Según el oficialismo, el proyecto busca que se transparente el proceso de reajuste salarial de los congresistas, estableciendo un consejo teórico asesor presidencial, "para que el Congreso no tenga que votar su propio reajuste, para que existan antecedentes para esos cambios de una comisión lo más técnica posible, para que también exista la posibilidad de que los altos cargos tengan un reajuste diferenciado", declaró el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Dentro del proyecto de ley, se propone que dicho consejo eleve una propuesta a la presidencia sobre un reajuste en las “dietas” de los altos cargos públicos, es decir, ministros, subsecretarios, intendentes, parlamentarios y a la Corte Suprema. En relación a esto, el presidente sólo podrá aceptar la cifra o disminuirla, sin embargo nunca aumentarla.
Un salvavidas al último trecho del gobierno
Este proyecto de ley surge desde el descontento de la población y del pueblo trabajador frente a la inmensa desigualdad salarial entre los altos funcionarios “públicos”, que viene a actuar como salvavidas de un gobierno en crisis.
Básicamente, repetir la lógica que ha cumplido el gobierno de la Nueva Mayoría de recoger las demandas más sentidas de la calle y moldearlas a su manera, como fue el caso de la educación gratuita, que el gobierno salió a “solucionar” con una beca de gratuidad; el caso de las AFP, proponiendo una AFP Estatal sin modificar los pilares de las Asociaciones de Fondos de Pensiones; la demanda por un aborto libre, legal, seguro y gratuito, promoviendo una restringidísima ley de aborto en tres causales, que viene a cubrir menos del 5% de los abortos realizados en Chile, y que incluso se ha encontrado con diversas trabas.
Un proyecto de ley en la medida de lo posible y a la medida de los empresarios
Aunque el ministro Valdés no se refiera en ningún momento a la cantidad exacta o aproximada de dinero que recibirán los funcionarios públicos que pertenecen a los altos cargos, ya podemos imaginarnos que este monto seguirá en cifras millonarias y estratosféricas en comparación con el dinero que recibe el pueblo trabajador.
Frente a este escenario, es importante que pongamos al centro del debate a quiénes sirven estos funcionarios con sueldos que más se asemejan a los grandes empresarios que al del pueblo trabajador y pobre.
En reiteradas ocasiones han salido a la luz casos de parlamentarios que son financiados por empresas o que incluso tienen acciones, inversiones o son propietarios de diversos negocios, en donde utilizan su tribuna en pos de sus negocios, en representación de los ricos en desmedro de la clase trabajadora, las mujeres, quienes reciben un sueldo menor por el mismo trabajo que desempeña un hombre, y la juventud.
Sueldos millonarios, son leyes para empresarios
En Argentina, los diputados del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), pertenecientes al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), toman la contradicción de la diferencia entre la dieta parlamentaria con el sueldo de miles de familias trabajadoras como una cuestión integral.
En el 2014, el ex candidato presidencial por el FIT, Nicolás del Caño, junto a la diputada nacional del PTS-FIT, Myriam Bregman, presentaron un proyecto de ley, donde proponen que todo parlamentario debe recibir el mismo salario que un docente. Como era de esperarse, dicha iniciativa no fue bien recibida por el conjunto de parlamentarios, ya que para ellos, ataca directamente sus intereses, donde un diputado, sumado a una serie de beneficios recibe $100 mil pesos argentinos, es decir, unos $5 millones en pesos chilenos, y donde la clase obrera recibe como sueldo mínimo unos $5 mil pesos argentinos, es decir, unos $250 mil pesos chilenos.
Sin embargo, más allá de la escasa recepción a la propuesta de los diputados de izquierda, el PTS ha tomado como política propia el que cada diputado o concejal cobre lo mismo que un profesor. El resto de su dieta parlamentaria, está destinada a las diversas luchas que da la clase trabajadora a nivel nacional, un compromiso expresado materialmente, en que todo legislador no puede desprenderse de la realidad de las y los trabajadores que diariamente deben arreglárselas para sobrevivir a los golpes de las patronales, y del Estado al servicio de los grandes empresarios.
Como si esto fuera poco, los diputados del FIT también han ingresado un proyecto de ley que reduzca la jornada laboral a 6 horas: “hay que reducir la jornada laboral para que todos trabajen 6 horas, 5 días a la semana para así poder incorporar a cientos de miles de trabajadores, desocupados, precarios. Esto tiene que ocurrir sin tocar el salario. Eso es inaceptable. Hay que afectar la ganancia capitalista, otra no queda”. Declaró Nicolás Del Caño, dirigente del PTS y precandidato a diputado nacional por el PTS en el FIT en la provincia de Buenos Aires.
Una nueva alternativa política al servicio de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud
Frente a este contexto, en donde los congresistas, abalados por las leyes del Estado, deciden sus propios sueldos que suman cifras extraordinarias, en donde los trabajadores en Chile están expuestos a largas jornadas laborales y de una alta intensidad, cobra una gran importancia replicar este parlamentarismo revolucionario que han llevado a cabo los diputados del FIT, y este es el ejemplo que queremos implementar en Chile desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios con nuestro proceso de legalización.
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"Luchamos por una alternativa de trabajadores, jóvenes y mujeres, independiente de Chile Vamos, Nueva Mayoría y los empresarios" |
