El pasado jueves 2 de marzo, la ciudad de Pergamino protagonizaba la peor masacre carcelaria en la historia de una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Siete internos aparecían muertos como consecuencia de un incendio desatado dentro de una de las celdas de la Comisaría Primera de Pergamino. La maldita bonaerense protagonizaba un nuevo crimen.
Los primeros intentos de culpar a los internos, diciendo que habían protagonizado una pelea y generado ellos mismos el incendio, naufragaron cuando salieron a la luz los pedidos de auxilio que mandaban por celular los reclusos a sus familiares y amigos. En los mismos se los alertaba de las amenazas de muerte que habían recibido por parte de los policías y se les pedía que fueran a rescatarlos. Cuando llegaron al lugar de la masacre y ante la indignación que les provocó conocer que habían asesinado a sus hijos, hermanos, novios y amigos, la respuesta que obtuvieron fueron las balas de goma y los gases lacrimógenos.
Los familiares y amigos de las víctimas de la Comisaría Primera vienen organizándose para reclamar por justicia. Realizaron la segunda marcha en la ciudad de Pergamino para repudiar la masacre. Cientos de pergaminenses nos movilizamos hasta el Ministerio Público Fiscal reclamando que se profundice la investigación y se juzgue a los culpables.
Se cumplen ya once días de esta masacre. Como desde el primer momento, se intenta sembrar un manto de impunidad, desligando todo tipo de responsabilidades de las autoridades de la Policía Bonaerense y los poderes públicos. Solo se ha dispuesto la remoción de un oficial y un sargento que estaban a cargo de la seccional esa noche, como si la cadena de responsabilidades terminaran allí. Es necesario ir hasta el final y encontrar las responsabilidades que hay detrás de este crimen, tanto dentro las fuerzas de seguridad como a nivel político,
No es la primera ocasión que hechos de esta naturaleza suceden en la Comisaría Primera de Pergamino. En los últimos años, al menos cinco reclusos murieron en circunstancias dudosas, con reclusos que aparecían muertos en sus celdas y frente a los que los efectivos policiales hacían pasar como suicidios.
Y esto no es una excepción. "Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes”, dice el comunicado que emitió la Comisión Provincial de la Memoria. Esto se debe a que es producto de un sistema carcelario que a nivel provincial no para de batir records. Las condiciones inhumanas en las que se tiene a los internos, el hacinamiento de la población carcelaria que ya ha llegado a superar los 38.000 detenidos (muchos de ellos sin condena), las torturas cuyas denuncias vienen acumulándose año a año, como demuestran los informes del Comité contra la Tortura, son algunas de las más crudas expresiones de las múltiples formas de vejámenes a los que están sometidos.
En la Provincia de Buenos Aires, el alojamiento de personas con o sin pena en comisarías hace años está prohibido. Pero desde el último período del gobierno de Daniel Scioli, con el entonces ministro de Seguridad, Alejandro Granados, las celdas de las comisarías volvieron a ser utilizadas como cárceles. Y, recientemente, con el agravamiento de las penas y las nuevas leyes de flagrancia en la provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, la población aumentó exponencialmente y volvió a ser moneda corriente que en las comisarías vivan miles de reclusos sin las condiciones mínimas.
Es responsabilidad de la Policía, y del Gobierno de María Eugenia Vidal esta situación que, con las reformas de las leyes de punibilidad y la reforma de la Ley 24.660, cada vez se agravan más las condiciones inhumanas en las cuales deben vivir los internos, sea en comisarías o en penales. Por ello es que el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la gobernadora María Eugenia Vidal y el Intendente del Municipio, Javier Martínez son los que tienen que dar explicaciones ante esta situación.
Ninguna política de reforma de la policía va a lograr sacar a la mafia que está enquistada en el seno de las distintas fuerzas de seguridad. La misma que es responsable del gran delito organizado, con la complicidad de sectores del poder político y de la justicia. La misma que utiliza a jóvenes como Luciano Arruga para obligarlos a robar para recaudar en su beneficio. Y que después los asesina y los desaparece.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda exigimos la constitución de una Comisión Investigadora Independiente, conformada por organismos de reconocida trayectoria por su pelea por los derechos humanos, los familiares y amigos de los presos que estaban en la Comisaría al momento de la masacre, así como de los profesionales y técnicos de las Universidades públicas, que son quienes están verdaderamente interesados en llegar hasta el final de la investigación y pueden brindar sus conocimientos a tal fin. | 
