noticia de la imputación al presidente Macri y al Ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad. La misma está vinculada al acuerdo celebrado entre el Gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A., cuyo propietario era, nada más y nada menos, el padre del primer mandatario. Ese acuerdo permitiría condonar al Poder Ejecutivo más de $ 4.000 millones, según distintas estimaciones.
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El caso deja en evidencia el escandaloso aprovechamiento de los recursos y mecanismos del Estado en pos del beneficio personal. Esa actitud no es privatiza de Macri y el PRO, sino que alcanza al conjunto de los partidos políticos patronales. Todos han tenidos su José López, sus Fernando Niembro o sus Amado Boudou.
Sin embargo, lo que resulta más escandaloso es el hecho de que la enorme mayoría de los casos solo alcanzan los estrados judiciales cuando esos funcionarios dejan el poder. Algo que permite poner en evidencia la complicidad de jueces y fiscales con el poder político de turno. Si el refrán reza que “entre bueyes no hay cornadas”, se puede afirmar que entre integrantes de la casta política tampoco las hay marcadamente.
Un informe publicado recientemente en el sitio Chequeado.com - realizado por Matías Di Santi y Ariel Riera-, da cuenta de que más del 90 % de los casos de corrupción que llegan a los tribunales, solo lo hacen cuando los funcionarios han dejado el poder. Sólo un 9 % de los casos tienen lugar cuando los mismos todavía están en funciones.
El dato, en sí mismo, no alcanza para mensurar la impunidad de la que goza la casta política. Los porcentajes antes mencionados se dan sobre cifras increíblemente bajas. La totalidad de los casos que llegaron a los estrados judiciales entre 1995 y 2016 es de apenas 59 personas. De ese número, un 60 % fueron procesados o condenados por la Justicia Federal. Son apenas 3 los casos de funcionarios que fueron procesados estando en funciones. Y el nombre de Amado Boudou aparece en la mayoría de esos procesamientos.
Los números dejan al descubierto la increíble impunidad de una casta política que ejerce la gestión del Estado capitalista en función de los intereses del gran capital. Una casta política que se enriquece en su función y aprovecha todos y cada uno de los resortes del Estado para su beneficio particular.
A la corrupción ilegal hay que sumarle lo que es, en los hechos, un mecanismo de corrupción abierta: los salarios y dietas recibidos que pueden significar una cifra decenas de veces superior a lo que gana en promedio el conjunto de la clase trabajadora argentina.
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En el concierto nacional, la única fuerza política que ha mostrado una práctica completamente opuesta en este terreno ha sido el Frente de Izquierda, con legisladores que donan parte de su dieta a las luchas obreras y populares.
En noviembre de 2016, luego de que la Cámara de Diputados de la nación tuviera que retroceder del dietazo que se habían auto-adjudicado, la diputada nacional Myriam Bregman (PTS-Frente de Izquierda) señalaba “los diputados del Frente de Izquierda fuimos los únicos que denunciamos este ’dietazo’ acordado entre gallos y medianoche por todos los bloques mayoritarios (…) No puede ser que los que ejercen funciones públicas no vivan como el resto del pueblo trabajador, por eso vamos a insistir con nuestro proyecto para que todos los diputados ganen como una maestra”.
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