Casi el 30% de las madres en Latinoamérica son menores de 20 años. Es el resultado que arrojó el reciente estudio La reproducción en la adolescencia y sus desigualdades en América Latina, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que realiza un análisis de los porcentajes de maternidad en adolescentes registrados en el censo de 2010, tomando como referencia a las jóvenes que fueron madres entre los 15 y los 19 años. Los resultados son sometidos a una comparación diacrónica con los números de 1990 y 2000 en la misma región, y a una sincrónica a partir de las cifras actuales de otras regiones del mundo.
Con respecto al año 2000 hubo un descenso de 32% a 28%, retornando a niveles similares a los de 1990 (29%). Sin embargo, en comparación con otras regiones, las cifras continúan siendo altas. En Europa Occidental la maternidad en adolescentes es de un 2%, y mientras que del total de niños y niñas nacidos en América Latina y el Caribe un 17,5% son hijos de adolescentes, el promedio mundial es de 11,2%.
El informe de la CEPAL revela que los países de la región con proporciones mayores son Nicaragua con 19,9%, República Dominicana con 19,7% y Ecuador con 17%. Los niveles más bajos, por otra parte, se registran en Perú con 11,5%, Costa Rica con un 11,1% y Uruguay con un 9,5%.
Todos estos números no pueden ni deben leerse de forma mecánica, puesto que cada región tiene su historia y sus particularidades, pero lo cierto es que la condición de “semicoloniales” de los países de América Latina no es solamente una arista de la macroeconomía, sino que atraviesa directamente la vida de su población. Cuando sus economías están atadas de pies y manos a los vaivenes de los países centrales, la desigualdad social siempre es más aguda y el retraso en algunas políticas de Estado, en algunos casos son mayores (como la injerencia de la Iglesia Católica y sus constantes trabas para el ejercicio de la educación sexual).
La cuestión de la clase social se hace más notoria cuando los números saltan a la vista: para siete países con datos disponibles, el porcentaje de madres de 15 a 19 años del quintil socioeconómico inferior es entre tres y cuatro veces el del quintil superior. A esto se suma la segregación que sufren históricamente los Pueblos Originarios, cuyas madres adolescentes superan y en algunos casos duplican las cifras de las demás jóvenes.
El estudio concluye que las políticas públicas deben incluir la educación sexual integral, la consejería para el ejercicio de sus derechos y la adopción de decisiones informadas y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que incluyan la provisión de métodos de anticoncepción. Alerta además, que por falta de oportunidades, restricciones para elaborar proyectos personales y patrones culturales, muchas niñas ven en la maternidad una forma de superación de la pobreza, lo que haría necesario robustecer las políticas de educación e inserción al mundo laboral para ampliar sus posibilidades de desarrollo.
Pero la maternidad adolescente no puede entenderse como un problema aislado, porque la educación sexual en las escuelas no puede implementarse plenamente mientras instituciones como la Iglesia Católica mantengan su injerencia en las políticas públicas y el sistema educativo de los distintos países. Las políticas de mejora de la educación no resuelven la desigualdad social que quita a millones de niños, niñas y jóvenes la posibilidad de estudiar. Las “posibilidades de desarrollo” son sumamente limitadas mientras persista con tanto peso el flagelo de la precarización laboral instaurada en la región durante los años ’90 principalmente, que golpea de forma abrumadoramente mayoritaria a las mujeres y sobre todo a las más jóvenes.
Y no sólo de la educación sexual depende la posibilidad de decidir cuándo queremos ser madres, en tanto el acceso a anticonceptivos también es una cuestión de clase ya que no hay en la mayor parte de la región políticas públicas serias de distribución gratuita. Y, como broche de oro, en la mayor parte de Latinoamérica y el Caribe el aborto continúa siendo una práctica clandestina debido a su prohibición y criminalización.
Esto no sólo aumenta la dificultad para acceder a él a las jóvenes que no pueden pagarlo, sino que además se convierte en una instancia donde pueden dejar su propia vida, como es el caso de nuestro país donde cada año son 300 las muertas por abortar en clandestinidad. Los números del estudio de la CEPAL, entonces, tienen correlación con la realidad, la economía y la historia de la región, pero las alternativas no son viables si se contienen aún en un sistema mayor de la desigualdad más absoluta. |
