De acuerdo con La jornada, a la pregunta de si a corto plazo los militares se retirarían a los cuarteles, respondió:
–No nos vamos a retirar. No sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos, no es nada más la orden del Presidente de la República, es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos, y ahí vamos a estar mientras la sociedad lo pida y el Presidente no ordene lo contrario.
De la misma manera, llamó al congreso a aprobar la Ley de Seguridad Interna, que fue sometida al Senado desde el año pasado. En ese contexto, sus declaraciones no deben extrañarnos.
Estado “de impunidad”
Ya hemos señalado antes lo peligrosa que era la posible aprobación de dicha Ley. Pues después de 10 años de supuesta guerra contra el narcotráfico –con los más de 160 mil muertos y la descomposición del tejido social que ha implicado- dicha reforma sólo establece en términos legales lo que de facto ya ha sido instaurado: la confusión entre la esfera militar y la civil.
En el documento presentado por el senador del PAN Roberto Gil Zuarth que se puede consultar en internet, se elabora un diagnóstico en donde se señala que a partir de los años 70’s la función de las fuerzas armadas ha ido transitado desde la seguridad exterior respecto a otros estados a la interior: “Pasando en esos años de la guerra fría de enfrentar amenazas generadas por Estados y otros sujetos de derecho internacional a enfrentar amenazas emergentes de naturaleza no estatal como el narcotráfico, el terrorismo y el cambio climático en épocas más reciente”.
No es sorprendente que los años 70’s sean el punto de inflexión, pues lo que no dice el documento es que son los años de la guerra sucia, donde las desapariciones forzosas y las ejecuciones a luchadores sociales eran el “auxilio” que las Fuerzas Armadas prestaron a las autoridades civiles.
No obstante, desde que inició la guerra contra el narcotráfico en el 2006, la estrategia de gobierno dio un giro hacia la militarización permanente de regiones enteras del país. El proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que inclusive legaliza la intervención de las comunicaciones privadas, no busca más que construir un marco legal para esta nueva relación de fuerzas: un verdadero estado de impunidad, es decir, de control y represión de los que protestan, los de abajo, los trabajadores
y pueblo pobre; y protección a todo nivel de los que a diario delinquen, los de arriba, los empresarios y los políticos ligados a la delincuencia, el crimen y al narco.
El discurso de que estas medidas buscan la progresiva pacificación del país es un engaño.
Apenas este 1 de marzo, víctimas de los militares y familiares de desaparecidos se congregaron fuera del senado para exigir que no se aprobara la medida, pues ésta, señalaron, no hará otra cosa que legalizar la impunidad. La única perspectiva es la movilización contra este régimen asesino. Para acabar con el río de sangre que ha inundado nuestro país, hay que organizarnos contra sus artífices y defensores. | 
