Los últimos días se filtró en los medios la posibilidad de que la actual decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Dra. Mónica Pinto, sea promovida como candidata para ocupar el lugar que deja Zaffaroni. La Decana sería la alternativa del radicalismo “moderado” a otro posible candidato Ricardo Gil Lavedra. Sin embargo esta candidatura estaría patrocinada nada más ni nada menos que por Darío Richarte, el ex servicio de inteligencia , más precisamente quien ocupó el segundo puesto en la SIDE durante el gobierno de De La Rua, y actual vicerrector de la UBA. Al parecer las íntimas relaciones de Richarte con el Frente Renovador le han puesto como tarea, no sólo la recaudación para la próxima campaña presidencial de Massa, sino también intervenir en la futura composición de la cúpula del Poder Judicial. Richarte fue electo vicerrector en la UBA gracias a su habilidad para juntar los votos en los tres claustros necesarios –docentes, graduados y estudiantes- la reelección este año de Pinto en su cargo, logrando que kirchnerismo no presente alternativa como oposición.
Sin embargo las conexiones de Richarte, mediante su buffet de abogados, ha representado y defendido a figuras importante del kirchnerismo en las causas por corrupción más escandalosas de la gestión de los Kirchner, las más conocidas: Ciccone y Sueños compartidos. También resulta ser el representante de Abal Medina (ex jefe de gabinete nacional), Scoccimano (vocero presidencial) y Szpolski (dueño de gran cadena de medios oficialistas).
Por eso su elección como articulador entre el Frente Renovador (su relación con Massa se remonta a la causa por Sueños Compartidos y desde antes inclusive), el radicalismo (orígenes de su militancia estudiantil como Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en la Franja Morada) y la actual Decana es ideal por su llegada al gobierno nacional. El kirchnerismo estaría buscando un acuerdo negociado con los radicales porque si se consensua la candidatura de Monica Pinto, estaría en condiciones de acomodar cuatro vacantes en la Cámara de Casación Penal que posiblemente necesitaría para manejar las causas de corrupción que tiñen a actuales funcionarios cuando Cristina ya no siga estando en la Casa Rosada.
La Corte Suprema
Desde el primer día en un aula de la Facultad de Derecho nos enseñan la importancia del Poder Judicial para controlar a los otros dos Poderes. Pero los engaños educativos continúan al ocultar el criterio elitista y profundamente aristocrático por el cual se siguen reproduciendo los cargos de jueces y altos funcionarios. El Poder público más antidemocrático es el Judicial, y la Corte Suprema es su máximo exponente. Sin posibilidad de que el conjunto de la población tenga alguna injerencia en su elección, a cargos prácticamente vitalicios, como es ejercido por Fayt actualmente, la Corte Suprema deja en manos de un puñado de 5 jueces la decisión sobre los derechos de millones.
Ni hablar de los sueldos y jubilaciones de privilegio que son de los más altos del país. El desprestigio de esta institución llegó al record históricos durante la crisis del 2001. El repudio popular del “que se vayan todos” incluyó a la corte menemista que había permitido el avance de la privatización, el desempleo y la corrupción. Una vez llegado Nestor Kirchner a la Presidencia comenzó una serie de reformas que logró cambiarle la máscara y empezar a recomponer su legitimidad como parte de restaurar el régimen en el país. Actualmente, la Corte Suprema incluso es vista públicamente como un actor político frente a debates nacionales. Sin embargo la posibilidad de llegar a las cúpulas del Poder Judicial es una cuestión de casta que se autopreserva con el objetivo de defender sus intereses comunes de clase.
La misma propuesta de que la actual Decana de Derecho integre la Corte Suprema es un gran ejemplo, no sólo de cómo se compone el Poder Judicial, sino también de qué modelo educativo promueven los partidos patronales.
Esta facultad, dentro de la UBA, es donde más se mantiene y reproduce la “universidad shopping”; los convenios con editoriales privadas que inundan los pasillos, con Bancos que ponen cajeros adentro y ni hablar la injerencia de las empresas que contratan mediante la bolsa de trabajo del Centro de Estudiantes (Nuevo Derecho – Partido “Socialista” de Binner) para formar profesionales al servicio de las grandes empresas y no para defender los derechos de los sectores populares frente a las injusticias que se cometen cotidianamente. Asimismo ya es notoria la influencia del ex servicio de inteligencia Richarte en la gestión de Pinto; en los últimos meses han avanzado en colocar cámaras de seguridad que monitorean la actividad de las agrupaciones políticas, y la seguridad privada de la facultad hostiga cualquier denuncia a las violaciones actuales de los derechos humanos como fue arrancar los carteles que denunciaban la aparición sin vida de Luciano Arruga.
Sin ninguna duda el abultado currículum de Mónica Pinto sobre los derechos humanos ha logrado posicionarla para una ambiciosa carrera política, que contradictoriamente se basa en anular por completo la formación de estudiantes y abogados con una visión crítica de la realidad y que quieran poner sus conocimientos en defender las libertades democráticas y los derechos de los sectores más vulnerables. Si llegara al tan ambiciado lugar de la Corte, no hay margen de confusión de hacia qué lado inclinará la balanza de sus decisiones. | 
