Las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas fueron responsables de entregar la investigación a la Policía Bonaerense, responsable de haber detenido y torturado al joven, para obligarlo a robar para el destacamento de Lomas del Mirador. Por su parte, el juez de Garantías Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la causa, también fue acusado, junto con las dos fiscales, de haber entorpecido la investigación. El juez caratulo la causa como a averiguación de antecedentes, a pesar de las denuncias de la familia que pudieron demostrar con testigos que Luciano Arruga era perseguido por la policía de este destacamento por negarse, una y otra vez, a robar. Después de tres años de lucha en las calles y denuncias judiciales, se logró que el cambio de carátula a desaparición forzada. En febrero de 2013 la causa pasó al fuero federal de Morón.
La familia de Luciano Arruga solicitó el juicio político de los responsables judiciales de impedir que avance la causa, por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también pidió lo mismo, por esto es que el Jurado de Enjuiciamiento resolvió unificar en un solo expediente el pedido de ambos. |