“Para disuadir más movimientos en esta red terriblemente peligrosa, estoy considerando exactamente eso”, declaró este lunes el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, en una entrevista a la cadena CNN.
"Tenemos una tremenda experiencia lidiando con los menores no acompañados", afirmó. "Los entregamos al Departamento de Salud y Servicios Humanos y ellos hacen un muy, muy buen trabajo poniéndolos bajo el cuidado de un centro temporal o de familiares que estén en Estados Unidos", abundó.
Imposible mayor cinismo. Ya durante la administración Obama se dieron a conocer múltiples denuncias de abusos contra niños migrantes: golpeados por agentes migratorios en centros de detención y víctimas de abusos físicos y sexuales por parte de los adultos a quienes son entregados en custodia, como explicamos acá.
Con la ola de xenofobia desatada por Donald Trump desde la campaña electoral, la comunidad migrante está aun más vulnerable.
La política migratoria propuesta por el secretario Kelly permitiría a las autoridades
estadounidenses mantener detenidos a los padres mientras éstos enfrentan su proceso de deportación o solicitan asilo. Los hijos estarían bajo custodia de los servicios sociales estadounidenses mientras se les buscaría un pariente o una familia que quisiera recibirlos temporalmente.
Según un dictamen de la Corte Suprema estadounidense emitida en julio de 2016, en caso de ser detenidos, los niños deberían ser liberados lo antes posible, pero no sus padres. Así, según las autoridades, padres e hijos migrantes no deberían pasar más de 21 días en un centro de detención.
Ataques contra la comunidad migrante
En esos centros, administrados por empresas privadas como Geo Group, los migrantes están expuestos a los abusos de los agentes. Se dieron a conocer varios casos de muertes sospechosas de detenidos. También son obligados realizar trabajos forzados con un pago de un dólar diario, como denunció Grisel Xahuentitla, originaria de Tlaxcala.
El endurecimiento de la política migratoria que analiza el gobierno de Trump tiene lugar en un periodo de cierto aumento de la llegada de migrantes sin papeles. Entre octubre de 2016 y enero de este año, fueron detenidos por la Border Patrol alrededor de 54.000 niños y sus padres, una cifra que duplica el mismo periodo del año anterior. Y dos años antes se dio una gran afluencia de menores centroamericanos no acompañados que llegaron hasta territorio estadounidense.
Los migrantes huyen de la miseria, la militarización y la violencia desatada por el crimen organizado en sus países de origen. Atraviesan México exponiéndose a los agentes migratorios de este país que buscan impedir su viaje, y los someten a todo tipo de abusos, y al ejército -que tiene antecedentes de entregar a los migrantes a los cárteles del narcotráfico, como se evidenció en las masacres de San Fernando, Tamaulipas. Están también expuestos a los cárteles.
Ahora, el partido demócrata y organizaciones sociales consideran que la separación de padres e hijos podría vulnerar derechos humanos y propiciar traumas psicológicos duraderos. Irónico: la industria de las deportaciones fue impulsada por una administración demócrata, la de Barack Obama. Casi tres millones de personas deportadas con el saldo de cientos de miles de familias divididas. Niñas y niños expuestos también a traumas imborrables por la permanencia de hasta más de un año en centros de detención.
La comunidad migrante no podía confiar en el partido demócrata, que estableció el récord de deportaciones. Mucho menos puede hacerlo hoy con el gobierno de Trump, quien llegó al poder por el partido republicano prometiendo endurecer la criminalización de los migrantes y que ha desatado una campaña de terror.
Para enfrentar las deportaciones y el muro hay una salida: tejer una alianza entre los migrantes, la comunidad afroamericana que enfrentó la violencia policial, los trabajadores que tomaron las calles para exigir el aumento de salario a 15 dólares la hora, los pueblos originarios como los sioux que están en contra del muro, la juventud y las mujeres. Y es fundamental la lucha mancomunada con la clase trabajadora y los sectores populares de México y Centroamérica, que se proponga
luchar por plenos derechos para los migrantes y por el libre tránsito a través de los países de la región.
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