Apenas unas horas después de anunciado, el gobierno de Macri dio marcha atrás con la corrección que había aplicado en la fórmula a través de la que se ajustan los haberes jubilatorios. El nuevo cálculo, que se realizó tomando las variaciones semestrales de Recursos Tributarios y de Recursos Totales de la ANSeS en lugar de la comparación anual como se aplicaba hasta ahora, arrojaba para marzo una movilidad inferior. Esta fue de 12,65%, mientras que con la fórmula anterior habría sido de 12,96%. Aunque el rechazo unánime que generó este cambio llevó al gobierno a dar marcha atrás rápidamente con el “error”, constituye una muestra más de a dónde apunta el gobierno cuando se trata de ahorrar. Si este cambio hubiera pasado, habría significado un ahorro de 3.000 millones de pesos en el año. No es mucho, pero todo vale en tiempos de estrechez fiscal. Sobre todo cuando por acuerdos como el del Correo (un trato cerrado en familia) que ahora el presidente debió volver a "foja cero" por el escándalo que produjo, el Estado habría renunciado a un monto algo mayor, en beneficio del grupo económico de la familia Macri. Y, aunque el ajuste a la baja de la fórmula para actualizar los haberes no se haya concretado, muestra para dónde le tira al gobierno cuando se trata de ajustes; recordemos cómo se tomó su tiempo y apeló a la responsabilidad fiscal para limitar lo más posible los cambios que finalmente se produjeron en Ganancias de Cuarta categoría (las que afectan al salario), mientras que se comportó obsequiosamente desde el primer día de su presidencia para eliminar retenciones y otorgar otros beneficios impositivos para los empresarios con el argumento de “bajar el costo del Estado”.
El gradualismo que se achaca a la política económica de Macri, por el cual desde la ortodoxia más rancia no deja de recibir agudas críticas, puede resultar engañoso. Tiene de cierto que el gobierno le puso un ritmo más pausado a algunos de los objetivos que se trazó en un comienzo, como el recorte fiscal o el “sinceramiento” de precios y salarios, después del rechazo generado por el combo de medidas con las que Macri inició su presidencia (no obstante lo cual produjo una transferencia al empresariado y los buitres financieros de más de 25 mil millones de dólares a costa de los trabajadores y sectores populares durante 2016). Estos límites que encontró la agenda de Cambiemos siguen operando como condicionantes, y lo seguirán haciendo hasta octubre próximo -y después también si los resultados electorales resultan muy adversos para el oficialismo. Pero tras esa cortina de humo, viene desplegando algunas iniciativas que desmienten -al menos parcialmente- que ese sea realmente gradualista. Lo vemos con la modificación el régimen de ART, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad. ¿Lo hará buscando que las empresas tomen mayores medidas para evitar accidentes laborales? No, sencillamente reforzando las restricciones para que los trabajadores puedan accionar judicialmente por los mismos, mediante las juntas médicas obligatorias.
Aunque el sendero de recorte fiscal parece dar la razón a los críticos del gradualismo (recién para 2018 se prevé llegar a 3% de déficit), en los demás terrenos vemos por el contrario al gobierno empeñado en ambiciosas reformas para “resetear” la economía según el credo del libremercado. La última muestra de esta fe en los mecanismos de la mano invisible estuvo en la decisión de “transparentar” precios al contado y financiados, diferencia hasta ahora maquillada en las imposibles cuotas “sin interés”. La decisión tomada no generó hasta ahora el efecto buscado: fue mayor la proporción de bienes que vieron subir sus precios sin financiación que la de aquellos que los vieron caer; el efecto más palpable de la medida en estas primeras semanas de funcionamiento fue frenar todavía más el alicaído consumo.
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La decisión de mantener las tasas de interés de referencia de la política monetaria clavadas en 24,75 % en tiempos de abundancia de dólares, sigue alimentando uno de los negocios más prósperos desde que asumió Cambiemos (y que también supo florecer en tiempos de kirchnerismo): la bicicleta financiera. Con el dólar cayendo (algo que podría continuar durante varios meses mientras se liquida los dólares de la exportación de granos y gracias a los dólares del blanqueo) y las tasas por las nubes, esto permite realizar fuertes ganancias con colocaciones en pesos a corto plazo. La consecuencia, un encarecimiento del crédito para el consumo y para la producción, que sumado al debilitamiento del dólar ha vuelto a generar los reclamos por la “competitividad” cambiaria por parte de industriales grandes y Pymes (que básicamente buscan resolver con un ajuste cambiario que haga caer los salarios en dólares y el poder adquisitivo de los trabajadores). Todo esto como resultado de una política monetaria que se define con el objetivo de mantener planchados los precios, partiendo de un discutible diagnóstico sobre las raíces inflacionarias, mientras al mismo tiempo en que son los tarifazos de los servicios públicos lo que más la acicatea y pone en duda la meta inflacionaria de 17%.
Que el gradualismo tiene mucho de cortina de humo, lo vemos en el hecho de que al mismo tiempo que el peso se revalúa y sube el costo financiero, el gobierno mantiene firme la apertura comercial y la baja de aranceles, impulsando la “reconversión” productiva bajo la consigna oficial de “integrarse al mundo” como lo entiende el credo neoliberal: que cierren las empresas que no puedan adaptarse a estas condiciones y se desarrollen las “dinámicas”. El planteo del gobierno es que serán estas últimas las que contratarán a los trabajadores de las firmas que bajen la persiana. A estas últimas el gobierno les subsidia el costo laboral, otorgándole por cada trabajador que contraten bajo el programa de reconversión la suma equivalente a un salario mínimo vital y móvil (8.060 pesos). En el contexto de una macroeconomía que favorece la especulación financiera y los agronegocios, sólo apelando a dosis excesivas de optimismo puede esperarse que habrá suficientes empresas “dinámicas” para absorber los puestos perdidos por el cierre de las firmas “inviables”. El resultado anunciado será una destrucción del empleo, como anticipan los cierres de Banghó y la fábrica de llantas Mefro Wheels.
A estas señales contradictorias las que se suma la presión sobre las negociaciones paritarias que empezó con docentes, para que no cierren muy por encima de la meta de inflación fijada en 17 % (que ningún consultor pronostica que vaya a cumplirse), lo cual desmiente la idea de que los salarios vayan a recuperar el 6 % de poder adquisitivo (promedio) perdido durante 2016. Mientras tanto, desde las carteras de Trabajo y Producción apuntan a extender a otras ramas los cambios en elconvenio laboral negociados en Vaca Muerta, que incorporando metas de productividad constituyen un nuevo jalón en la flexibilización laboral.
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La necesidad de mostrar una economía en crecimiento que contribuya a pasar el test electoral de este año determina la agenda económica de este año y marca algunos de los límites para la agenda económica del Pro. Pero al mismo tiempo que busca estimular la economía con la obra pública o el anuncio de planes de financiamiento en cuotas fijas para el consumo de los bancos oficiales, el gobierno envía estas señales que atentan contra la esquiva reactivación pero que apuntan a mostrar que la presidencia de Macri no abandonó sus objetivos más estratégicos de transformación estructural en beneficio de los “dueños”. El riesgo: que estos “sacrificios” realizados en el altar de los mercados vengan con el precio de otro año sin crecimiento, a pesar de las ayudas que significan la abundancia de dólares y de que la caída del año pasado pone un piso bajo que superar. Es una incógnita que se irá despejando en las próximas semanas. |
