El ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció ayer en Audiencia Pública que las facturas de gas que superen los 250 pesos finales tendrán un tope de aumento del 300 al 400 por ciento para los usuarios residenciales y del 500 por ciento para las pymes, respecto de los niveles vigentes al mismo mes de 2016.
Los nuevos cuadros tarifarios que regirán para el suministro de gas natural se conocerán con exactitud hacia fin de mes y se aplicarán en tres etapas, a partir de abril próximo, de noviembre y de abril de 2018.
El año pasado los incrementos tarifarios, en medio de un fuerte rechazo popular, fueron de 200%, luego de que se debieran disminuir los planes iniciales del gobierno de ubicarlas en torno al 400%. Pero las empresas nunca son las pierden, y el ex-CEO de Shell les otorgó a fin de año un regalo de $3.450 millones.
No contentos con esto, Aranguren anunció también en la Audiencia Pública una reducción del 5 % a los subsidios que se aplican sobre la producción de gas natural, que representa aproximadamente un 40 % del valor de la factura que reciben los usuarios residenciales, por lo que el costo pasará de 3,42 a 3,77 dólares el millón de BTU.
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"Se ha dispuesto que en todas las facturas que superen 250 pesos, con impuestos, la nueva (que regirá desde el mes que viene) nunca puede superar entre 300 a 500 por ciento respecto del mismo período del año anterior", dependiendo de cada categoría, indicó.
El ministro sostuvo que el objetivo del Gobierno es lograr "una reducción gradual y previsible de los subsidios a la producción y la importación de gas natural", para "no sólo recuperar en tarifa el costo económico de la producción, sino ir reduciéndolo".
El titular de la cartera de Energía sostuvo que "el 60 por ciento de los argentinos tiene acceso a la red de gas natural" y que "hoy se está subsidiando el 50 por ciento del consumo" en general, mientras que "en el caso de la Patagonia alcanza al 81 por ciento".
"Queremos un suministro sostenible en el tiempo, promoviendo la producción local, para minimizar las importaciones, subsidiar a la demanda y no a la oferta, con un sistema equitativo y federal, y fomentar el ahorro y consumo eficiente", expresó el ministro.
Sin embargo, el ministro no hizo más que dar lugar al lobby empresario volcado en una nueva Audiencia Pública que lejos está de democratizar la discusión. Sin embargo, aún no se aclara adónde se destinaron los miles de millones de subsidios que cobraron las empresas productoras y distribuidoras en los últimos 15 años.
Las petroleras pidieron elevar el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte entre 7,6 y 8 dólares el millón de BTU, para garantizar que la inversión “no haga declinar la producción” en los próximos años. Entre quienes expusieron se encontraron representantes de YPF, Total Austral, Pan American Energy, Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
Por su parte, el presidente de la Administración Pampeana de Energía de La Pampa, Gonzalo Marcos, solicitó que se mantenga el tope del 400 por ciento de aumento para la Patagonia y que la Nación le revoque la licencia de concesión a Camuzzi Gas Pampeana, reconociendo la falta de inversiones de esta empresa en la provincia.
El ministro de Energía señaló que durante "2016, el 26 por ciento del suministro se los llevó la industria pagando 4,17 dólares; el 38 por ciento las usinas, pagando 5,20; el seis por ciento el GNC, el 24 por ciento el sector residencial, el tres por ciento el comercial y el dos por ciento la tarifa social".
También destacó que durante el año pasado, el Estado Nacional pago subsidios por 2.690 millones de dólares, producto de la diferencia entre lo que cobró la oferta (5,22 dólares el millón de BTU) y lo que pagó la demanda (3,97 dólares).
Tras señalar que "estamos cubriendo el 50 por ciento" del consumo con subsidios, Aranguren comentó que los precios que se pagaron el año pasado por la importación de gas fue de 7,09 dólares el millón de BTU proveniente de Chile; 3,56 el de Bolivia y 11,20 el gas oil que se utiliza en invierno para garantizar el suministro.
Respecto de la reducción de los subsidios, el ministro indicó que "va a ser gradual, del cinco por ciento, con excepción de Malargüe, La Patagonia y La Puna, en donde habrá una reducción de 81 al 75 por ciento" del nivel de subsidio para la producción en boca de pozo.
"Bajar el 50 al 45 por ciento el subsidio implica que pasa de 3,42 dólares el millón de BTU a 3,77 para todas categorías residenciales", puntualizó el ministro
Se trata de cuadros que comprenderán a los precios del gas en boca de pozo, de transporte y de distribución del fluido en las diversas regiones del país. Asimismo, dicha cartera resolvió recategorizar a la provincia de Mendoza, a Bahía Blanca y a 25 partidos del sur de la provincia de Buenos Aires e incluirlos en un esquema de nuevos umbrales (más altos) de consumo residencial de gas natural, atendiendo razones climáticas de más frío en esas zonas.
Ello implicará un aumento del volumen de gas que los usuarios residenciales podrán consumir anualmente sin pasar a la categoría siguiente, de mayor precio por metro cúbico consumido.
Los partidos bonaerenses alcanzados por tal rezonificación son Olavarría, Azul, General Lamadrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Pringles, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Laprida, Benito Juárez, González Chaves, Tres Arroyos, Tandil y San Cayetano.
También comprende a Necochea, Lobería, Ayacucho, Rauch, Balcarce, Alvarado, General Pueyrredón, Mar Chiquita, Puán y Adolfo Alsina.
La categoría Residencial 1 comprenderá consumos de hasta 900 metros cúbicos anuales (ahora es de hasta 600), la R2 se subdivide en R2-1 (901 a 1000 metros cúbicos), R2-2 (1001 a 1200 metros cúbicos), R2-3 (1201 a 1400 M3); y la R3-1 (1401 a 1600), R3-2 (1601 a 1800 M3), R3-3 (1801 a 2200) y R3-4 (más de 2201 metros cúbicos anuales).
Esta decisión, según indicó una fuente ministerial, será activada mediante la resolución que corresponde "en forma simultánea" con las resoluciones del ENARGAS que establecerán los nuevos cuadros tarifarios integrales para el servicio.
El Frente de Izquierda plantea la suspensión de los tarifazos en todos los servicios públicos y el transporte hasta realizar una investigación sobre el uso de los recursos que el Estado les regaló a las empresas prestatarias durante la última década y que no se destinaron para la inversión, dejando los servicios en un estado crítico. | 
