En el marco del Día Mundial del Agua, el pasado 22 de marzo, pobladores de diferentes regiones del estado, sobre todo campesinos de la Sierra Norte, Tehuacán y la zona conurbada de Puebla marcharon hacia el Congreso local exigiendo la derogación de la reforma al Artículo 12 de la Constitución poblana, donde se abre paso a que el gobierno del estado elimine la facultad que tienen los municipios para administrar el servicio de agua, atentando contra su autonomía.
Esta medida fue la continuación a la modificación realizada desde finales del 2013 a Ley de Agua para el Estado de Puebla, donde se plantea ya la privatización del liquido vital en la capital pues en su Artículo Trigésimo establece un modelo de servicios de agua potable y saneamiento en el que el gobierno puede convenir, contratar o concesionar la prestación del servicio público que incluye el otorgamiento a un privado para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas; además el diseño, construcción, ampliación, supervisión, operación, vigilancia y control de obras y proyectos relacionados a la prestación del servicio.
Desde dicha reforma el gobierno de Moreno Valle dio la concesión del servicio de agua potable de la zona conurbada por 60 años al empresario Diego Gutiérrez Cortina, beneficiario de muchos proyectos de construcción durante el gobierno de Salinas y del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), quien a través de la empresa Concesiones Integrales, también conocida como Agua de Puebla para Todos presta el servicio desde 2014 para la capital y a otros cinco municipios conurbanos.
La manifestación contó con la presencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Movimiento Ciudadano de Ocotepec, los Pueblos Unidos en Contra de la Privatización del Agua (PUCPA), la Asamblea Social del Agua (ASA) y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”.
Los participantes denunciaron que durante las manifestaciones la represión del estado se hizo presente a través del hostigamiento de la policía estatal y amenazas anteriores que activistas de este movimiento han recibido, como el profesor Gilberto Maldonado, quie ha recibido amenazas de que lo “desaparecerán” si continúan luchando contra la privatización del servicio en el municipio de Izúcar de Matamoros.
El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, también denunció que instituciones como la Auditoría Superior del Estado son usadas como instrumento para presionar a que más alcaldes se sumen a la denuncia pues amenazan la aprobación de sus cuentas públicas.
Aunque el acceso al agua potable es reconocido como un derecho humano el gobierno del estado actúa como defensor y administrador de los negocios de los empresarios, buscando que sus ganancias incrementen con la generalización de la privatización en todo el estado, golpeando además las formas organizativas autónomas que mantienen la administración del liquido. El ex gobernador Moreno Valle cuyos planes encontraron continuidad con el gobierno actual de Antonio Gali, es reconocido además por la aprobación de megaproyectos que amenazan los recursos naturales y a las poblaciones de diversas zonas del estado, además de una dura política represiva a los opositores a sus políticas. | 
