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Después de un primer retraso, este miércoles se aprobaron los Presupuestos de 2017 de la Generalitat. La votación estuvo ajetreada por las protestas de parte de la oposición a lo que consideran son unos presupuestos anticonstitucionales. El Consejo de Garantías Institucionales había advertido que la partida destinada al referéndum era anticonstitucional, en lo que se agarraban el PP, PSC y Cs para tratar de paralizar la votación.
Finalmente la cuestión del referéndum estará incluida en las cuentas. JxS votó a favor tanto de la enmienda de Catalunya Sí que es Pot, como de la de la CUP, sobre dicha cuestión. La enmienda de CSQEP es va en la línea del “referéndum pactado” y la de la CUP del referéndum unilateral. Sea como sea, hasta el momento Puigdemont y Junqueras siguen sin explicar cómo, a parte de por medio de una partida presupuestaria, se llevará adelante dicha consulta. Es decir, qué piensan hacer para sortear toda la maraña judicial, fiscal y policial que el Estado español va a oponer para que se lleve a cabo.
De momento han llevado adelante una estrategia impotente de querer bordear la legalidad para evitar la represión del Estado. Como si el Estado no fuese a actuar para evitar el referéndum y la independencia bajo cualquier circunstancia. Como si se pudiese llevar acabo la independencia de manera unilateral sin quebrantar la legalidad española. El discurso que ha tenido el “processisme” des de el inicio de que todo se hará de la “ley a la ley” y sin la menor perturbación del orden empieza a chocar con la realidad. En vez de poner el acento en al legitimidad democrática de la autodeterminación y decir abiertamente como se hará el referéndum para hacer un proceso abierto, transparente y participativo, se escudan en la necesidad de evitar la represión del Estado para justificar la estrategia legalista y de no hacer públicos los planes. Pero esta estrategia no solo no evitara la represión sino que evita que se desarrolle la única que puede hacerle frente, la movilización social.
Por eso, tildar a estos presupuestos como los del “referéndum” no deja de ser más una formulación de deseos que una realidad. Como dicen incluso los sectores cupaires opuestos al voto a favor de sus diputados, que acaban de publicar un manifiesto se trata de un “referéndum sin garantías”. Es que, casi 5 años de procesisme, con mucho discurso, resolución y promesa, pero pocos hechos concretos para oponerse al Estado, pesan más que un artículo de la Ley de Presupuestos.
La hoja de ruta de JxS ni quiere ni puede poner en marcha las fuerzas sociales capaces de doblarle el brazo al Estado español. Solamente con una gran movilización social se podría. Los representantes políticos de las grandes familias catalanas no quieren ni oír hablar. Pero además si algo ha conseguido el "procesisme", al vincular el derecho a decidir con la vieja Convergencia, es obstaculizar que amplios sectores de trabajadores vean esta causa como suya, al menos como para decidirse a movilizarse por ella.
Aún así, tanto el PSC, como el PP y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional los Presupuestos. ¡Qué novedad! Todo, el el mismo día en que se conocía la inhabilitación de Francesc Homs, diputado en el Congreso del PDeCAT, por un año y un mes por el delito de desobediencia a raíz de su responsabilidad en la consulta del 9N. Una sentencia en la misma línea que las recientemente conocidas contra Mas, Ortega y Rigau.
La única sorpresa en la jornada la protagonizó la diputada de Catalunya Sí que es pot, Àngels Martínez, que rompió la disciplina de voto dándole un sí a la enmienda de la CUP. Martínez declaró haber “votado en conciencia para que la defensa del referéndum implica voluntad y partidas para hacerlo posible." Algo que, sin embargo, iba en contra de la línea oficial de los comunes: limitarse a defender un “referéndum pactado” con el Estado.
Es importante recordar que CSQEP decía en su programa electoral que “Cataluña necesita iniciar un proceso constituyente propio -fundamentado en la plena soberanía del pueblo catalán como sujeto colectivo que puede decidir su futuro- que no esté subordinado, ni sea subalterno, a ningún otro marco. La apertura de un proceso constituyente catalán propio, y no subordinado, es la contribución que desde de Cataluña podemos hacer a la ruptura del Régimen de 1978 en todo el Estado” y “un proceso constituyente implica decidirlo todo: decidirlo ante aquellos que no quieren que lo hagamos, ante el Estado Español”.
Sin embargo, de aquello se han olvidado. Su discurso actual es que solo apoyarían un “referéndum pactado” con ese mismo Régimen del 78 y niegan por lo tanto el derecho de autodeterminación del pueblo catalán.
Por otro lado la CUP ha decido al chantaje y ha aprobado unos presupuestos antisociales a cambio del compromiso de JxS de realizar un referéndum de autodeterminación vinculante en septiembre como fecha límite. Igual que CSQEP la CUP también viene a desdecirse, concretamente de lo que ella misma debatió y aprobó hace menos de un año, en mayo de 2016 en su asamblea nacional cuando sostuvieron que no entrarían en “ninguna dinámica que no se plantee la desobediencia clara y frontal en relación a las imposiciones del Estado español, de los mercados financieros y que no se plantee la reversión de las privatizaciones y recortes de los últimos años. Recordemos que estos presupuestos no revierten los recortes y sitúan el gasto social en un 10% menos que en 2010.
La CUP ha terminado supeditando la celebración del referéndum a la validación de la política económica y social del PDeCat y ERC. Aceptando por esta vía que la autodeterminació se convierta en objeto de chantaje político, y lo que es peor dando por buena la renuncia a la lucha social como moneda de cambio. Además la renuncia a dar batalla en el terreno social dificulta movilizar a la clase trabajadora y a los sectores populares a favor de la autodeterminación. En vez de ligar la autodeterminación a la transformación social, se hace creer que la autodeterminación ha de ir ligada a renuncias en materia de derechos sociales.
Tal y como señalan los sectores críticos en su interior esta decisión implica además “vincular las políticas económicas neoliberales al derecho de autodeterminación es una apuesta perdedora pos sí misma porque impide ampliar la base social independentista entre las clases populares”. Algo, por otra parte, que no viene del voto a favor de los presupuestos, sino que ha sido cultivado en estos 6 últimos años por la negativa de la izquierda independentista y del espacio de los comunes a conformar un ala que luchase por este derecho con total independencia política de los partidos de la burguesía catalana y ligando esa pelea a la lucha por un programa para que la crisis la pagasen los capitalistas, también los del 3%.
Así pues, los Presupuestos de 2017, más que acercar alejan la posibilidad de que el pueblo de Catalunya pueda votar y decidir libremente su relación con el resto del Estado. Ni el “referéndum pactado” de los comunes, ni la “mano extendida”de la CUP significan una alternativa a la hoja de ruta de JxS.
Para combatir estas cuentas, sus millones de recortes impuestos sobre la educación, la sanidad y los servicios públicos, el regalo de millones a empresas y la Iglesia -como los 30 que se destinarán de nuevo a las escuelas del Opus Dei-... es clave retomar la movilización social, y que ésta incorpore también la demanda del referéndum. Sólo por medio de una gran movilización social se podrán tumbar las medidas represivas del Estado español querrá imponer, y sólo vinculando esta lucha con un programa contra el paro, la precariedad, los desahucios y la pobreza, se podrán sumar las amplias mayorías obreras y populares para conquistar este derecho democrático. | 
