Organismos y personalidades de los Derechos Humanos se pronuncian contra la criminalización de la protesta, en el marco de la causa penal contra nueve manifestantes del conflicto de la autopartista Lear, en 2014.
Una importante denuncia por parte de un amplio arco de organizaciones y destacadas personalidades, es difundida en el día de hoy contra la criminalización y judicialización de la protesta social.
En los próximos días el Juzgado Federal n°2 de San Martín debe resolver la situación de los imputados, y sus denuncias contra la represión de Gendarmería Nacional.
En el marco de la causa penal impulsada por el fiscal federal de San Martín Jorge Sica, han tenido lugar llamados a indagatoria contra cinco manifestantes que en julio de 2014 se solidarizaban con el reclamo de los centenares de trabajadores despedidos por la empresa multinacional Lear, en General Pacheco. Pero también han sido imputados e indagados, otros cuatro manifestantes, sin ningún tipo de prueba, por haberse presentado espontáneamente a denunciar las heridas sufridas en el marco de una brutal represión desatada contra aquella protesta desarrollada el 8 de julio de aquel año, sobre la autopista Panamericana y zonas aledañas, como se ha informado.
Sumado a ello, el mencionado fiscal, ha ignorado sistemáticamente las denuncias contra los miembros de Gendarmería Nacional por su accionar represivo, de lo cual abundan las evidencias en la propia causa, con videos que muestran gendarmes apaleando a manifestantes detenidos, ya esposados y acostados en el suelo. Las prioridades de Sica, han sido dar por cierto el falso testimonio del comandante López Torales, que dirijía aquel operativo, en el cual negaba que sus subalternos hubieran disparado postas de goma y chorros del camión hidrante de modo indiscriminado generando decenas de heridos de consideración. Como denuncia la declaración firmada por numerosos organismos nacionales, el “Carancho” Torales se encuentra procesado por su vergonzoso accionar contra los manifestantes de Lear. Contra las apelaciones de la fiscalía y las resoluciones de la Cámara Federal de San Martín que mantienen imputados a los manifestantes, el documento difundido reclama el fin de la criminalización a los manifestantes, y el reconocimiento del derecho a la protesta social.
Entre los firmantes de la solicitada que aquí se publica, se encuentran destacados organismos de derechos humanos y personalidades como el CELS, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo)el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, la diputada Victoria Donda, el jurista Roberto Gargarella, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y numerosos querellantes en causas de lesa humanidad como Alfredo Olivera y Oscar Schaller (denunciantes de César Milani), Victoria Moyano y Alejandrina Barry del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
Tras dos sobreseimientos dictados por entender que no existe delito en los hechos imputados a los manifestantes (entorpecimiento del tránsito terrestre), la jueza Alicia Vence deberá resolver tras las indagatorias realizadas, la situación de los imputados que son defendidos por Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. La magistrada también debe pronunciarse sobre los pedidos de éstos para que se investiguen una serie de delitos cometidos por los integrantes de las fuerzas de seguridad. Algunas de las denuncias que pesan sobre los agentes de Gendarmería, son las de privación ilegal de la libertad, lesiones, y falso testimonio, denuncias que a más de dos años de los hechos, no han sido investigadas hasta la fecha.
