La formalización afectará a una vecina de la aislada localidad de Villa O’Higgins, en el extremo sur del Camino Longitudinal Austral. La presidenta de la Agrupación Río Pascua, Yaline Riveros, arriesga tres años y un día de presidio, según instituye el artículo 36 B letra A de la Ley General de Telecomunicaciones, por la operación de la conocida radio Madipro, Madre de la Divina Providencia, que había solicitado anteriormente los permisos y fueron denegados.
El Colegio de Periodistas se pronunció en rechazo a esta situación y emplazó al gobierno “a cumplir con los estándares internacionales y respaldar un camino legislativo que erradique la posibilidad de que un ciudadano y ciudadana pueda ir a la cárcel por ejercer un derecho tan básico como expresarse a través de un medio de comunicación”.
La medios de comunicación de la zona y miembros de la agrupación, sostienen que la denuncia original ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones fue hecha por la ex encargada de la radio Bernardo O’Higgins, dependiente de la Municipalidad de O’Higgins.
El Divisadero, publicó en su página web que " tal fue el resultado de una pugna que se inició en 2013, cuando el alcalde asumido Roberto Recabal instaló la emisora municipal como una forma de competir con la histórica estación. Permisos en mano, el edil realizó una serie de cuestionamientos a la radio Madipro, que es operada por los propios pobladores y organizaciones locales como una forma de tener diversidad en las informaciones de la comunidad. Esta independencia no sería vista con buenos ojos por la máxima autoridad local, quien sigue de cerca el funcionamiento de la radio municipal.
Respecto del cierre de la radioemisora ciudadana, el medio consultó a Recabal por los permisos solicitados y este aseguró que a los pocos días de asumir como edil en 2012, “se hizo presente en mi oficina el señor Obispo de Aysén, don Luis Infanti de la Mora con la finalidad de poner fin al comodato que, hasta ese entonces, existía entre la Municipalidad y la Radio Madipro”.
Agregando que “se procedió a entregar tal estación a la agrupación Río Pascua. Ante esto, la comunidad se organizó y formó una agrupación cultural y social llamada Bernardo O’Higgins, quienes fijaron como primera meta contar con una emisora legal”, lo que desembocó en que la agrupación obtuvo una concesión en frecuencia modulada (FM).
Según miembros de la agrupación Río Pascua, la normativa en múltiples informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado ser incompatible con tratados internacionales suscritos por Chile.
En ese sentido, respaldan el pronunciamiento crítico de parte del Colegio de Periodistas que “ha hecho al respecto el Consejo Regional Aysén del colegio, más aún cuando con esta medida se intenta acallar una emisora que durante más de tres décadas ha comunicado y servido de expresión a este alejado poblado”. Agregando que “es vergonzoso que en Chile una vecina pueda ir a la cárcel simplemente por comunicar a su comunidad”.
Finalmente, emplazaron al gobierno a dar prioridad a cambios que expertos en derechos humanos junto a organizaciones de la sociedad han promovido con el objetivo de terminar la persecución y criminalización de las radios comunitarias, eliminando la pena de presidio para quienes operen una radio comunitaria sin autorización.
La 94.1 FM dejó de emitir para la Villa O´Higgins, la decisión fue tomada por los pobladores a cargo de su funcionamiento, una vez que iniciara la investigación la fiscalía de Cochrane, concretándose un duro golpe a la libertad de expresión. Se trata del cierre de una de las radios más antiguas del extremo sur del país, que durante décadas ha cumplido un importante rol y ha sido un espacio relevante para la comunidad y encuentro de los pobladores. | 
