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5 de abril de 2025 Twitter Faceboock

Trabajadores
Estado obliga a Angloamerican a pedir disculpas públicas por prácticas antisindicales contra trabajadores contratistas

Los dirigentes sindicales aseguran que el Estado confirma quién es el real empleador al acoger la denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta por la Federación de Contratistas de los Bronces en el contexto de las movilizaciones por el Acuerdo Marco con Angloamerican de 2016.

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La Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente acogió la denuncia interpuesta en contra de la minera Anglo American S.A. hecha por la Federación de Trabajadores Contratistas de Los Bronces, confirmando con esto que la compañía efectivamente realizó prácticas antisindicales para impedir que se actualizara el instrumento colectivo conquistado el año 2014 por tal organismo sindical. Durante la jornada de este lunes, se realizó una mediación en la que la Dirección del Trabajo puso tres medidas compensatorias que si la compañía no cumple será el Estado el que interponga la demanda.
Las medias son que Angloamerican debe ofrecer disculpas públicas a la Federación de Trabajadores Contratistas de los Bronces, que se reincorpore a los dirigentes que se les bloqueó el acceso a faena y que se establezca una reunión mensual entre la gerencia de Angloamerican y la Federación.

Para el actual presidente de la Federación de Trabajadores Contratistas de los Bronces, Rodrigo Jiménez es una resolución importante en el sentido que “se demuestra que el real empleador es Angloamerican. Por eso es un precedente respecto a la lucha contra el subcontrato”, ya que a través de la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, se negó a actualizar el Acuerdo Marco que establece condiciones comunes para los trabajadores contratistas. A esto, el dirigente agregó “Anglo, quiere hacernos retroceder al derecho individual, donde la relación es fuerzas le da total impunidad a los patrones para establecer las condiciones laborales”.

Los hechos

Un informe realizado por la Dirección del Trabajo Región Metropolitana Oriente constató que el 26 de septiembre de 2016, la Federación de Trabajadores Contratistas de Los Bronces se dirigió a la compañía Angloamerican para exigir la actualización del Acuerdo Marco que obtuvo mejoras en las condiciones comunes de trabajo el año 2014. La compañía respondió el 9 de octubre y hubo mesas de negociación durante alrededor de dos meses, la empresa se negó a que el instrumento colectivo fuera firmado por la Federación. Los contratistas realizaron dos paralizaciones una el 16 de noviembre y luego del 25 al 31, acogiéndose en el derecho fundamental a huelga, conferido por los convenios internacionales a los que suscribe el Estado de Chile.

La política de la empresa fue deslegitimar a la Federación como interlocutor válido a través de calumnias, y presiones a los trabajadores a firmar con las empresas contratistas las mismas condiciones que exigía la Federación, pero como modificaciones de los contratos individuales de los trabajadores. Es decir, la intención era desconocer el derecho a negociar colectivamente de los trabajadores contratistas.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública respondiendo a un recurso presentado por Anglo en contra de la Federación, recientemente entregó un informe donde tildó las acusaciones de presuntos secuestros como “exageradas”, “arbitrarias” e “infundadas”, de un “tenor exacerbado” y “tergiversación de los hechos”.

Con esto, confirma la versión de los trabajadores, desmintiendo a la compañía, que divulgó acusaciones de secuestros de trabajadores en la faena que se encontraba tomada por los huelguistas. La “instrucción por parte de Anglo American, reconocida por parte del Gerente General de la compañía”, era que las empresas contratistas presionaran a los trabajadores para obtener sus firmas en declaraciones juradas, que falsamente, denunciaban ser “secuestrados en contra de su voluntad” durante el paro.

Además, desmiente que los manifestantes impedían el ingreso de camiones con “cal para el tratamiento de relaves”. Asegurando que con ello se pondrían en riego ambiental a todo Santiago con “consecuencia inmesurable e inmediata la contaminación de los cauces de agua que son afluentes del Río Mapocho”.

La acusación estaba apoyada en un “informe emitido por el SERNAGEOMIN, cuyo tenor y contenido ameritaban la intervención del Ministerio del Interior y Seguridad Pública” y que más tarde fue desmentido sobre la base de los informes realizados por Fuerzas Especiales de Carabineros que intervinieron a raíz de estas acusaciones, estableciendo que la empresa no garantizó los 10 camiones con cal que había comprometido.

En tanto, el informe del abogado Claudio Salas González, de la DT Regional Oriente asegura que Anglo obligó a sus empleados a firmar anexos individuales que contenían los beneficios negociados por la Federación, bajo amenaza de despido e impedimento de acceso a la faena, concluyendo que el solo hecho de suscribir anexos individuales o acuerdos de condiciones laborales con los sindicatos de base por parte de los contratistas, “no es reprochable en sí mismo, pero sí lo es la existencia de presiones por parte de Anglo American Sur para la suscripción de dichos acuerdos, más aun atendido el contexto en el cual se realizan, toda vez que es evidente la existencia de un proceso de negociación llevado adelante a nivel superior por los mismos beneficios pactados”.

“Todo parece ser una decisión motivada como represalia hacia la organización sindical por la paralización realizada”.

El informe de la DT, apegándose a los fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago establece que la huelga es un derecho fundamental sustentado en tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el paro de Los Bronces “fue la manifestación de un derecho fundamental”.

Es decir, que el ilícito lo comete Angloamerican al atentar contra este derecho. Además establece que “no hay constancia de la fecha de las imágenes, su autenticidad, ni tampoco la autoría de los hechos que en aquellas se exhiben” en los alegatos de la empresa que buscaban respaldar la gravedad de las acusaciones contra la movilización. Agregando que “todo parece ser una decisión motivada como represalia hacia la organización sindical por la paralización realizada”.

El lunes 20 se realizará la próxima mediación que definirá si el Estado de Chile será quien demande a la transnacional de no cumplirse las medidas compensatorias.

 
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