La actuación de Drag Sethlas, ganadora de la Gala Drag de Gran Canaria 2017, blanco de las acciones legales de la asociación ultracatólica. Otro episodio del idilio ente Iglesia y Estado.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha iniciado diligencias de investigación penal contra Borja Casillas, cuya actuación durante la gala como Drag Sethlas con el show ’¡Mi cielo yo no hago milagros. Que sea lo que Dios quiera.’ ha sido motivo de denuncia por parte de la Asociación de Abogados Cristianos.
La asociación ultraconservadora ha interpuesto una acción penal por la que la Fiscalía observará la presunta comisión de un delito contra los sentimientos religiosos, previsto en el art. 525 del Código Penal vigente y penado con multas o penas de ocho a doce meses de cárcel, por la performance realizada en la Gala Drag de los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria de este año.
El show, que resultó ganador por los votos por teléfono de miles de personas, incluía la caracterización de Drag Sethlas como una Virgen María barroca o un Cristo crucificado con espectaculares maquillaje y bisutería al ritmo de temas de Madonna o Lady Gaga y cierta inspiración artística y coreográfica en estas artistas. El vídeo desapareció de la web de RTVE.
La Asociación de Abogados Cristianos mostró su rechazo a la actuación días antes de que su denuncia fuera recibida por el Ministerio Público a través de las declaraciones de su presidenta, Polonia Castellanos, militante de ultraderecha asociada en varias publicaciones con la poderosa secta católica El Yunque y la plataforma cristiana integrista Hazte Oír, recientemente implicada en otro caso de discriminación LGBTIfóbica
Esta asociación de abogados es conocida por interponer querellas a quien consideren que “atenta contra la fe, incurre en profanaciones o alimenta el odio a los cristianos”.
En su rosario de acciones legales frustradas se cuentan la querella archivada contra el sindicato CGT por la procesión feminista del “Santísimo Coño Insumiso”, contra el artista Abel Azcona por realizar una exposición “blasfema”, contra el Museo Reina Sofía o el Rectorado de la Universidad Complutense.
A este tipo de casos se suelen sumar las declaraciones de cargos de la jerarquía eclesiática, siendo en esta ocasión por parte del Obispo de Canarias Francisco Cases, quien afirmaba que hasta el momento, el día más triste en las Islas era el del accidente del vuelo JK5022, pero que "a partir de hoy diré que estoy viviendo ahora el día más triste de mi estancia en Canarias".
No sólo no resulta sorprendente esta cadena de acontecimientos si se ve desde la reflexión sobre el enorme poder que tiene la Iglesia Católica, sino que además es una de las instituciones más patriarcales y LGBTIfóbicas históricamente hablando. El Papa Francisco, siguiendo la línea tradicional de la Iglesia Católica, llegó a afirmar que la "familia estaba amenazada por el matrimonio homosexual" y que el "matromonio gay estaba motivado por el diablo”.
Nada nuevo bajo el sol. Y es que poderosos lobbys como la Conferencia Episcopal, Hazte Oír o la Asociación de Abogados Cristianos han enfrentado desde su creación los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, en muchas ocasiones de la mano de dinero público y miembros del Gobierno.
La exigencia de que los asuntos religiosos, incluida su moral conservadora, se mantengan en el ámbito de lo privado es absolutamente necesaria para quienes defendemos la libertad de expresión y el fin de la represión sexual. Para ello es indispensable la separación total de la Iglesia (que cuenta con, entre otros privilegios, un tercio de los centros educativos del Estado Español) de la educación y el Estado.