Se cumplen 35 años del golpe de Estado militar que llevó al poder al dictador Efraín Ríos Montt en Guatemala. Junto con un grupo de oficiales y mandos militares tomaron el control de la capital para -según declararon- “establecer el orden” y detener el avance de la insurgencia en el país centroamericano.
Sin embargo, uno de los principales antecedentes de este acontecimiento fue que años antes Ríos Montt se presentó como candidato de la Democracia Cristiana en las elecciones de 1974, asegurando que había sacado más votos que el general Eugenio Laugerud García, quien finalmente fue reconocido por el Congreso como presidente.
La prensa internacional narraba los hechos del golpe, cuando sorpresivamente el general Romeo Lucas se rindió a los militares que horas antes habían rodeado el palacio presidencial y se mantenía un fuerte despliegue de soldados con vehículos y carros blindados en las calles de Guatemala. A esto siguió el anuncio de la instalación de una “Junta representativa de Gobierno” cívico-militar presidida por Ríos Montt y la celebración de nuevas elecciones para el país.
Desde entonces el país se mantuvo bajo un intenso ambiente de inestabilidad que produjo el ataque contra grupos de la guerrilla y el permanente acoso por parte del ejército guatemalteco hacia la población.
Hay que señalar que estudiosos de la realidad en Guatemala señalan que si bien en el período de gobierno de Lucas García las masacres contra la población iban en aumento, es con Ríos Montt que la violencia tuvo una mayor escalada.
Héctor Rosada, sociólogo y antropólogo explica que “entre 1981 y 1985 es la decisión militar de asumir todo el poder y la responsabilidad del manejo de la guerra lo que determinó el genocidio”. Junto a ello también esta el hecho de que los terratenientes eran quienes pedían al ejército que llegara a sus áreas a cuidarlos de la guerrilla.
Comunidades enteras fueron ocupadas y convertidas en destacamentos militares, quienes sometieron al conjunto de la población a las peores vejaciones; la desaparición forzada de más de 600 líderes indígenas, el asesinato de miles de campesinos, así como la violación y explotación sexual de mujeres fue reconocido recientemente en el juicio por genocidio en la comunidad de Sepur Zarco durante los años de 1982-83.
Así, la tensión subió al conocerse que las elecciones presidenciales las había ganado el candidato oficialista, el ex ministro de la Defensa, general Aníbal Guevara. Según el sociólogo Edelberto Torres, el descontento fue generalizado de distintos sectores, incluido el poder económico, que presionaron para evitar la continuidad del gobierno de Lucas García. Torres menciona que en esa época existía presión para que los militares ganaran la guerra a la insurgencia, pero también para que cedieran el poder a civiles.
Fueron los principales mandos militares quienes terminaron de fraguar las condiciones para imponer la junta militar golpista. Una vez firmada la junta de gobierno por Ríos Montt, el general Horacio Maldonado Shaad y el coronel Francisco Luis Gordillo anunciaron que se convocaría a nuevas elecciones, sin precisar fecha. Días después los golpistas disolvieron el Congreso y se abolió la Constitución.
Ríos Montt da su primera conferencia de prensa como jefe de Estado 17 horas después del golpe, donde señala que el movimiento armado “es exclusivamente institucional para revitalizar las instituciones y rescatar los valores morales que se han quebrado y los hombres han ensuciado”. Junto a él estaban Maldonado Schaad y Gordillo Martínez, quienes asumieron las funciones de Gobernación y de Comunicaciones y obras públicas, respectivamente.
Ríos Montt asumiría también las responsabilidades de la dirigencia de Defensa Nacional. Pero quince meses después fue depuesto por su ministro de Defensa Óscar Mejía Víctores, el 8 de agosto de 1983. Las cifras oficiales contabilizan al menos 334 masacres con más de 200 mil víctimas de la población civil; 19 mil asesinatos directos, 45mil desaparecidos, 90 mil desplazados y más de 600 comunidades destruidas.
A 35 años de este golpe que atentó contra la vida de cientos de miles de campesinos, indígenas, mujeres y trabajadores, el pueblo guatemalteco no ha encontrado justicia. El gobierno actual de Jimmy Morales, junto a los militares que ayudaron a que llegara al gobierno durante su campaña, siguen atentando contra sus derechos y solo tiene por ofrecer miseria y muerte.
Guatemala es uno de los países de América Latina con mayor índice de pobreza, pero además va en aumento en el número de feminicidios. Según un informe de 2015 publicado por la Oficina de la Declaración de Ginebra, una mujer muere asesinada cada 12 horas en el país centroamericano. Por si fuera poco ahora atraviesa un grave escándalo en tema de Derechos Humanos con la masacre de las 40 niñas y jóvenes asesinadas en la casa Hogar Seguro, del que no ha hecho otra cosa, más que elogiar al cuerpo de la Policía Nacional Civil, mientras a nivel internacional se exige justicia. | 
