Este miércoles, declaró Claudio Santis, miembro de la Segegob, por emisión de boletas ligadas a SQM, quien señaló a María Angélica Álvarez (ex asesora de Bachelet), Peñailillo (ex ministro) y Martelli (recaudador de campaña).

Un verdadero entramado de boletas emitidas, favores, empresas y personeros del gobierno de Bachelet, fue lo que declaró este miércoles el sociólogo Claudio Santis, actual miembro de la Segegob (Secretaría General de Gobierno), en el marco del juicio llevado por el Ministerio Público por los pagos que hizo SQM a gente ligada a la campaña de Michelle Bachelet. Santis declara por recibir pagos de Asesorías y Negocios SpA (AyN), empresa de Giorgio Martelli (recaudador de fondos de la campaña oficialista), investigado por boletas falsas a SQM, ya que recibió pagos que suman $246 millones y que corresponderían a aportes irregulares.

Santis fue contratado por Rodrigo Peñailillo, ex ministro del Interior, para realizar una asesoría político-comunicacional sobre el 27F, servicios que supuestamente eran para Fundación Dialoga (entidad ligada a Bachelet cuando era directora de ONU Mujer). La primera boleta por estos servicios fue emitida a Harolds & Johns Business & Law Ltda, empresa de Harold Correa, ex asesor del gobierno y militante del PPD cercano a Peñailillo, con quien forma parte de la facción G90.

Las instrucciones para emitir esta boleta las dio María Angélica Álvarez, ex asesora del gobierno el 2012 y ahora agregada de prensa en Italia. Santis emitió dos boletas para esta empresa.

La empresa de Correa es investigada en el caso SQM por emisión de boletas falsas durante el 2011 y 2013 a la Compañía de Seguros Cruz del Sur, del grupo Angelini. Además, la misma empresa recibió un préstamo de AyN, de Martelli, por $10 millones en 2013. De la misma forma AyN hizo un préstamo a Sociedad de Marketing, Asesorías y Eventos (Somae), creada para administrar los fondos de la precampaña y campaña de Bachelet, por $48 millones.

Una tercera boleta fue emitida justamente a AyN. Santis declara que "Yo nunca tuve claro a quién prestaba los servicios, pensé siempre que era Dialoga, porque Peñailillo me citó en una sala de esa fundación".

De esta forma, se sigue profundizando en la investigación por financiamiento irregular a la política, ahora golpeando directamente a la presidenta Bachelet. Una muestra más de la oscura ligazón entre políticos y empresarios, quienes reciben millones para legislar leyes a su favor.