El Parlamento húngaro aprobó el martes una controvertida ley que permite la detención en centros cerrados de todos los solicitantes de asilo.
La normativa tuvo un gran respaldo -138 votos a favor, seis en contra y 22 abstenciones- debido a la mayoría absoluta del partido del primer ministro conservador, Viktor Orbán, que además recibió el respaldo del ultraderechista Jobbik.
La medida llega a tan solo una semana de haberse anunciado la construcción por parte de Hungría de una cerca electrificada en la frontera sur del país, con el fin de amedrentar a los migrantes y evitar su ingreso al país, y cuando la Comisión Europea llamó a expulsar a un millón de inmigrantes indocumentados.
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La ley aprobada por el parlamento húngaro establece que los demandantes de asilo solo podrán presentar sus solicitudes en "zonas de tránsito" situadas en la frontera, que son centros cerrados formados con contenedores en los que deberán esperar hasta finalizar los trámites.
El verdadero objetivo es trasladar a estos campos de concentración a todos los refugiados que se encuentran dentro del país y a los que aún no les ha sido concedido el asilo
Si la solicitud llegara a ser rechazada por parte de las autoridades húngaras, el demandante de asilo sería expulsado a Serbia, en cuya frontera se encuentran esas "zonas de transito", y no podrá entrar en Hungría.
Hungría, al igual que el resto de países europeos, contaba hasta ahora con centros abiertos y los refugiados podían moverse libremente por el país mientras se resolvía su caso. Con la nueva normativa serán encerrados, ya que el verdadero objetivo es trasladar a estos campos de concentración a todos los refugiados que se encuentran dentro del país y a los que aún no les ha sido concedido el asilo.
La portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), Cécile Pouilly, dijo que esta medida tendrá "terribles efectos psicológicos y físicos en mujeres, niños y hombres que ya han experimentado grandes sufrimientos".
Sin embargo, más allá de las críticas de ACNUR y la ONU, el gobierno conservador de Orbán, junto a las fuerzas de la extrema derecha nacionalista, vieron una buena oportunidad de avanzar en su cruzada xenófoba y antiinmigrante con la resolución aprobada la semana pasada en Bruselas que demanda a la Unión Europea la expulsión masiva de indocumentados.
Hungría permite que solo 25 personas entreguen cada día sus solicitudes de asilo en las "zonas de tránsito" y, después de presentar sus demandas de protección, la mayoría de ellos sigue su camino a otros países de la UE sin esperar su resultado.
Este es solo el último paso, hasta ahora, de las políticas antimigratorias de Orbán que han incluido la construcción de vallas y la aprobación de leyes que criminalizan la entrada irregular en el país y que dificultan la concesión del estatus de refugiado.
Hungría cerró su frontera sur en septiembre de 2015 con una valla -cuando cientos de miles de refugiados utilizaban la ruta balcánica para llegar a la UE- y hace poco se iniciaron las obras de una segunda, en paralelo a la primera.
El Parlamento también ha adoptado una legislación que prevé penas de hasta cinco años de cárcel por cruzar de forma ilegal la frontera.
Justo cuando el Parlamento votaba este martes la ley, Orbán aseguraba en el acto de graduación de guardias fronterizos que "la emigración es el caballo de Troya del terrorismo" y reiteró que actualmente "centenares de miles de personas están planeando partir hacia Europa".
En ocasiones anteriores Orbán ya había calificado la inmigración masiva de Oriente Medio y África como una "amenaza a la existencia del estilo de vida europeo".
Las brutales políticas antinmigrante que está llevando adelante hoy Hungría, son la expresión más brutal de una política que se repite a lo largo de toda Europa. Con el aumento de políticas securitarias y una mayor militarización, los gobiernos no hacen más que alimentar el odio, el racismo y la xenofobia en todo el continente. | 
