El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, desechó la acusación de intencionalidad por parte de cuidadoras del SENAME en el caso de muerte de Lissette.

Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió, dejar sin efecto la solicitud de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Publico respecto de las ocho cuidadoras del Sename. Las cuales habían sido formalizadas por la presunta participación en apremios ilegítimos contra Lissette Villa. Caso que cabe mencionar, dejó en evidencia la gran crisis del Sename.

El caso de Lissette entre muchos más, evidencia la situación actual a la que se enfrenta la infancia en el país. Situada en un Estado que si bien suscribe a un conjunto de tratados y acuerdos internacionales, los cuales pretenden promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia. Los cuales, en la cotidianidad a la que se enfrentan tanto los niños, niñas y adolescentes como los trabajadores del área pública de la infancia, distan mucho del “papel formal”.
En esta cruda realidad, se visibiliza la precarización de la infancia, evidenciada en los precarios aportes y fiscalización de los servicios que en teoría, deberían brindar a los niños, niñas y adolescentes -que se encuentran en situación de vulneración de derechos- un escenario posible para su emergencia y resignificación del daño vivido. Sin embargo, el Estado delega su responsabilidad con la infancia, mediante instituciones privadas; empresas llamadas “sin fines de lucro” que se encargan de otorgar una serie de servicios profesionales, técnicos y de oficio respecto a las especificidades de las vulneraciones que sufren sectores de la infancia.

Cabe mencionar, que en estos centros tal como en las empresas se privilegia el indicador cuantitativo, por sobre el cualitativo. Exigiendo a los trabajadores del área de protección de la infancia, metas inalcanzables que sólo llevan a precarizar la calidad del servicio que otorgan a los usuarios de los programas, es decir, dejando a nivel secundario el apoyo directo a los niños. Situación en la que además, hay una lógica de costo-beneficio, enfocado principalmente a cuestiones monetarias. Donde la especialización para entregar un mejor servicio, los años de experiencia y las herramientas técnicas en beneficio directo de los niños, queda relegada a segundo plano. Generando condiciones laborales donde no invierten en especialistas, sino en personas con buenas intenciones que lamentablemente por disminuidos recursos técnicos no logran abordar las diversas situaciones de complejidades y crisis que ameritan el análisis de los diversos factores sociales, políticos, económicos, psicológicos y biológicos que intervienen.

Por lo que, a la hora de estallar las crisis, el debate se centra en una casa de brujas de los responsables, dejando en segundo plano el análisis y la acción respecto al problema histórico del lugar de la infancia en las políticas públicas. Siendo aun, uno de los sectores más relegados en la sociedad.