Este escándalo se suma a las corruptelas expuestas en la licitación del tren rápido México-Querétaro y en medio de la crisis nacional abierta por la desaparición de los 43 normalistas.
“Dinero que gané con mi trabajo”
En la últimas horas del día de ayer, Angélica Rivera declaró ante la nación –vía Televisa– que la residencia ubicada en uno de los barrios más acaudalados de la Ciudad de México es suya, y es el producto de su trabajo como actriz en la misma empresa.
Según Rivera, la casa de más de 7 millones de dólares todavía no está íntegramente pagada a la inmobiliaria y aún así ha decidido vender los derechos “porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo”.
Después de una larga alocución sobre la “rectitud” con la que ha actuado durante su vida, Rivera insistió en que la información hecha pública era de orden privado y que no tenía obligación de hacer públicos al país sus gastos ya que no es funcionaria pública. En su aclaración olvidó mencionar que, desde que Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente, Rivera es la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo (CCD) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF- Nacional), instancia del gobierno federal que funciona a expensas de la Secretaría de Salud.
Además, evadió el hecho de que la indignación que despertó la “casita blanca” –como la llaman ya los medios de comunicación– se debe a la ostentosa forma de vida de la clase política y los empresarios en México, un país donde, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), son 52 millones de personas las que viven en la extrema pobreza y el salario mínimo es de 4,7 dólares diarios.
El gobierno intenta tapar con un dedo una verdad repetida a muchas voces: el origen mal habido de las grandes fortunas de los políticos de todos los partidos.
Los amigos del presidente
La “primera dama” y el presidente evaden el hecho de que el escándalo de su tan bien montada mansión estalló por la cancelación de la licitación del tren rápido a una empresa China.
Y es que la prensa nacional denunció que en la misma las empresas beneficiaras pertenecen a personajes íntimos del presidente y del partido en el poder. Este es el caso de las empresas de Hipólito Gerard, Juan Armando Hinojosa Cantrú y Prodmex. Estas últimas son empresas mexiquenses que hicieron importantes negocios en el Estado de México a expensas de los gobiernos del PRI.
No es casual que algunos de los amigos del presidente sean Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México recientemente ovacionado en la elección de la CDE (Comité Directivo Estatal) del PRI, sospechoso de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y maltrato intrafamiliar. O Mario Marín, exgobernador de Puebla que todavía se pasea en los actos importantes del partido a pesar de ser conocido a escala internacional como el “gober precioso” por un escándalo destapado por la periodista Lydia Cacho que después fue secuestrada y perseguida por órdenes del mismo funcionario.
Ni que decir de todos los funcionarios y políticos de todos los partidos, como el ex alcalde de Iguala y asesino de luchadores sociales José Luis Abarca que tienen millonarios negocios con el narcotráfico y viven en sus muy bien montadas mansiones a expensas del erario público.
La forma de vida de la clase política y los empresarios en México, no tiene nada que envidiarle a la descripción que hizo el historiador Héctor Díaz Zermeño cuando dijo, a propósito de la clase dominante durante el porfiriato que “Fue una burguesía ostentosa, ridículamente ostentosa y satisfecha de su fortuna adquirida con tanta facilidad. Conoció muchos placeres y de manera particular el de la opresión”. | 
