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La Izquierda Diario
27 de febrero de 2017 Twitter Faceboock

JUICIO POLITICO
Con mayoría oficialista, legislatura de Jujuy definirá el futuro de Clara de Falcone
Redacción Jujuy

Diputados conformaron las salas Acusadora y Juzgadora para dar curso a las acciones legales iniciadas contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia.

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El pedido de juicio político a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Langhe de Falcone, lo realizaron el diputado provincial Juan Manuel Esquivel (Fuyo) junto a la dirigente social detenida, Milagro Sala. Y lo efectuaron bajo la denuncia de “incumplimiento de los deberes de su cargo” (funcionario público), que es causal de remoción según el artículo 203 de la Constitución Provincial.

Las pruebas para la acusación surgen de una investigación del periodista Horacio Verbitsky que fuera publicada en su columna dominical en el diario Página 12 semanas atrás. En la misma se da cuenta de un cruce de mails, con fecha del 9 de enero de 2017, entre Clara Langhe de Falcone, el apoderado legal de Gerardo Morales, Federico Wagner, y el fiscal de Estado y apoderado de la UCR, Mariano Miranda.

En dicho intercambio, Wagner plantea coordinar la presentación de testigos contra Milagro Sala durante la visita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará al país en mayo. Además, Wagner propone integrar a una próxima reunión a Leandro Despouy (testigo de Morales en el primer juicio contra Sala) y actual embajador extraordinario y plenipotenciario para los derechos humanos.

Wagner es abogado de Morales y miembro del estudio jurídico de otro reconocido dirigente radical, Ricardo Gil Lavedra. Este último le aportó a Morales a su ex asesor, Joaquín Millón Quintana, quien pasó a ocupar el cargo de fiscal anticorrrupción una figura creada por el Gobernador radical en Jujuy. Por su parte, Millón Quintana, trabajó en el estudio Bouzat-Rosenkrantz y Asociados, cuyo titular fue designado por Macri con el acuerdo del senado en la Corte Suprema. Así todo queda en la casa radical cambiemos.

El bipartidismo con mayoría oficialista es juez y parte

La legislatura provincial conformó las Salas Acusadora y Juzgadora para dar marco a las denuncias contra Clara Langhe de Falcone, presidenta del Superior Tribunal de Justicia.

En un comunicado oficial con fecha del 23/2 afirman que “respetando la proporción de la composición política de la Cámara, y teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los distintos bloques políticos”, la Sala Acusadora quedó conformada por los diputados: Abregú, Mirna (PJ-ex FPV); Armella, Patricia (PJ-Ex FPV); Amaya, Carlos (UCR); Arjona, Marcela (UCR); Cayo Rocabado, Emilio (Cambia Jujuy, ex Fuyo); Cejas, Alejandra (PJ-ex FPV); Cuellar, Osvaldo (UCR); Dada, Renán (UCR); González, Ricardo (Cambia Jujuy-massismo); Hinojo, Javier (PJ-ex FPV); Lembo, Miguel Ángel (PJ-Ex FPV); Llanos, Marcelo (Cambia Jujuy-massismo); Mamaní, Maria Ester (Fuyo); Matuk, Alberto (PJ- Ex FPV); Méndez, Gladis (UCR); Nasif, Marcelo (Cambia Jujuy-massismo); Nieto, Rodolfo (UCR); Ortega, Nilson (PJ-ex FPV); Ruarte, Ariel (Fuyo); Sanabria, Néstor (UCR); Santillán, Gaspar (FPJ massismo); Tejerina, Fabián (UCR); Tinte, Alfredo (UCR); y Tizón, Ramiro (PS-Cambia Jujuy).

Por su parte, la Sala Juzgadora quedó conformada con los diputados: Balcazar, Felipe (UCR); Balconte, Mabel (Cambia Jujuy-ex Fuyo); Bernis, Alberto (UCR); Cabana, Luis (PJ-ex FPV); Cardozo Traillou , Juan Miguel (PJ-ex FPV); Díaz, Humberto (UCR); Esquivel, Juan Manuel (Fuyo); Fellner, Germán (PJ-ex FPV); Ferrín, María Teresa (UCR); Frias, Julio (PJ-ex FPV); Herrera, Octavio (PJ-ex FPV); Juárez Orieta, Débora (massismo); Legal, Oliver (UCR); López, Humberto (UCR); Lops, Carlos (Cambia Jujuy-massismo); Luna, Guido (UCR); Luna Murillo, Victoria (UCR); Nieva, María Eugenia (UCR); Noro, Germán (Cambia Jujuy-massismo); Ortíz, Mariela (PJ-ex FPV); Reynaga, María (UCR); Rivarola, Rubén (PJ-ex FPV); Segura, Pedro (Cambia Jujuy-massismo); y Solís, Cristina (PJ-ex FPV).

Según el reglamento si la sala acusadora vota contra el juicio político el proceso se detiene allí mismo. Por lo que teniendo en cuenta sólo la composición de la Sala Acusadora con una clara mayoría de legisladores oficialistas (15 de 24), y siendo que se resuelve por mayoría simple; difícilmente el proceso contra la presidenta del STJ pase de sala. De este modo, continuaría en sus funciones Clara Langhe de Falcone, una militante radical de larga trayectoria desde que ocupó cargos directivos en el área de Cultura en el municipio de San Pedro durante el gobierno de facto del Gral. Urdapilleta y antes de ser designada en STJ, tuvo una banca como diputada provincial de la UCR.

Por el lado de los diputados del PJ ex FPV que responden al ex gobernador Fellner tampoco se puede esperar algo diferente al oficialismo. En común acuerdo designaron a Falcone en su cargo de jueza en el 2010 y, más si nos remitimos al fondo de la cuestión, sus jueces conforman la minoría del STJ y avalan el accionar de la mayoría radical en la justicia armada por el gobernador, que impulsó la detención ilegal de Sala y el conjunto de la avanzada contra las libertades democráticas de los trabajadores y el pueblo, como parte del régimen policíaco que instauraron Gerardo Morales y su vice, el massista Carlos Haquim.

Una vez más, queda en evidencia cómo el bipartidismo radical-peronista defiende a sus propios jueces y casta de funcionarios que gobiernan para los grandes empresarios y terratenientes, aplicando mano dura y ajuste contra el pueblo trabajador.

En el sitio oficial de la legislatura no se hizo mención a la conformación de una Comisión Investigadora que según el propio reglamento debería instrumentarse junto con las salas. De todos modos, la misma siguiendo el reglamento estaría integrada por los diputados del bipartidismo, bloqueando así toda posibilidad de una verdadera investigación independiente sobre el accionar de los funcionarios; que en el caso de la Justicia son elegidos a dedo por el Poder Ejecutivo y Legislativo como el caso de Falcone, además que los jueces ganan miles de pesos y son vitalicios.

Por el contrario, una medida democrática elemental contra la casta judicial y el atropello a las libertades democráticas, vendría de implementar la elección de los jueces por voto universal, su revocabilidad por los propios electores y que ganen igual que una maestra, tal como sostienen los diputados del PTS en el Frente de Izquierda en todo el país.

 
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