La empresa, perteneciente a la CNEA, fue clausurada en Córdoba por funcionar sin permisos y en Formosa la construyen ilegalmente sin consulta previa de la comunidad.

Foto: revista MU.

Los vecinos del barrio Namqom de Formosa protestaron contra la construcción de Dioxitek SA, la planta procesadora de dióxido de uranio perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica y que fue clausurada en Córdoba luego de que se supiera que funcionaba sin permisos ni requisitos de higiene y seguridad.

Israel Alegre, histórico dirigente qom de Formosa e integrante de QOPIWINI, organización que nuclea a los pueblos qom, pilagá, wichí y nivaclé de la provincia, declaró ante la Agencia Periodística Timbó que “la planta de uranio se pretende instalar a cuatro kilómetros de la comunidad. El tema no se trata solamente de la ubicación sino también de la contaminación potencial de este proyecto. Vemos que la provincia está violando el Art. 38 inciso 3 de la Constitución Provincial y el Art. 41 de la Constitución Nacional. Estamos hablando de no contaminar el ambiente”.

En 2014 el Estado Nacional decidió reubicar la planta en Formosa luego de que el gobernador Gildo Insfrán ofreciera dicha provincia. La misma se ubicaría en el límite con la República del Paraguay y a sólo cuatro kilómetros del barrio Lote 68 de la comunidad Namqom que tiene más de seis mil habitantes. Sus miembros buscan que la Corte Suprema detenga la obra y se efectivice su derecho a la consulta y participación, y hasta el Senado paraguayo realizó una audiencia pública tiempo atrás expresando preocupación e instando a no instalar la planta en el límite con el vecino país.

“El reclamo más importante aquí es el derecho a la vida. A veces seguimos pensando que para la provincia de Formosa, los indígenas no somos seres humanos. Esta planta antes estaba en Córdoba, pero por problemas ambientales decidieron cerrarla y traerla a Formosa, cerca de nosotros. El genocidio contra los pueblos indígenas se sigue practicando, ya no con armas, sino que a través de la contaminación”, declaró críticamente el dirigente indígena.

Contaminación e irregularidades

Dioxitek SA es una empresa estatal cuya mayoría accionaria está en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica con un 99 %, mientras que el restante 1 % le pertenece a la provincia de Mendoza. Su fin es abastecer a las centrales de Atucha I y II y Embalse, y a las futuras centrales nucleares chinas acordadas por Cristina Kirchner y ratificadas por Mauricio Macri. Autoridades formoseñas declararon que la planta procesadora debería estar activa para finales del año 2019.

Según señaló a Radio Uno de Formosa el doctor Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para el Cuidado del Medioambiente (FUNAM), en referencia a la construcción de Dioxitek en esta provincia, “todos los materiales radioactivos son cancerígenos, y en el chichón que se generó en Córdoba no solamente hay uranio acumulado, sino que también están otros elementos procesados que son altamente radioactivos, y por ende, cancerígenos”.

El especialista, quien también es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, criticó a los funcionarios de Formosa por “repetir lo que dice la CNEA sin entender demasiado de qué se trata” y sostuvo que “por algo ya en todas las demás provincias no se aceptó a la planta, y en Córdoba se la quiere echar”.

“En el barrio Namqom de Formosa se verán seriamente afectados con esto porque el uranio enriquecido no es lo mismo que el que está sin procesar, en la naturaleza, como sostienen los funcionarios de esa provincia”, sentenció.

Actualmente la mayor preocupación de los habitantes del sector conocido como Alta Córdoba es la contaminación que puede existir en la zona con el llamado “chichón” que contiene los residuos de la producción anterior de la planta, los cuales fueron depositados en el patio de atrás de las viviendas de vecinos de una zona sumamente poblada. Se trata de un proceso productivo altamente contaminante que va generando residuos peligrosos que se acumulan en el lugar. En el lugar llamado “chichón” ya habría más de 57 mil toneladas enterradas de residuos tóxicos, a tres cuadras del lugar en el que explotó la Química Raponi, hecho que desencadenó que el intendente Mestre prohibiera Dioxitek en el barrio de la provincia mediterránea.

Por otro lado, en Formosa, el martes 7 de febrero miembros de la comunidad qom del Lote 67 cortaron la ruta nacional 11 en protesta a la construcción de la nueva planta de Dioxitek.

Acción de amparo

En julio de 2014, miembros de la comunidad qom del barrio Namqom promovieron una acción de amparo contra Dioxitek, el Estado y la provincia por la instalación de la planta de tratamiento. En la presentación se sostuvo que la instalación debía ser suspendida por constituir un grave perjuicio y una irreversible afectación al derecho de la comunidad aborigen al no haber actuado la provincia conforme lo establecido en el Convenio 169 de la OIT respecto del derecho de consulta previa informada, que establece que debía realizarse necesariamente en forma previa al inicio de la construcción de Dioxitek.

Los integrantes de la comunidad del Lote 68 acudieron a la Justicia federal para que garantice el derecho humano fundamental a vivir en un ambiente sano. Esta causa se inició en el Juzgado federal 2 de Formosa, el cual se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia provincial. Luego de un largo recorrido judicial, esta causa llegó a la CSJN y la Procuración en su dictamen, que no es vinculante, sentó su posición de que es la Corte la que debe entender en este tema.