El inciso 12 del artículo 33 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales establece entre las obligaciones y derechos del Administrador Integral -que puede ser una persona moral o una entidad paraestatal- la facultad de “operar los servicios de vigilancia y control de accesos y tránsito de personas y bienes en la Zona, de conformidad con lo previsto en las reglas de operación de la misma, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables y las atribuciones de las autoridades competentes. Dichas funciones podrán prestarse con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en las mismas se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.”
Asimismo, el gobierno de Peña Nieto prevé la represión ante el descontento social: “En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes podrán prestar en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de la Zona”.
Como señala la agrupación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), este plan del gobierno federal anunciado como la vía para “democratizar la productividad” en zonas de marginación económica, como el Itsmo de Tehuantepec, constituye una profundización del modelo extractivista y un avance hacia la privatización del territorio de México.
Ni siquiera se preservará la formalidad de la administración del territorio por parte de los gobiernos municipales, que hoy participan de la entrega a los inversores de turno. Los alcaldes deberán seguir las órdenes del Administrador Integral a la luz pública. El capital se saca hasta la última máscara: su junta de administradores encarnada en los gobiernos a su servicio.
Las zonas afectadas son la del Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios de los estados de Michoacán y Guerrero; la del Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, y la de Puerto Chiapas, en Chiapas.
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El plan del gobierno es realizar la industrialización acelerada de numerosas regiones que hasta ahora pertenecían a comunidades y pueblos originarios, que eran zonas rurales. Un plan que por supuesto no tiene en consideración la preservación del medio ambiente y las tradiciones locales, que implicará su destrucción a ritmo acelerado.
Al mismo tiempo, busca orillar a la población a emplearse en condiciones de precarización laboral, con bajos salarios y, en el mejor de los casos, prestaciones reducidas. Todo en beneficio del capital privado.
Las Zonas Económicas Especiales son parte de la salida que los capitalistas buscan a la crisis del desaceleramiento de la economía. Una oportunidad también para negociar con la nueva administración estadounidense encabezada por Donald Trump.
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son de los estados donde más peso tiene el magisterio que enfrentó la reforma educativa, también donde se extendió con fuerza el movimiento por Ayotzinapa, y que tiene una larga de historia de resistencia contra los ataques gubernamentales. En estados donde los distintos gobiernos han desplegado la militarización para acallar el descontento social.
No está dicho que las trabajadoras y los trabajadores de la educación, así como de otros sectores, como los petroleros, junto a la juventud, las mujeres y los pueblos originarios no resistan ahora este plan de entrega y expoliación que quiere implementar Peña Nieto como uno de sus últimos grandes actos de gobierno.
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