La corrupción en Murcia ya tiene slogan propio. El lunes pasado se difundieron las grabaciones desclasificadas en la causa abierta por el juez Eloy Velasco, que implica al popular Pedro Antonio Sánchez. Éste pretendía gastar dinero público para “lavar” su imagen tocada por el caso Auditorio en la que está acusado de cuatro presuntos delitos, de cara a presentarse en las próximas elecciones autonómicas.
“Murcia a tope!” así se refería después de reír uno de los empleados de Alejandro de Pedro, cuando le informan por teléfono de que acaban de cerrar los contratos de reputación Pilar Barreiro, la hoy senadora y entonces alcaldesa de Cartagena, y de Pedro Antonio Sánchez, quien era consejero de Educación.
El empresario Alejandro de Pedro, señalado como “conseguidor” de la trama Púnica por el juez y la fiscalía y quien ya había realizado trabajos similares para otros políticos del PP, se encargaría de la operación de levantar la achacada imagen del político valenciano por un monto que ascendía a 32.000 euros a cago de las arcas públicas.
Aunque el contrato no se cerró por la detención de Alejandro de Pedro por la guardia civil, sobrarían indicios sobre su intención de hacer pagar a la comunidad su campaña de imagen.
Pero la vía institucional era solo una de las vías de negocio de este “empresario”. Sus sociedades también cerraron acuerdos con algunas de las empresas más importantes del Ibex-35 como Telefónica, Mediaset y Bankia.
El martes mismo en una protesta del sector educativo de la comunidad contra los nuevos conciertos de la enseñanza privada en bachillerato y FP, los manifestantes se hacían eco de este nuevo hito de la corrupción política de este régimen.
El conocimiento de las escuchas generó todo tipo de repulsa en las redes, memes, etc. Incluso los usuarios de Wikipedia agregaron a la biografía de Sánchez la frase “es un corrupto”, que los administradores de la página retiraron.
Incluso se dio a conocer que el abogado murciano, Diego de Ramón -cercano al PP- puso en conocimiento desde el 2011 en varias cartas al ejecutivo de Rajoy de la corrupción existente entre los dirigentes de dicho partido en Murcia. En sus cartas llega a denunciar más de 50 casos de corrupción en la comunidad autónoma donde el PP ostenta el poder hace más de 25 años.
Las respuestas a estas cartas fueron amables y genéricas y contenían enunciados pomposos contra la corrupción. Sin embargo no hubo ni investigación interna dentro del PP, ni mucho menos en el Gobierno ni la fiscalía.
Pero no es de extrañar en un partido de gobierno que tiene más de 800 dirigentes imputados por corrupción en más de 31 causas.
La Operación Púnica, una de las más grandes y escandalosas junto a la trama Gürtel, comienza en octubre del 2014 y derivó en una macro operación en la que fueron detenidos más de 50 políticos y empresarios destapando una trama de corrupción en varios ayuntamientos y comunidades autónomas como Madrid, Murcia, León o Valencia. En la misma se adjudicaron obras públicas por valor de más de 250 millones de euros a cargo de comisiones ilegales del 3%, dinero que posteriormente era blanqueado por la trama. Tanto el PP, –a la cabeza del ranking- como el PSOE e incluso IU cuentan con detenidos en la trama.
Una corrupción que no se limita a los políticos del régimen y a algunos empresarios, sino que se extiende por sobre todas sus instituciones. Solo basta ver las últimas noticias de la amenaza al CNI por parte de los altos mandos policiales del círculo del ex ministro de interior Jorge Fernández Díaz de “tirar de la manta” del “caso Corinna” que compromete a Juan Carlos I, la anterior cabeza de la Casa Real. A cambio de su silencio, exigen que no se siga investigando en la causa en la que está detenido el ex comisario Villarejo acusado de “pertenencia a organización criminal”.
La corrupción es la forma natural y no episódica del capitalismo español, en parte por su desarrollo tardío y fuertemente ligado al Estado y el sector público que configuró su asociación a la UE, lo que hace imposible que una mera reforma pueda acabar con estas prácticas.
El Estado es un “botín” por el cual una u otra facción política colocara a su personal en posiciones de privilegio y garantizara los negocios de un puñado de empresas, para después pasarse a trabajar como consultores de las mismas por sus “servicios prestados”.
Si todos los funcionarios del Estado en todos sus niveles cobraran igual que un trabajador medio, se acabarían los privilegios para los representantes políticos y los funcionarios al servicio de grandes empresarios y banqueros.
Esto es más que un problema ético, para que tal o cual formación de izquierda lo apliquen a sus parlamentarios. Sino una pelea por atacar una de las causas concretas por las cuales el Estado y sus instituciones viven alejados de la realidad y los intereses de la inmensa mayoría trabajadora de la población.
En última instancia, es una lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo. El único dispuesto a poner los recursos del territorio al servicio de las necesidades de la sociedad y no de las exorbitantes ganancias de unos pocos. | 
