Son trabajadores estatales y hace más de un año están presos por encabezar reclamos salariales y por condiciones laborales en Santa Cruz. Alberto Arteaga, Ernesto Apendino y Juan José Vera están presos en la Alicaída de Río Gallegos, Diego Reyes Comisaría Quinta y Patricia Benítez tiene prisión domiciliaria por razones de salud.
Otra vez, en la provincia de Cristina Kirchner, una causa denunciada como armada y fraudulenta intenta acallar los reclamos sindicales.
Como contó Patricia Benítez, en una carta que envió a La Izquierda Diario, “soy mujer, madre, trabajadora, enfermera universitaria, paritaria sectorial de salud en la provincia de Santa Cruz, lo que me convierte en una de los tantos procesados pero la única presa política - gremial del país”.
Hoy martes 18 de noviembre comienza en Río Gallegos, Santa Cruz, el juicio oral a estos cinco trabajadores de ATE Santa Cruz, acusados sin pruebas e injustamente encarcelados.
No estarán solos. Una delegación de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas viajará para apoyarlos y exigir su inmediata libertad. Porque se trata de un nuevo caso de criminalización de la protesta.
Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres Plaza de Mayo (Línea Fundadora), organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entre ellos el CeProDH, se harán presentes en los tribunales para acompañar a los trabajadores detenidos y a sus familiares.
Pero el reclamo contra el juicio y la cárcel a estos luchadores obreros ha tenido repercusiones políticas en todo el país. Entre los trabajadores estatales, y también las organizaciones de derechos humanos y la izquierda. Entre ellos el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS/FIT), que impulsó en el Congreso Nacional un proyecto repudiando el injusto encarcelamiento de los trabajadores y expresando toda su solidaridad con ellos y sus familias. El proyecto recibió el apoyo de representantes de siete bloques de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, Alcira Argumedo (UNEN), Claudio Lozano (UP), Victoria Donda (LDS), Graciela Villata (Frente Cívico de Córdoba), Oscar Martínez (MSP), Pablo López y Nestor Pitrola (PO-FIT).
La causa de los presos de ATE Santa Cruz, como lo es la de los petroleros de Las Heras, son un claro ejemplo de criminalización de la protesta, que tiene que conocerse en cada rincón del país. Por eso desde La Izquierda Diario estaremos allí, para denunciar el juicio armado, y aportar a la campaña por la libertad de Alberto, Ernesto, Juan, Diego y Patricia.
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