El empresario, condenado por la Operación Lava Jato, Marcelo Odebrecht se presentó este miércoles primero de marzo en Curitiba para declarar sobre la denuncia de fraude y “caja dos” (ilegal) vinculada la lista presidencial Dilma-Temer de 2014. La denuncia había sido presentada por el PSDB en 2015.
El ministro del Tribunal Supremo Federal (TSE), Herman Benjamin, relator del proceso, escuchará hasta el próximo lunes las declaraciones completas de Odebrecht, detenido desde 2015 por las investigaciones que realiza la Operación Lava Jato, y de dos exejecutivos más sobre la relación que mantenían la empresa Odebrecht y la lista presidencial de Dilma-Temer.
La investigación es parte de la acción iniciada por el PSDB en 2015, que pedía la anulación de la lista de Dilma y Temer por abuso de poder político y económico en las elecciones presidenciales de 2014 y fraude, involucrando a empresas y contratistas en el financiamiento de la campaña, como un capítulo más en la crisis política y económica que atravesaba el país.
A diferencia de la campaña que los grandes medios montaron con informaciones, filtraciones y convocatorias a marchar contra el gobierno de Dilma, la demanda presentada este miércoles contra la lista Dilma-Temer pasó desapercibida, justo cuando se escuchaba al principal testimonio de este proceso, según palabras del mismo abogado de Temer
El proceso tiene una serie de dispositivos para que se desarrolle de manera controlada. En primer lugar el sigilo. Además de que el contenido de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de los otros ejecutivos resultan inaccesibles para la población, la defensa de Temer intenta anular todo el proceso por haber sido su defendido llamado a declarar a partir de las filtraciones de la Operación Lava Jato.
Como si no bastara con esto, Temer podrá elegir a los ministros que juzgarán el proceso. El mandato de Hermann Benjamin, relator del proceso, finalizará en octubre de 2017, y debe ser reemplazado. Otros dos ministros del Tribunal Supremo Electoral finalizarán sus mandatos en abril y mayo. Es decir, tres de los siete ministros que integran la actual corte y responsables de juzgar las cuentas y finanzas de la lista presidencial Dilma-Temer serán designados por el mismo que está siendo juzgado.
Esto demuestra una vez más la selectividad con la que la Operación Lava Jato trata los casos de corrupción. Los beneficios con los que cuenta el presidente golpista de contar con un proceso totalmente controlado y secreto, no pueden desligarse de la tarea que lleva adelante: intentar aplicar los ataques a los trabajadores en una escala que el gobierno de Dilma no pudo llevar. Esto se debe a que ninguno de los jueces y magistrados ejercen su mandato como resultado del voto popular y comparten los mismos privilegios que la casta política involucrada en las denuncias de corrupción en todo el país y el exterior. Desde Esquerda Diario venimos planteando la necesidad de investigar y juzgar las denuncias y la corrupción a través de jurados populares. | 
